ELN reivindicó atentado en La Macarena

El pasado 19 de febrero La Macarena vivió el terror, un artefacto de mediano poder fue detonado en una cabina telefónica en la calle 27 con carrera 5a. