País escoltado: los costos de la violencia política en Colombia

Tenemos que dejar al día, en las próximas 72 horas, todas las solicitudes de protección recibidas hasta la fecha”. Esta fue la orden y el plazo que el lunes 16 de septiembre le dio el presidente Iván Duque a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que esa entidad entregue esquemas de protección, vehículos y escoltas a más de 500 candidatos a Gobernaciones y Alcaldías.

El primer mandatario hizo su anuncio en medio de la zozobra generada en las últimas semanas por el asesinato de siete candidatos en varias regiones del país y por el incremento de amenazas contra decenas de aspirantes a cargos de elección popular para las elecciones de octubre. El día señalado por Duque la UNP había cumplido con la entrega de esquemas para 565 candidatos de 130 partidos diferentes. “Entonces ya habían llegado otras 1.100 peticiones nuevas de candidatos para solicitar esquemas, por lo que en primer lugar debemos pedirle ayuda a los partidos para que nos digan ellos mismos –que conocen sus candidatos y regiones– cuáles son los más relevantes y urgentes. Hay 117.000 candidatos, y obviamente no podemos protegerlos a todos”, explicó a SEMANA el director de la UNP, Pablo Elías González.

Fuente: Unidad Nacional de Protección-Ministerio del Interior

De acuerdo con los estimativos de esa entidad, el ritmo de solicitud de medidas de protección de candidatos podría llegar los 3.000 para mediados de octubre. El asunto sin duda está desbordado.

Con los hombres y carros entregados la semana pasada, la entidad llegó a la escandalosa cifra de 7.571 colombianos con escoltas, lo que implica una flota de más de 4.000 vehículos y 5.900 hombres destinados a garantizar su integridad. Esto tiene un costo diario de 2.500 millones de pesos, lo que representa cerca de un billón por año. Lo anterior es solo lo que debe destinar la UNP, sin contar a otras entidades. Pero mientras se deben hacer grandes esfuerzos para buscar recursos y proteger a quienes están en riesgo, periodistas, políticos, exmagistrados y exfuncionarios públicos, entre otros, presionan y mueven palancas para mantener grandes y numerosos esquemas que realmente no necesitan. 

Fuente: Unidad Nacional de Protección-Ministerio del Interior