INVESTIGACIÓN
El yate, los amigos y el cartel detrás de la comida de los niños de Bogotá
Una decena de contratistas, la mayoría ya conocidos, tendrán que defenderse ante un nuevo escándalo por los refrigerios de más de 780.000 niños en Bogotá. Estas son las evidencias de la SIC para señalarlos de colusión y de intentar reversar las decisiones que los ponían en cintura.
El tin marín de do pingüé fue la fórmula que al parecer encontró una decena de contratistas para repartirse, durante una década, las licitaciones de los refrigerios escolares de Bogotá. Los procesos se abrían a licitación por zonas (podían ir entre 10 y 30 zonas dependiendo de la época), eran condiciones casi idénticas en precio y población, y aún así las empresas en cuestión encontraban la manera de ser las competidoras únicas. Se calcula que obtuvieron de esta manera los contratos en 178 subastas y se cruzaron solamente en 9 procesos; en estos últimos casos también la puja se habría manipulado provocando la inhabilidad de una de las firmas. Con esta práctica habrían afectado procesos de contratación pública por $1.5 billones de pesos.
La decena de empresarios aparece en el expediente de la Superintendencia de Industria por presunta colusión, violar las reglas de libre competencia, razón por la cual esta semana les abrieron pliego de cargos. Y aunque hubo controversia entre las administraciones entre 2007 y 2017, lo cierto es que la SIC hasta ahora solo ha encontrado presunta responsabilidad en los empresarios, algunos ya viejos conocidos de otros carteles de contratación.
En el expediente es protagonista Germán Trujillo Manrique, más conocido como el zar del PAE, quien es controlante de la Cooperativa Surcolombiana y se encuentra respondiendo en el proceso penal por las supuestas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar de Santander.
También Stella Téllez, quien controla la firma Alimentos Spress SAS, investigada por el presunto cartel de las frutas, y Fabio Doblado Barreto, sancionado por la Superindustria por obstrucción de una investigación relacionada con la contratación de alimentos de las cárceles. Luego del recién destapado cartel de las raciones de las fuerzas militares, Iberoamericana de Alimentos y Servicios, controlada por Juan Carlos Almansa Latorre, e Industrias Alimentos Catering SAS, controlada por Hayder Mauricio Villalobos Rojas, repitieron en este nuevo escándalo. Esta última firma también aparecían en los expedientes del carrusel de Bogotá.
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Los implicados insisten en que no existió un acuerdo, asociación o pacto para evitar competir en las licitaciones del distrito, sin embargo, las pruebas recaudadas por la SIC van en otra dirección. Una las pistas que llamó poderosamente la atención de los investigadores, es la relacionada a un correo entre Gustavo Enrique Donado Arrázola y Juan Carlos Almansa. Ambos sostienen ante los investigadores que todo es una coincidencia, sin embargo, en abril del 2014, en el mismo correo en que se recuerdan la "creación de una sociedad este mes", hablan sobre un yate llamado ‘Nave Pato‘ de propiedad en común. "Las hélices de Pato me recomendaron comprar las dos porque son hélices que después vienen con mayor peso una que la otra y eso es malo para el desempeño. Nos costaron 7 millones las dos puestas en Barranquilla".
Este correo tiene antecedentes desde el 2012, cuando los empresarios intentaron crear una sociedad de nombre Asoalimentos. Pero fue hasta el 2015 que hicieron realidad esta idea conjunta y se asociaron en Asoproval, de la que hicieron parte en principio Surcolombiana, Catalinsa, Liber, Ibeaser, Diseral y Aerodelicias. Aunque interrogados por la SIC los contratistas aseguraron que fue una asociación irrelevante y pasajera, para discutir "el clima, el IVA y la nutrición", la autoridad encontró que en realidad este fue el escenario de reunión, comunicación y coordinación entre los proponentes investigados.
Aunque el cartel que destapa la SIC está relacionado con las licitaciones de los refrigerios escolares, los correos delatan cómo al parecer también existían vasos comunicantes para otras licitaciones, como las de alimentación de cárceles. Sobre este tema, la autoridad está investigando.
Para los investigadores, el pacto entre los contratistas para quedarse con los contratos de refrigerio para 780.000 niños era evidente; los representantes de las diez firmas contratistas -autodenominadas como ‘los amigos‘- constituían el 70 por ciento de los oferentes en estas licitaciones. Por ello, investigadores encontraron relevante la declaración que rindió Gustavo Enrique Donado Arrázola, agente del mercado controlante de Aerodelicias SAS y Servicial SAS, quien respondió a la pregunta insistente de la SIC de cómo hacían para no tener contendores en las subastas. "Al tin marín de do pingüé", dijo Donado, pero no dio más pistas sobre la existencia del acuerdo y del cartel.
En conversaciones como estas, registrada en septiembre del 2017, la SIC encontró evidencia para entender las funciones que se escondían detrás de Asoproval.
