El Zarco, el mayor reclutador de falsos positivos, se siente engañado y ya no quiere un preacuerdo con la Fiscalía

Luis John Castro, más conocido con el alias del Zarco, no entiende por qué iba a recibir una condena por los denominados “falsos positivos” si ha colaborado activamente con la Fiscalía General para identificar a los militares y particulares que estuvieron detrás de estas ejecuciones extrajudiciales para demostrar resultados operacionales en la lucha contra la subversión.

Esta es una de las premisas que quedó consignado en el documento que le fue enviado al juzgado especializado de Ibagué en el cual desiste del preacuerdo firmado con la Fiscalía General en el que se fijaba una condena de 26 años y ocho meses de prisión por su responsabilidad en el reclutamiento de 17 jóvenes quienes fueron presentados por el Ejercito como integrantes de la guerrilla y estructuras criminales que habían sido abatidos en combate y operaciones militares.

En el documento firmado por el abogado Jhon William Zuluaga Ramírez se señala que no se entiende el monto de esta condena si su cliente ha colaborado activamente con las investigaciones, indicando que durante las negociaciones se pusieron de presente unos beneficios judiciales pero nunca una sentencia condenatoria privativa de la libertad.

En otro de los apartes del documento se manifiesta que el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos nunca le puso de presente las implicaciones de la firma del mencionado preacuerdo, y mucho menos la aceptación de los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir con fines de homicidio. Por esto, manifestó que es su interés enfrentar un juicio penal y así demostrar su inocencia.

Como lo había revelado SEMANA en su momento, el preacuerdo no había caído nada bien en la Procuraduría General ni en las víctimas que consideraban que no habían dado información sobre la forma en cómo fue contactado para reclutar a los jóvenes que eran presentados como subversivos abatidos.

El otro gran “pero” tiene que ver con la ínfima multa de 47 salarios mínimos legales vigentes, es decir, un poco más de 47 millones de pesos. En el documento firmado se estableció la “pena mínima de multa por cada homicidio”. La Procuraduría pedirá modificar el acápite del preacuerdo que señala que “existen personas que no han sido vinculadas, que son militares y que él dará cuenta de lo que le consta”. Esto con el fin de que sea más preciso y entregue información sobre las personas que se vincularán en cada uno de los casos.

Y es que es claro que el Zarco sabe más de lo que cuenta. La Fiscalía tiene evidencia que indica que este hombre recibía instrucciones precisas y directas de militares y agentes del DAS, para llevar a un punto exacto a los jóvenes reclutados con mentiras y aprovechándose de sus necesidades económicas. Con esto, la gran pregunta que queda, y cuya respuesta está lejos de resolverse con el preacuerdo, es quién lo contactaba y cómo llegó a tener esta relación de cercanía con los agentes de la fuerza pública, quienes le dieron esta misión de reclutamiento.

El Zarco plasmó en la parte final del documento que se arrepiente de los hechos en los que fue parte activa y fundamental. Curiosamente, también dejó por escrito que desde 2010 tocó las puertas de la Fiscalía General para manifestar su intención de colaborar para esclarecer estos hechos, pero nunca fue escuchado. Por su colaboración, aseguró, ha recibido amenazas, dice que siente temor por su vida y que integrantes de su familia han sufrido atentados y seguimientos. Por eso, espera que sus “aportes sirvan para que se haga justicia”. Sin embargo, no existe evidencia ni de lo primero ni de lo segundo. Lo que sí es comprobable es que por años esquivó la justicia y se presentó solo con la condición de recibir beneficios dando una verdad a medias.

En el preacuerdo, el Zarco reconoció que él tenía constante comunicación con los comandantes de los batallones de Alta Montaña de Santiago de Cali, principalmente con el sargento Rubiel Bustos Escárraga, “quienes establecieron un modelo de capacitación de las víctimas y sus perfiles”.

Sin embargo, este nombre ya se había ventilado en la audiencia de imputación, hecho por el cual la Procuraduría y las víctimas esperan que se nombre a nuevas personas. En el Tolima, la relación era en el batallón Jaime Rooke, con el teniente Cristhian Camilo Niño. Daba instrucciones precisas para que buscaran personas pobres, con antecedentes judiciales o “perfiles criminales o similares”. Tras la ubicación de las potenciales víctimas, Castro les hacía las ofertas laborales para “llevarlos a los sitios previamente concertados con los militares, donde eran esperados por los miembros del Ejército, y sin que existiera combate se daba la muerte a las personas previamente reclutadas”.