La batalla por la Fiscalía

En los próximos días, el presidente Juan Manuel Santos le enviará a la Corte Suprema de Justicia la terna para que elija al nuevo fiscal general. Una de las más importantes decisiones del momento dada la situación crítica que vive la justicia. Y una de las más complejas desde el punto de vista político porque hay demasiado aspirante de peso para solo tres vacantes.

La semana pasada varios medios de comunicación hablaron de una visita que el expresidente César Gaviria y el senador Horacio Serpa le hicieron al presidente Juan Manuel Santos. En la agenda de la reunión figuró la petición de que la terna para fiscal estuviera compuesta exclusivamente por miembros del Partido Liberal. Según los dos patriarcas liberales se da por descontado que el próximo defensor del Pueblo será Carlos Negret –secretario general de La U-, y que la Procuraduría seguirá en manos de los conservadores. La Fiscalía liberal buscaría una cierta forma de milimetría en los organismos de control. Detrás de esta pretensión también está el hecho de que a Gaviria le habían tumbado a sus últimos dos candidatos, Gilberto Rondón para la Contraloría y Antonio José Lizarazo para la Registraduría.

La petición de Gaviria y Serpa, que en el fondo es un apoyo al vicefiscal Jorge Perdomo, es un paso en falso. A pesar de que todo nombramiento importante tiene alguna connotación política, no tiene presentación invocarla de frente en el caso del máximo ente de la investigación penal. Aunque están de por medio cerca de 30.000 puestos, por razones de sentido común la administración de justicia debería proyectar independencia frente a la competencia partidista.

Pero que la independencia sea lo deseable no necesariamente significa que sea posible. Aunque no todos los partidos políticos están reclamándolo abiertamente, la designación del próximo fiscal se ha convertido en una batalla campal en la que detrás de cada candidato importante hay intereses o grupos de presión. Y el problema, como ya se ha dicho, es que hay solo tres cupos en la terna para media docena de pesos pesados.

A diferencia de Gaviria, Germán Vargas puede no haber pedido el nombramiento de Néstor Humberto Martínez como cuota de Cambio Radical, pero no hay duda de que le importa igual o más. También se rumora que las mujeres de Palacio son feministas y preferirían que el cargo acabara en cabeza de Mónica Cifuentes, asesora jurídica del proceso de paz. Y en cuanto a Yesid Reyes, es el que menos grupo de presión propio tiene, pero también el que menos resistencias despierta. Fue compañero de estudio de Montealegre en Alemania, defensor de Serpa y Samper en el caso de la muerte de Álvaro Gómez y abogado de Germán Vargas en el pleito que ganó cuando a este lo acusaron de tener nexos con el paramilitarismo.

Cada uno de estos candidatos tiene fortalezas y debilidades. Perdomo tiene a su favor una meritoria hoja de vida y una amplia trayectoria de penalista y es, tal vez, del grupo de 113 competidores que publicó la Presidencia de la República el miércoles pasado, quien mejor conoce la Fiscalía. Pero su elección tendría también un sabor a reelección en cuerpo ajeno de Eduardo Montealegre, con toda la carga que eso entraña. Para los uribistas y los militares ese nombre no sería neutral y el mayor sindicato de la Rama Judicial, Asonal, le envió una carta al presidente para pedirle que no lo ternara.

Un aspirante que está en el radar de todo el mundo es Néstor Humberto Martínez. Y precisamente porque ha tenido tantos altos cargos, y ha representado como abogado a tantos clientes importantes, tiene un conocimiento único de cómo se maneja el mundo del poder en Colombia. Martínez fue ministro de Justicia de Ernesto Samper, del Interior con Andrés Pastrana y de la Presidencia con Santos. En esta última tendió uno de los pocos puentes que han funcionado entre el santismo y el Centro Democrático, y tiene comunicación fluida con el expresidente Uribe. Aunque no es un penalista, no pocos consideran que la gerencia es la prioridad en la Fiscalía en este momento.

Yesid Reyes también tiene buenas posibilidades de reemplazar a Montealegre. Sus mayores simpatizantes están en el campo académico, los columnistas y los círculos especializados. Lo cual no deja de ser una paradoja, pues normalmente en estos círculos se considera que el fiscal debe tener un espacio de autonomía e independencia frente al Ejecutivo, que no es la imagen que se transmite con el paso directo del gabinete ministerial al búnker.

Para los académicos, sin embargo, ese parece ser un punto menor, dada la coyuntura. En medio de la polarización política, el temperamento tranquilo de Reyes –hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia asesinado en el holocausto de 1985– se vuelve un activo porque aporta calma y genera confianza. Se considera que Yesid ha ejercido el Ministerio de Justicia con serenidad y buen tino.

