Así se vive la puja por la Fiscalía General de la Nación

Este jueves entró en su recta final el proceso de elección del nuevo fiscal general de la Nación. Con propuestas controvertidas en torno a los casos de violencia intrafamiliar, planes audaces para hacer más eficiente el sistema penal acusatorio y promesas para eliminar los protagonismos en la gestión del jefe del ente acusador, los candidatos intentaron conquistar los votos de los magistrados. 

Pero pese a los esfuerzos por seducir a sus electores, ninguno de los tres aspirantes logró contar con el mínimo de 16 votos que se requieren para salir victorioso en esta contienda. En dos semanas la Corte tratará nuevamente de encontrarle un sustituto a Eduardo Montealegre.

La violencia intrafamiliar, según Néstor Humberto

El preferido fue el ex superministro de la Presidencia Néstor Humberto Martínez. Sus compromisos con plazos y su lectura documentada sobre el estado de los procesos a cargo de la Fiscalía parecieron convencer a la mayoría de los integrantes de la corporación jurídica.

Sin embargo, no dejaron de generar sorpresa sus reparos frente a la forma como el Estado ha planeado combatir la violencia intrafamiliar. Es evidente que, para él, es perjudicial percibir esas conductas como un crimen, en tanto esa visión provoca la “ruptura del núcleo familiar” y “está atosigando el sistema penal colombiano.

Para él, ese tipo de violencia no debe ser penalizada, es decir, no se debería privilegiar el castigo punitivo para el responsable sino simplemente obligarlo a restituir o indemnizar el daño causado a su víctima, sin enfrentar la amenaza de la prisión.

Según él, frente a ese tipo de maltrato deben primar los intentos de conciliación, con la mediación de instituciones como Bienestar Familiar y las casas de justicia.

Si se mantiene la violencia intrafamiliar como un delito, dice, se debe revisar la prohibición de beneficios penales como el llamado principio de oportunidad, en el que se perdona de la pena de prisión al responsable a cambio de su compromiso con la verdad y el resarcimiento del daño.

Mónica Cifuentes, sin parecido con Montealegre

De lo dicho por la exasesora jurídica del proceso de paz Mónica Cifuentes en su intervención causó admirable sorpresa su interés en demostrar su compromiso en despojar a la Fiscalía de los protagonismos, intervenciones en debates políticos y participación en los asuntos propios de otras ramas del poder.

Es más, agudizó el tono de su relato, anunciando que en su Fiscalía se acabarían las notificaciones a los procesados a través de los medios de comunicación. Dado que las críticas contra la gestión de Eduardo Montealegre se centraron precisamente en ese tipo de vicios, pareciera que su intención era convencer a su electorado de que su gestión sería diametralmente distinta.

Tampoco ocultó una honda preocupación por la manera excesivamente lenta como se adelantan los procesos propios del sistema penal acusatorio. Recordó algunas de sus penosas experiencias en las que participó en audiencias de hasta 17 horas continuas cuando laboraba para el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI).

El revolcón que persigue Yesid Reyes

En términos generales, la intervención que menos controversia causó fue la del exministro de Justicia Yesid Reyes. Como sus competidores, explicó cuál sería su modelo de gestión, señalando los problemas que más obstaculizan el trabajo de los fiscales y cuáles serían sus soluciones.

Así, aun cuando dijo comulgar con el actual sistema penal acusatorio, se mostró decidido a apoyar muchas modificaciones de forma frente al procedimiento, para hacer de ese sistema de juzgamiento el esquema efectivo que todos soñaban cuando se implantó.

Por eso, defendió la necesidad de concentrar las etapas de imputación y acusación en una sola audiencia, para hacer de la primera una simple tarea de comunicación escrita en la que se le señale al procesado cuáles son las conductas por las cuales se le investiga.

Además, recordó que la finalidad de ese modelo para juzgar los delitos es evitar al máximo el desarrollo de los juicios, al tiempo que anotó que ese objetivo no se está cumpliendo por la tendencia a privilegiar la severidad en los castigos y la limitación de acceso a herramientas como el principio de oportunidad.

Dado que los magistrados no alcanzaron a llegar a un consenso en torno a la persona a quien se le debe confiar el manejo de la Fiscalía, tendrán 15 días más para analizar estas y otras consideraciones sobre las candidaturas, antes de la ronda de votación que se adelantará el próximo 23 de junio.