Electricaribe, crónica de una muerte anunciada

El lunes 13 de marzo la cúpula de la multinacional Gas Natural Fenosa (GNF), encabezada por su presidente Isidro Fainé, se reunió en la casa de Nariño con el equipo económico del gobierno nacional para buscar una salida a la crisis de Electricaribe, su filial en Colombia. Esperaban que a última hora se lograra un acuerdo y que el Estado le lanzara un salvavidas, como aumentar las tarifas de energía o girarle más recursos.

Pero, por el contrario, el gobierno tomó la radical decisión de liquidar la compañía, pues el accionista no presentó una propuesta concreta sobre las inversiones que estaba dispuesta a hacer en la costa norte. La Superintendencia de Servicios Públicos esperó cuatro meses, desde que intervino a Electricaribe, por una señal positiva que le diera un giro a la crítica situación de la empresa, Sin embargo, nunca llegó.

El anuncio de la Superintendencia de ponerle fin a una compañía que llevaba más de 15 años en el país causó reacciones encontradas. Los costeños festejaron. La bancada de la región se mostró muy satisfecha. El representante a la Cámara David Barguil, quien promovió protestas contra la empresa, afirmó que terminaban años de malos servicios que ocasionaron pérdidas por los daños de electrodomésticos y la muerte de personas afectadas por los cortes de luz. El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, sostuvo que la costa está de fiesta. “La liquidación de Electricaribe es el final de una pesadilla”, anotó.

Pero al otro lado del Atlántico los ánimos estaban caldeados. Para Gas Natural fue un baldado de agua fría. Lanzó una artillería jurídica al anunciar que la próxima semana demandará a Colombia por 1.000 millones de euros (3,2 billones de pesos), equivalente a más del doble del valor contable de Electricaribe, que asciende a 475 millones de euros. Lo hará ante el Centro Internacional de Arbitraje de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial.

La compañía señaló por medio de un comunicado que “dada esta situación de hechos consumados, a Gas Natural Fenosa no le queda otra alternativa que acudir a una institución internacional para que resuelva la situación creada en la forma prevista en el acuerdo bilateral de protección recíproca de inversiones entre España y Colombia”.

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Al mismo tiempo desplegó una ofensiva diplomática para conseguir respaldo de la Unión Europea, bloque con el que Colombia tiene un tratado de libre comercio (TLC). Argumentará que el gobierno colombiano está expropiando su filial y que el país no es seguro para las inversiones españolas. Fuentes de la Comisión Europea dijeron a la agencia EFE que estaban analizando los pasos por seguir mientras que el Palacio de la Moncloa salió a respaldar a Gas Natural y dijo que esperaba que llegara a un arreglo con el gobierno colombiano.

Ante estas denuncias el gobierno replicó. El superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, dijo que tomó la decisión más responsable para proteger a los usuarios de la costa y se ciñó estrictamente a lo que ordena la ley. No quedaba otro camino ya que la empresa estaba en quiebra y no contaba con recursos para cumplir con sus obligaciones y prestar un buen servicio. El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, respaldó esas declaraciones y afirmó que la figura de la expropiación no se ha aplicado en el país y que el gobierno no quiere quedarse con la empresa.

Por medio de un comunicado, la Embajada de Colombia en España enfatizó que no está en riesgo la seguridad jurídica y que el país tiene reglas de juego claras y un buen ambiente para la inversión extranjera. Prueba de ello es que en los últimos años se ha duplicado el número de empresas que invierten en Colombia.

Lo cierto es que a pesar del lío diplomático y del pleito que se avecina la medida recibió un respaldo unánime. El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, dijo que si la compañía se encontraba en estado de quiebra no era responsabilidad del Estado salvarla. “Serían absurdas las pretensiones de que el Estado indemnizara a los accionistas por la liquidación”, dijo. Para la presidenta de Acolgén, Ángela Montoya, el gobierno hizo lo apropiado, es decir, fortalecer la institucionalidad del sector y asegurar la prestación eficiente del servicio de energía en la costa Caribe.

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¿Qué viene?

