Comienza la renovación de la Corte Constitucional

Con 72 aspirantes se comenzó a mover el relevo de cinco de los nueve magistrados de la Corte Constitucional. Antes de abril del 2017, a María Victoria Calle, Jorge Iván Palacio, Gabriel Eduardo Mendoza, Luis Ernesto Vargas y Jorge Pretelt (suspendido) se les vence su período de ocho años, por lo que dejarán sus cargos.

El problema es que el tiempo para elegir sus reemplazos apremia. La razón es que el Congreso termina su período legislativo en diciembre y sólo vuelve a sesionar en marzo. Como los magistrados de esta Corte son elegidos el Senado, si para diciembre no están definidos ya los nombres, el alto tribunal podría quedar paralizado por meses. Esto en un momento decisivo cuando entrarían todas las normas que se necesitan para la paz, si se logra destrabar el proceso.

Por eso desde ya, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia abrieron convocatorias y fijaron las listas definitivas para proceder con la selección de ternas. Personajes de la vida pública y juristas se apuntaron a ser los candidatos.

Para reemplazar al magistrado Gabriel Eduardo Mendoza, el Consejo de Estado estudia 15 perfiles. En el sonajero están el exmagistrado auxiliar y profesor de Los Andes Rodolfo Arango; la vicepresidenta Jurídica de Asofondos y también exmagistrada auxiliar de la Corte Clara Helena Reales, el exmagistrado de la Judicatura Néstor Osuna y el exdecano de derecho de la Universidad del Rosario Antonio Aljure Salame.

También se inscribieron los excandidatos a registrador Ricardo Schembri y Antonio José Lizarazo, también exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y exgobernador de Norte de Santander. En esta lista se la juegan los magistrados auxiliares de la Corte Constitucional Martha Paz, Javier Tobo y Myriam Ávila.

En reemplazo del magistrado Jorge Iván Palacio, la Corte Suprema de Justicia fijó la lista de 30 candidatos que cumplieron requisitos, entre los que sobresalen el excomisionado de paz Camilo Gómez; la actual procuradora encargada, Martha Isabel Castañeda; el excontralor de Bogotá Diego Ardila, y el exmagistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura Wilson Ruiz. Este último tiene mucho impulso en la Corte Suprema, teniendo encuesta que en las últimas elecciones llegó a 15 votos de 16 necesarios para ser candidato a procurador y fue derrotado por el exfiscal Jorge Perdomo.

También postuló su nombre Laura Emilse Marulanda, la exauditora general de la Nación que denunció hallazgos fiscales, administrativos y disciplinarios por el arrendamiento del edificio de Gran Estación 2, durante la administración de Sandra Morelli. Después pasó a ser fiscal encargada ante Tribunal. Aspira también el magistrado auxiliar Manuel Fernando Quinche.

Para reemplazar al magistrado Luis Ernesto Vargas está el excongresista Carlos Ardila Ballesteros. También aparece en la lista Pedro Aguilar, quien fue abogado de Laura Moreno en el caso Colmenares; Diana Constanza Fajardo, directora técnica de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado; el magistrado auxiliar Alejandro Ramelli; Luis Fernando Lopez Roca, profesor del Externado y exsuperintendente de Valores y expresidente de la Asociación de Compañías de Financiamiento. También está el exvicedefensor del Pueblo Esiquio Manuel Sánchez, quien dejó su cargo un mes antes de irse.

Queda pendiente que el presidente de la República decida si abrirá convocatoria para elegir a sus candidatos a reemplazar a los magistrados María Victoria Calle y Jorge Pretelt. No se sabe si la Casa de Nariño mantendrá ese mecanismo, que era impulsado por la ex superministra María Lorena Gutiérrez. Este terminó siendo muy criticado pues las últimas dos veces salieron elegidos quienes siempre fueron favoritos: Alejandro Linares para la Corte Constitucional y Néstor Humberto Martínez para la Fiscalía.

La elección de la Corte Constitucional es uno de los pulsos más importantes que se darán en el Estado este segundo semestre. En un ambiente tan agitado como el actual, no se descarta que al ser una elección en el Congreso esos cupos terminen siendo peleados por todos los partidos políticos.

Muchas cosas están en juego con esa elección. Lo primero es el proceso de paz. Si el Gobierno logra destrabar la crisis desatada por los resultados del No, por la Corte Constitucional tendrá que pasar el paquete de reformas que implica la implementación (se dice que serán más de 50 entre leyes y actos legislativos).

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Sin embargo, desde hace meses la mayoría liberal es abrumadora. Esto ha hecho que decisiones como el matrimonio y la adopción por parte de parejas del mismo sexo puedan pasar sin mayor dificultad. Con el triunfo electoral de la derecha y el sector conservador colombiano en el No, lo más es que ellos exijan tener más representación en ese alto tribunal.

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Esas mayorías han tenido implicaciones en otro tipo de decisiones que no suelen ser muy mediáticas, pero que tienen profundos impactos en sectores importantes de la economía. Se sabe que la clase empresarial está muy preocupada pues los fallos de ese alto tribunal, a su juicio, han tenido enormes costos e impedido el desarrollo de proyectos fundamentales. Por el contrario, para los defensores del medio ambiente y las comunidades indígenas, estos han sido fallos hitos en la protección de estos derechos. Ambos sectores tienen el ojo puesto en la elección.