Elecciones 2022: Fiscal y Registrador alertan por amenaza de ciberataque

A pocos días de las elecciones para el nuevo Congreso de la República el fiscal General, Francisco Barbosa confirmó que existe una amenaza ante un ciberataque a los sistemas electorales. De esta forma confirmó la denuncia hecha por el registrador Nacional, Alexander Vega.

El jefe del ente investigador aseguró que ya se conformó un grupo para que adelanten las respectivas pesquisas con el fin de detectar estas amenazas y evitar que se ejecuten en los comicios que se celebrarán en marzo, mayo y junio.

“Hay una preocupación real frente al tema de los ciberataques en episodios electorales y todo lo relativo a lavado de activos por criptomonedas y cibercriminalidad”, explicó el Fiscal General durante el foro Garantías electorales 2022 que convocó el diario El Tiempo.

Barbosa advirtió que ya existe un “grupo especializado de fiscales destacados con líneas investigativas que incluyen el delito informático en elecciones. Tenemos que decir que acabamos de recibir el apoyo del Congreso en la creación de una dirección para combatir estos delitos informáticos”.

Esta situación, reseñó, pone en grave riesgo el certamen democrático, por lo que se buscará una articulación con otras entidades para frenar su avance e identificar a las personas que están detrás de esto.

En su intervención, en el mismo foro, el Registrador Nacional manifestó que los ataques estarían siendo planeados por organizaciones de Rusia, China, Venezuela, Nicaragua y algunos países de Europa del Este.

Los ataques buscarían afectar el sistema electoral y registro de votos. Debido a esto, toda la información, indicó, ya le fue suministrada a la Policía Nacional, para que se realicen las investigaciones correspondientes en la unidad contra ataques cibernéticos.

Corrupción electoral

El Fiscal General indicó que ya se tienen identificados los principales casos de corrupción electoral en electoral en el país, asegurando que los procesos de contratación muchas veces se prestan para financiar irregularmente a candidatos o pagar favores electorales.

“La corrupción se inicia desde el mismo momento en que muchas de esas personas son financiadas con una suerte de carrusel por contratación pública”, aseguró Barbosa. “Posteriormente entran y empiezan a socavar y a atacar todo el patrimonio del Estado en sus departamentos para prepararse estos certámenes electorales”.

El uso indebido de los recursos de las regalías es una de las mayores problemáticas que se presenta en época electoral. “¿Cuál es el uso que se está haciendo de esas regalías y cuál es el relacionamiento mal sano que se está presentando desde el orden del Congreso o desde el orden nacional frente al manejo, uso indebido y robo de recursos públicos, a través de alcaldes en diferentes lugares del territorio nacional para financiar elecciones”, aseguró.

Este mismo martes, Barbosa anunció una nueva imputación de cargos en contra del gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por presuntamente entregarle, durante su primera administración (2012-2015), la contratación del departamento al frente Domingo Laín Sáenz del ELN.

En este nuevo proceso se le vincula de haber celebrado millonarios contratos con sobrecostos y entregados de manera directa, violando así todo tipo de garantías contractuales. Por estos hechos, será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento sin requisitos legales y peculado por apropiación agravado.

• Modificación al contrato de prestación de servicios N°469 de diciembre de 2019, que hizo parte del Plan de Alimentación Escolar (PAE). Con ocasión de la emergencia por el COVID – 19, el 23 de abril de 2020, el entonces gobernador cambió el tipo de ración de “preparada en sitio” por “preparada en casa” para llegar a 18.036 beneficiarios. El cambio estaba contemplado en la norma para superar las restricciones de pandemia; sin embargo, no habría sido sustentado con estudios de mercado y generó sobrecostos por $860′975.373, entre otras posibles anomalías.
• Contrato N°198 del 6 de abril de 2020, por $4.463′739.189. Tenía por objeto la entrega de kits de ayuda alimentaria para suplir las necesidades ocasionadas por la pandemia. La Fiscalía estableció que se realizó licitación pública para solo cumplir con lo previsto en la ley porque, al parecer, los requisitos y pliegos estaban direccionados para que el contrato quedara en manos de una firma específica. En este caso el exmandatario será imputado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos agravado.