El aterrizaje forzoso de las Farc a la política

Marchita terminó la imagen de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) en su primera contienda electoral. “Declinamos la aspiración presidencial de Timo”, dijo Iván Márquez, antes de las elecciones al Congreso. La cirugía a corazón abierto a la que se sometió el ex jefe guerrillero Rodrigo Londoño, antes Timochenko, los apartó de la competencia por la Casa de Nariño.

El acuerdo de paz tiene el objetivo fundamental de desterrar la violencia y facilitar la competencia por el poder por medio de los votos. Por eso tomó a muchos por sorpresa que la nueva Farc se marginara de la contienda. Más allá de sus muy escasas posibilidades de victoria, la campaña le ofrecía una oportunidad para iniciar su consolidación como partido y recuperar la imagen negativa que acumularon durante la guerra.

Pero sus integrantes no contaban con que la angina inestable que sufrió Timochenko, el pasado fin de semana en Fusagasugá, se sumaría a la mala racha que han enfrentado en su difícil aterrizaje en la política. Un año después de instalados en Bogotá, las dificultades para su reincorporación política –además de la social y económica– han hecho difícil su tránsito a la vida civil y han auspiciado el crecimiento de las disidencias.

Han tenido que enfrentar muchos obstáculos. Para empezar, genera rechazo el que lleguen al Congreso sin haber respondido ante la justicia, un tema que sus detractores han usado ampliamente para empeorar su mala imagen. Y la violencia de la que fueron víctimas los exguerrilleros terminó de llenar la copa. La Farc suspendió las campañas tanto al Congreso como a la Presidencia.

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La implementación del acuerdo también ha sido difícil para ellos. El asunto de los bienes no declarados en el inventario presentado, y revelados por la Fiscalía, les ha costado enormemente en imagen y, en el campo judicial, se ha convertido en una amenaza contra los beneficios pactados. En materia de seguridad, 50 militantes del partido y 12 de sus familiares han muerto asesinados desde la firma del acuerdo. Y en el campo presupuestal, el Consejo Nacional Electoral apenas acaba de desembolsar los 8.800 millones que le corresponden a la Farc para financiar las campañas.

“Tuvimos muchísimas restricciones económicas, comerciales y bancarias porque nos cerraron todas las puertas en el sector financiero. Se clausuraron oportunidades y relaciones con bancos y aseguradoras. A estas alturas, el Banco Agrario, un establecimiento del Estado, no nos ha desembolsado la totalidad de los dineros que nos corresponden para la campaña y se comporta como si fuera el auditor del partido”, le dijo Pablo Catatumbo a SEMANA.

Tiempo al tiempo

Los candidatos de la Farc que participan en los comicios no se han podido subir tranquilos a las tarimas proselitistas. Botellas, huevos y hasta ladrillos le tiraron a Rodrigo Londoño el día que llegó a la Casa del Común en Cali. “Asesino, genocida”, días antes le gritaba una turba en Armenia, mientras bañaban con Maizena y huevos la camioneta blindada de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en la que lo transportaban.

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Los excombatientes de las Farc nunca se imaginaron que enfrentarían semejante rechazo de la gente. Según la más reciente encuesta de Invamer, su imagen desfavorable alcanza el 85 por ciento. El rechazo es amplio. Por eso, la decisión de haber lanzado a Rodrigo Londoño a la Presidencia y de nombrar a 10 farianos purasangre en las listas a Senado y Cámara sigue siendo muy polémica. Tenían derecho a hacerlo –por el contenido de los acuerdos– y eran opciones bien recibidas en las bases, pero a la postre desafiaron a la opinión pública.

Porque el problema no es legal. El Consejo Nacional Electoral ya le otorgó a la Farc la personería jurídica y el Congreso y la Corte Constitucional ya refrendaron el acuerdo, por lo que no tienen restricciones formales para participar en elecciones. Pero una cosa es aplicar la norma y otra cambiar la imagen para tener acogida en una campaña.

Y no es que los exguerrilleros no hayan hecho nada para mejorar su percepción. Además de asumir responsabilidad por sus actos –y hasta de pedir perdón–, han transformado los símbolos. Cambiaron los dos fusiles cruzados en el escudo por la rosa roja socialista, que resucitaron, y mantuvieron intacta la sigla, aunque con otro significado. Pero no es fácil la discusión interna sobre qué tanto cambiar su esencia para ganar más simpatía: ese tema ha dividido a la colectividad. Una tendencia abierta y menos dogmática, encabezada por Timochenko con Pastor Alape, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Carlos Antonio Lozada. Y otra, una línea más conservadora, apegada a los paradigmas de una izquierda convencional, encabezada por Iván Márquez, Jesús Santrich y Joaquín Gómez.

Los debates fueron duros. Ambas líneas disputaron desde el nombre –Iván Márquez ganó esa batalla– hasta la doctrina del partido. Al final, quienes buscaban un movimiento más abierto y sintonizado con el país derrotaron a la línea más radical. Pero a la larga los cambios no han sido trascendentales, y para varios analistas consultados el panorama político habría sido el mismo si hubieran optado por la otra vía. “Si hubieran cambiado, les habrían dicho que querían lavarse las manos. Si ponen otros candidatos, que querían participar en cuerpo ajeno”, comentó Jorge Restrepo. Además, mantener la línea política fue clave en ese momento, pues permitió asegurar la cohesión frente a las demoras en la implementación del acuerdo.

¿Qué camino les queda?

En cuestión de meses, los colombianos verán en el Congreso a Álvaro Uribe y Antanas Mockus junto a los exguerrilleros de las Farc. La gran pregunta es qué estrategia adoptarán Iván Márquez y sus compañeros para aprovechar ese espacio, tanto en la forma como en el fondo. Sin duda, la implementación que falta del acuerdo será uno de los ejes sobre los que montarán su actividad. “Las reformas agraria y política se embolataron. Pero no nos vamos a limitar a presentar propuestas o al control político. También hay que pensar en otras herramientas como huelgas, manifestaciones y consultas”, advierte Carlos Antonio Lozada. Pero la opinión pública los juzgará por otras cosas también.

Desde septiembre pasado, en el congreso constitutivo, los dirigentes de la Farc definieron dos prioridades para el posconflicto: un gobierno de transición cuyo propósito fundamental sea cumplir los acuerdos de La Habana; y crear una gran convergencia que busque agrupar a todos los sectores democráticos y progresistas. Hasta ahora, ninguna de las dos propuestas ha calado. Ningún candidato les ha extendido la mano y lo que dijo Gustavo Petro, después de conocer la declinación de Timochenko, refleja la fragilidad de la posición política del nuevo partido: “Yo no soy de las Farc, ni las Farc me van a apoyar, no harán parte de mi gobierno. Eso sí, construiré el inicio de una era de paz”.

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Aunque no saquen los votos suficientes, este domingo la Farc tendrá cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes. El próximo 20 de julio en el Capitolio estará sentado todo el espectro político. Diez curules no son poca cosa si se aprovechan bien. Con disciplina, ingenio y propuestas, los exjefes guerrilleros podrán perfilar un mapa de ruta de largo plazo, que tendrá su primera oportunidad en las elecciones regionales de 2019. Las Farc, al fin y al cabo, fueron un movimiento más rural que urbano, y aunque ahora la estrategia se concentra en las grandes ciudades –porque, dicen los dirigentes farianos, allí está el centro de las decisiones– esa será una mejor oportunidad que las tres elecciones del presente año. Eso sí, siempre y cuando se sintonicen con una opinión pública que, por ahora, no les cree.