Reforma política: en las listas está el secreto

Con el argumento de que un nuevo sistema democratizaría los partidos políticos, en 2003 el Congreso abrió la posibilidad de que estos armaran listas con voto preferente. Mientras en el esquema anterior solo era posible votar en bloque por listas cerradas, con el voto preferente el elector vota individualmente por un candidato cuyas posibilidades de ganar no dependen del lugar que ocupe en la lista.

Pero pocos años después de que se puso en práctica la reforma, comenzaron a verse sus implicaciones negativas. Con el voto preferente los partidos perdieron ideología y aumentaron las confrontaciones entre sus miembros, pues con las listas abiertas los candidatos no solamente deben competir con los de otros partidos, sino también con los del suyo propio.

La mayor implicación tuvo que ver con los costos de las campañas. Antes de 2003 los donantes hacían aportes mayoritarios a los partidos y los candidatos solo tenían que hacer un esfuerzo adicional por visibilizar en qué tolda estaban inscritos. Con el voto preferente primó la financiación de campañas individuales y aumentó el costo de las mismas. Esa relación directa entre el voto preferente y el crecimiento de la corrupción está demostrada: 15 años después de la reforma electoral se hizo más evidente el apoyo económico de contratistas a las campañas de congresistas, concejales y diputados, a cambio de favores una vez elegidos.

Varios intentos de volver al esquema exclusivo de listas cerradas han fracasado en el Congreso. La posibilidad más concreta de acabar con el voto preferente se contempló hace unos meses, cuando quedó definida en el proyecto de reforma política presentado por el gobierno como resultado de los compromisos asumidos en los acuerdos de La Habana para promover la transparencia política. Pero la reforma va a paso lento, y aunque contempla otros temas como la reorganización del sistema electoral y la financiación de las campañas, está a punto de fracasar por cuenta de quienes se oponen a la lista cerrada.

Paradójicamente, los legisladores en ejercicio defienden bloquear las listas. Sobre todo en la Cámara de Representantes quienes ya tienen credencial sueñan con estar en los primeros lugares de las listas que se presenten para 2018. No obstante, sus intereses compiten con los de los jefes de sus partidos, que en plena época electoral optan por el voto preferente para aceitar sus maquinarias con figuras nuevas.

El partido con más tensiones por cuenta de la eventual eliminación del voto preferente es Cambio Radical. Al menos la mitad de sus representantes quieren las listas cerradas, pero a las directivas del partido no les gusta ese esquema. Su director, Jorge Enrique Vélez, argumenta que a poco tiempo de las elecciones no es conveniente cambiar las reglas de juego. Pero su razón de fondo es que con el esquema de lista cerrada le quedará difícil incorporar a nuevos candidatos, cuando busca triplicar la votación y llegar, como mínimo, a 25 senadores y 30 representantes. Por la misma razón, a Germán Vargas Lleras tampoco le gustan las listas cerradas.

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La oposición del exvicepresidente es tan radical, que algunos la consideran una de las tensiones que llevó a su ruptura con el gobierno, que defiende las listas cerradas. Él mismo ha llamado a parlamentarios a pedirles que no aprueben la reforma política tal como está y que, ante la eventualidad de que el proyecto pase, incluyan un artículo que permita el transfuguismo por una vez. Es decir, que congresistas elegidos cambien de partido para las elecciones de 2018. Su propósito: engrosar las filas de su partido.

A César Gaviria, quien acaba de asumir nuevamente la jefatura liberal, tampoco lo convence la lista cerrada. Con el argumento de ampliar la fuerza roja en el Congreso, piensa recorrer el país en busca de nuevos liderazgos para incorporarlos en sus planchas. Y es muy difícil que un candidato nuevo a Senado acepte estar en el puesto 19 o 20 de una lista cerrada, debajo de los que hoy tienen credencial y buscan reelegirse. De hecho, Gaviria puso como condición para dirigir el partido que sus congresistas no voten la lista cerrada, a pesar de que la bancada de la Cámara ya se había comprometido a hacerlo.

El Polo y los verdes, que en su alianza alternativa con Sergio Fajardo tienen la bandera de la lucha contra la corrupción, tampoco respaldan eliminar la lista cerrada. Sienten que necesitan el voto preferente para garantizar su regreso al Congreso. En 2014 ambos partidos obtuvieron el umbral mínimo para llegar al Senado con 15 curules cada uno. Por eso desde hace meses vienen presionando para que la reforma política reglamente un artículo que permite las coaliciones entre partidos. Pero esas coaliciones solo serán posibles si queda viva la opción del voto preferente. Nadie, por experto que sea en política, puede armar una sola lista en la que el orden de los candidatos que vienen de dos partidos se defina a punta de bolígrafo.

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A Aurelio Irragorri, quien acaba de llegar a comandar La U, tampoco le gusta la lista cerrada. Con un partido sin candidato presidencial propio, el exministro de Agricultura tiene el reto de ordenar sus listas de tal manera que el año entrante siga siendo una fuerza parlamentaria significativa. El reto es mayor si se considera que hace tres años La U tuvo la mayor votación, y que debe buscar líderes regionales con caudal electoral para reemplazar las maquinarias de los senadores Ñoño Elías y Musa Besaile, los dos más votados en la costa y hoy presos por Odebrecht y el escándalo de la Justicia. Y ningún líder regional con potencial electoral querrá llegar a La U a competir por un escaño parlamentario con el esquema de voto preferente. A eso hay que añadir que algunos sectores de La U están considerando incluir en la reforma política la posibilidad de que todos los partidos puedan hacer alianzas parlamentarias, lo cual, de nuevo, es casi imposible de organizar con listas bloqueadas.

Los conservadores son los que menos resistencia tienen a la lista cerrada, pues la mayoría de sus parlamentarios quieren aspirar y por ahora no cuentan con un candidato presidencial propio que busque el respaldo de una lista mayoritaria que lo impulse. Si lo tuvieran, y su jefatura de partido no estuviera en crisis, seguramente estarían defendiendo el voto preferente.

Por último está el Centro Democrático que, por su carácter personalista y porque Álvaro Uribe convirtió su lista a Senado en 2014 en la segunda más votada, quiere repetir la experiencia de la lista cerrada. La paradoja es que sus miembros no están votando ningún proyecto derivado del acuerdo de paz, y por tanto es probable que no lo hagan por la reforma política.

La semana pasada fue imposible discutir esta reforma por falta de quorum. A eso se suma la demora en agendar el debate en la Cámara, de la cual el gobierno responsabiliza al presidente de esa corporación, Rodrigo Lara. No obstante, así las discusiones se agilicen, los trámites que le quedan a la reforma en las plenarias no tienen un buen ambiente. A la salida del partido de Vargas Lleras de la coalición de gobierno se suma el hecho de que el plazo para inscribir las listas al Congreso vence el 11 de noviembre y, como aseguran los mismos parlamentarios, organizar las listas con un nuevo esquema en menos de un mes es prácticamente imposible.

El momento actual era ideal para volver a la lista cerrada. Difícilmente podrá haber otra coyuntura, como la de la firma de la paz, que obligue a la clase política a redefinir la forma de elegirse. Pero las premuras electorales permiten prever que esta vez tampoco será posible.