Elecciones regionales: Defensoría pide acciones para “eliminar barreras” que le impiden a jóvenes participar en la democracia

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a todas las entidades estatales para colaborar en la “eliminación de las barreras” que enfrentan los jóvenes al expresar su deseo de participar en los procesos democráticos. El mensaje fue enfatizado durante la presentación del informe defensorial titulado ‘Sistema Nacional de Participación Juvenil, una herramienta para la participación e incidencia juvenil: diagnóstico y seguimiento a su implementación’, realizada en Buenaventura, Valle del Cauca.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, destacó que garantizar el derecho a la participación de los jóvenes también implica asegurar otros derechos fundamentales que están siendo vulnerados. “Los jóvenes son actores estratégicos para el desarrollo del país y la transformación social”, afirmó.

Y agregó el defensor Camargo Assis: “Para que los jóvenes puedan ejercer su derecho a la participación, es necesario velar por la garantía de otros derechos fundamentales conexos que les están vulnerando. Son ellos los actores estratégicos, claves, para el desarrollo del país y la transformación social”.

De acuerdo con la entidad, el informe se centró en la implementación de la Ley 1622 de 2013, conocida como la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil, que estableció los Consejos de Juventud como mecanismo de participación para dialogar con el Estado. Sin embargo, la elección de estos consejos había quedado pendiente en la implementación de la ley y finalmente tuvo lugar a finales de 2021.

A pesar de los avances, el informe subrayó que los jóvenes aún enfrentan barreras para una participación plena y garantizada. “Hemos escuchado las voces de las juventudes en diferentes territorios del país, realizado encuestas a más de 300 jóvenes consejeros de juventud y solicitado información a instituciones nacionales. Esto nos permite presentar un panorama actual del ejercicio de participación”, explicó Carlos Camargo Assis.

El informe analizó el derecho a la participación en relación con otros derechos prioritarios como la vida, educación, trabajo y salud de los jóvenes. Destacó que el 43,7 % de los homicidios ocurridos en 2022 se concentraron en el rango de edad de 14 a 28 años. Además, señala que tanto los miembros de los Consejos de Juventud como las Plataformas de Juventudes enfrentan amenazas y riesgos a su vida e integridad debido a sus liderazgos.

El defensor del Pueblo enfatizó la necesidad de establecer un mecanismo institucional de seguimiento para la toma de decisiones y acciones de prevención y protección de la vida de los jóvenes. “Es un mecanismo de participación de rango constitucional que merece toda la atención estatal”, afirmó.

El informe también resaltó la falta de políticas públicas para las juventudes en Colombia. “Es fundamental que se comprenda la importancia de la participación como herramienta para gestionar la conflictividad social y prevenir la violencia que afecta a los jóvenes”, enfatizó el defensor del Pueblo.

De igual forma, la Defensoría del Pueblo presentó una serie de recomendaciones a entidades nacionales y autoridades locales, departamentales y nacionales, con el objetivo de mejorar la respuesta institucional del Estado hacia la garantía de los derechos de los jóvenes, especialmente en el ámbito de la participación.

“Es fundamental que sea comprendida la importancia de la participación como una herramienta para gestionar la conflictividad social y la posibilidad de prevenir las violencias de las que son víctimas las juventudes, y como un mecanismo para alcanzar mayores y más efectivas medidas de garantía de sus derechos”, enfatizó Camargo Assis.

El Defensor del Pueblo señaló que es deber del Estado promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos: “No es posible que tan solo 73 de los 1.102 municipios que tiene Colombia, es decir, el 6,7 %, cuenten con una política pública de juventudes y que de ese reducido porcentaje no todos tengan planes de acción o indicadores. Una política pública sin indicadores de seguimiento y sin presupuesto no es más que una declaración de intenciones”.