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Ella es María Alejandra Benavides, la mujer que sería clave, según Olmedo López, en el entramado de corrupción que salpica a su jefe el minHacienda
Se trata de la asistente del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a quien este habría delegado para hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos que les tenían que dar a los congresistas a cambio de sus votos.
Son varias las fichas del rompecabezas que empiezan a aparecer relacionadas con la corrupción que se tomó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). A los presidentes del Senado y Cámara, los otros siete congresistas que les abrieron investigación en la Corte Suprema; al exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, y a los ministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, se suma justamente la asistente de Bonilla, María Alejandra Benavides.
A esta mujer, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le habría dado la orden de hacer todo el seguimiento y verificación del cumplimiento de los “compromisos” con los congresistas de la Comisión de Crédito Público. En la práctica, si les repartieron de forma adecuada los 92.000 millones en contratos para los municipios de Carmen de Bolívar (Bolívar), Cotorra (Córdoba) y la zona del río Bojaba, en Arauca.
La orden estaba dada desde el primer “cónclave”, como bautizó el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, a los encuentros en la Casa de Nariño, en los que le decían cómo repartir de forma corrupta los contratos. Este se dio el 27 de noviembre del año pasado y participaron el entonces director del Dapre, Carlos Ramón González; los ministros de Interior, Luis Fernando Velasco; de Hacienda, Ricardo Bonilla; de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.
Estos altos funcionarios, según Olmedo López, dieron la orden y se marginaron del tema, dejándolo en sus encargados, lavándose –de paso– las manos. “El trabajo sucio” quedó entonces en manos de María Alejandra Benavides y el enlace entre el Gobierno y el Congreso, Jaime Ramírez Cobo, quien insistía en la necesidad que se firmaran los contratos, porque estaba en riesgo el crédito de la nación sin el voto de los congresistas de la Comisión de Crédito Público.
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El 15 de diciembre aparece en escena María Alejandra Benavides. Ante el reclamo de Olmedo López por la forma en que el enlace Cobo pedía la entrega de los contratos, Bonilla puso como encargada del tema a Benavides. Al mismo tiempo, la coordinadora de los sobornos, que hasta el momento era la representante Karen Astrith Manrique, fue cambiada en este entramado por Wadith Manzur, quien desde ese momento repartiría los contratos entre sus colegas del Congreso.
Ese mismo día, María Alejandra Benavides le habría explicado a Olmedo López la repartición de los contratos en los tres municipios, con los montos de inversión en cada uno: Carmen de Bolívar, 11.700 millones de pesos; Cotorra, 46.000 millones; río Bojaba, Arauca, 34.000 millones.
Tal como explicó Olmedo López, los jefes dejaron la operación corrupta en manos de funcionarios de las entidades. Por MinHacienda, estaba María Alejandra Benavides y por la UNGRD, el subdirector Sneyder Pinilla.
Ya en diciembre, entre el 20 y 26, Benavides dio el inventario que debía cumplir Pinilla y le dio los datos de alcaldes, funcionarios y contratistas que debían recibir los contratos en representación de los congresistas Julián Peinado, Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz, Liliana Esther Bitar y Karen Astrith Manrique, todos coordinados por Wadith Manzur.
Este fue el rol protagonista de Benavides, quien siendo escudera del ministro Bonilla, cumpliendo órdenes, se habría enredado en toda esta trama corrupta, según lo dicho por Olmedo López.