Hernando Prieto: Hola monica
Hernando Prieto: He hablado con los amigos y me dicen q tomemos tinto el día de hoy
Hernando Prieto: Y más con el tema de mañana
Hernando Prieto: Ya me comentó CAMILA q no estás en el país
(…)
Monica: Hernando estoy Fuera del Pais hoy
Hernando Prieto: X lo pronto te molestaríamos Xa q nos presten la sala a las 4
"El tema de mañana" al que hace referencia el mensaje está relacionado con un debate en el Concejo de Bogotá y los mensajes posteriores dan muestra de cómo los contratistas se acercaron a integrantes de esta corporación para intentar tumbar los procesos licitación y de contratación que abrió el distrito al lado de Colombia Compra Eficiente en donde imponían nuevas barreras a los cartelistas.
En el 2015, se comenzaron a implementar Instrumentos de Agregación de Demanda, lo cual permite al Estado eliminar costos de intermediación. Lo hacen a través de la contratación del servicio de alimentación escolar en las modalidades de preparado en sitio o en refrigerios. Esto le abrió la puerta a nuevos y grandes competidores cuya especialidad se concentra en proveer alimentos y no en el resto de la operación logística.
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Estas medidas fueron atacadas no solamente políticamente sino con tutelas, cuyos borradores habrían sido proyectados y enviados desde los correos de la Asociación. Luego fueron interpuestas por supuestos empleados de las firmas contratistas alegando ante los jueces que se les estaban vulnerando sus derechos fundamentales. Pedían la inmediata terminación de los procesos de licitación. Una de esas tutelas fue presentada por el representante de Confenalpadres, cuyos comunicados públicos también eran preparados por la Asociación como consta en este documento:
El zar, ¿asesor y controlante?
Por lo ocurrido en este último departamento, Trujillo está respondiendo penalmente por los delitos de firma de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público y privado, en calidad de determinador.
Trujillo, esposo de la exgobernadora del Huila Cielo González, es señalado por la presunta ejecución irregular de un contrato para entregar refrigerios en 82 municipios de Santander. Sin tener si quiera la capacidad de ejecución, firmó un contrato con la gobernación de Santander por 35.700 millones de pesos en el 2016.
En el caso de Bogotá, lo que encontró la Superindustria es que habría hecho parte de ese presunto cartel que se alió para ganarse los contratos. Sin embargo, los investigadores se llevaron una sorpresa al encontrar que Trujillo no hace parte de los directivos que conforman la Cooperativa. Surcolombiana pertenece a la familia del empresario.
Documentos encontrados por la SIC dan cuenta que de la representante legal de la cooperativa Luisa Fernanda Flórez Rincón firmó el 1 de junio del 2011, un contrato con vigencia de un año prorrogable automáticamente, por una remuneración para Trujillo como contratista por 20 millones de pesos; el contrato contemplaba un reajuste de acuerdo al desempeño. Paradójicamente, el sueldo de la representante legal ascendía a tan solo 1.5 millones de pesos.
Al revisar los reportes de pagos de Surcolombiana, se encontraron con que a partir de enero de 2015 los valores que la cooperativa le pagó mensualmente a Trujillo por honorarios, ascendieron a más de 80 millones de pesos. Se suma a las cuentas los pagos por anticipos, gastos de representación y varios, 1.504 millones de pesos para el 2015 y 1.063 millones en el 2016.
"Se trata del carácter claramente inverosímil de una situación en la que un asesor –que supuestamente se limitaría a dar consejos a la representante legal de la compañía– reciba una remuneración que supera en más de 100 veces la que recibe la persona asesorada", asegura la SIC. La explicación más razonable -continúa la autoridad- es que ese supuesto asesor en realidad es el controlante de la cooperativa y el beneficiario de la actividad mercantil.
Este capítulo fue retratado en el pliego de cargos para concluir que como presunto controlante de la cooperativa, Trujillo logró contratos por más de 50.000 millones de pesos en Bogotá, en presunta alianza con el cartel de ‘los amigos‘.
Pliego de cargos:
Aerodelicias SAS; Servicial SAS; La Campiña SAS; Industrias Alimentos Catering SAS - Catalinsa SAS; Diseral SAS; Iberoamericana de Alimentos y Servicios SAS; Fabio Doblado Barreto; Proalimentos Liber SAS; Alimentos Spress SAS; Cooperativa Multiactiva Surcolombiana Inversiones Ltda. También fueron cobijados: Germán Trujillo Manrique; Gustavo Enrique Arrázola; Stella Téllez Hernández; Jairo Humberto Becerra Rojas; Juan Carlos Almansa Latorre; Hayder Mauricio Villalobos Rojas y Juan de Jesús Alemán Guerrero. También deberán responder Lukas Donado Rangel, Mónica Guasca Caicedo, Diana Lucero Gualteros Jiménez, William Fajardo Rojas, Vilma Alcira Páez Velasco, Hernando Prieto Molina, Beatriz Becerra Rojas, Lucero Téllez Hernández, Ismael Bello Pachón y Luisa Fernanda Flórez.