Tras el revuelo que causó la decisión, ahora sigue garantizar la prestación de un servicio adecuado en el Caribe y que entren uno o varios operadores con experiencia y músculo financiero para atender un mercado de 10 millones de personas. Además, se debe evitar a toda costa que los políticos tengan injerencia para que no vuelva a ocurrir lo sucedido en la década de los noventas, cuando prestaban el servicio entidades públicas que se volvieron clientelistas, burocráticas y corruptas.

El superintendente Mendoza dice que a partir de este momento se abre el cuarto de datos para que los interesados, nacionales y extranjeros vean las cifras de la compañía. Adicionalmente se procederá a vender activos (redes eléctricas, contadores) para lo cual se valorarán con base en el valor en libros o en el flujo de caja descontado. Con estos recursos se pagarán a los acreedores. Posteriormente se hará una subasta pública en la que podrían participar uno o varios operadores.

La entidad espera que todo este proceso tarde alrededor de un año. Mientras tanto Electricaribe seguirá operando bajo la administración del agente especial designado para este fin.

Pero los retos son mayúsculos. Además de garantizar el servicio se deben pagar las millonarias obligaciones de la empresa. Electricaribe le debe cerca de 1,8 billones de pesos a cuatro entidades financieras, a las que se suman alrededor de 600.000 millones de pesos a generadores de energía y proveedores y 1,1 billones del pasivo pensional.

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La escogencia del nuevo operador también es un reto, más en un mercado tan complicado como el de la costa Atlántica, donde en algunos municipios y zonas hay problemas de cartera, cultura de no pago, conexiones ilegales y entidades públicas que se niegan a pagar sus cuentas cobijados en fallos judiciales. Estos fueron los principales argumentos que esgrimió Gas Natural Fenosa al rechazar la liquidación de Electricaribe y pedir que se mantenga el diálogo con el gobierno.

La multinacional sostiene que entre 2011 y 2015 invirtió en la región 255 millones de euros, cifra que había sido superior de no ser por los impagos y los fraudes que ascienden a 1.300 millones de euros (alrededor de 4 billones de pesos). En estas se incluyen las deudas pendientes por cobrar a entidades públicas como alcaldías, hospitales y colegios.

Para el superservicios no se puede hablar de una cultura generalizada de no pago en el Caribe y recalca que estas deudas, que la empresa debió cobrar, corresponden a los últimos diez años. Hay que señalar que el gobierno otorga subsidios millonarios a los barrios subnormales y estratos de bajos ingresos de la población y que el servicio es muy deficiente ya que en la costa Atlántica se va la luz cerca de 100 horas al año, cuatro veces más que en el resto del país.

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A pesar de la decisión de liquidar, el gobierno no cerró del todo la puerta del diálogo y dejó un resquicio abierto para un posible arreglo, de acuerdo con la Ley de Insolvencia. Gas Natural Fenosa dice que “ratifica su voluntad de seguir negociando con el gobierno de Colombia para alcanzar un acuerdo”. La Embajada de Colombia en España también sostiene que el diálogo con la multinacional sigue abierto.

No obstante, esta alternativa implica que la compañía española desembolse recursos por 1,5 billones de pesos para mejorar las redes de energía, que están muy deterioradas. Si lo hace se detendría el proceso de liquidación pero se alborotarían las protestas en la costa Atlántica donde no quieren volver a saber nada de la compañía. “El Caribe se prendería”, asegura David Barguil en torno a un posible reverso de la medida. Pero no se ve factible que de la noche a la mañana Gas Natural salga con un cheque por esa gruesa suma.

Esta es la mayor liquidación de una empresa de servicios públicos que emprende el país. Se trata de un mercado de 2,5 millones de clientes en siete departamentos. Ojalá el gobierno logre hacer este proceso sin mayores traumatismos, para que no se repita la historia del pleito con la Concesionaria del Magdalena Medio (Commsa) en la que también inversionistas españoles demandaron a la Nación por una cuantía millonaria luego de incumplir el contrato para construir una vía de la que no ejecutaron ni un solo kilómetro.