Su mayor debilidad está en un sector de la corte misma, que es donde se hará la elección. Allá lo consideran uno de los arquitectos de los asuntos judiciales de la ley de equilibrio de poderes que incluyó dos aspectos que causan indignación entre los magistrados. Por una parte, la intención (que al final no quedó en el texto aprobado por el Congreso, pero que Reyes defendió en los debates) de incluir al Poder Ejecutivo en el órgano de gobierno de la justicia que reemplazará al Consejo Superior de la Judicatura. Y en segundo lugar, la creación de un Tribunal de Aforados que en algunos casos compite en jerarquía con la Corte Suprema y que, justamente, tiene la misión de juzgar a los magistrados.

Según la ley de cuotas, la terna deberá incluir a una mujer. En el grupo de 16 que fueron seleccionados en la convocatoria pública de la Presidencia aparecen seis: Carmen Maritza González, Marta Lucía Zamora, Mónica Cifuentes, Piedad Amparo Zúñiga, Marisol Palacio y María Mercedes Perry. La que más ha sonado es Mónica Cifuentes, actual asesora jurídica del proceso de paz con las Farc.

Cifuentes tiene una trayectoria meritoria y condiciones de buen recibo en la corte. Es hecha a pulso y no pertenece a la rosca bogotana, lo cual les gusta a los magistrados, que son predominantemente de las regiones. Ha trabajado en puestos de cargaladrillo en las fiscalías de Gustavo de Greiff, Alfonso Valdivieso y Alfonso Gómez Méndez. Cifuentes podría beneficiarse de la dura pelea que habría entre los otros dos ternados, si son Martínez, Reyes o Perdomo. Su candidatura se podría convertir en una tercería que facilitaría el consenso y que le permitiría a la corte apartarse de esa pugna e inclinarse a su favor. Para el presidente Santos sería una garantía desde el punto de vista de contar en el búnker con alguien comprometido con el proceso de paz, en especial en asuntos como la justicia transicional.

Todas estas especulaciones y las opiniones de terceros tienen poco peso pues la decisión es exclusiva del presidente de la República. Él tiene que sopesar elementos políticos muy complicados. Por ejemplo, el Partido Liberal y Cambio Radical están enfrentados por lo que consideran un exceso de cuotas burocráticas en manos del otro. Santos, que ha sido neutral en ese pulso, se expone a que el partido que pierda ese botín burocrático pueda quedar cargado de tigre. Eso significa que si terna a Martínez y no a Perdomo se indigna Gaviria. Si es al revés, el que se molesta es Vargas Lleras. Y si quiere quedar bien con ambos tendría que sacrificar a Yesid.

Igualmente, el presidente tiene un dilema que va más allá de los nombres. El hecho de haber abierto una convocatoria pública por decreto, innecesaria pues se trataba de una facultad presidencial, lo presiona a demostrar que ese procedimiento de selección no fue una farsa. Para esto tendría que incluir al menos un nombre diferente de los que ya estaban cantados. Algo semejante ocurrió con la elección de Alejandro Linares a la Corte Constitucional –por un camino semejante al que ahora se diseñó para fiscal– y con el nombramiento de Juan Carlos Echeverry en la presidencia de Ecopetrol a través de una firma cazatalentos. En ambos casos era vox populi que ellos –Linares y Echeverry– eran los favoritos de siempre del primer mandatario.

Lo cierto es que la terna, para Santos, se volvió más un lío que una oportunidad. No hay silla para tanta gente y hay unos objetivos superiores. El presidente debe apuntarle a lo siguiente: 1) que se elija un fiscal eficiente y con credibilidad; 2) que el sucesor de Montealegre no le ponga palos en la rueda al proceso de paz; 3) que la exclusión de algún aspirante no deteriore la cohesión de la Unidad Nacional; 4) que la opinión pública registre bien la movida y 5) que la convocatoria pública se hizo en serio y no fue un saludo a la bandera.

Ese rompecabezas no es fácil de armar, y de ahí que no hay que descartar que en la terna que se anticipa para la semana entrante haya sorpresas. De pronto no aparecen todos los que están considerados fijos o hay más mujeres de lo que exige la ley de cuotas. Santos tiene el dilema de satisfacer a todos los grupos de presión interesados para mantener su coalición de gobierno o dar un grito de independencia e incluir nombres de personas calificadas que nadie ha pedido o que nadie espera. Cada una de esas estrategias tiene un costo alto.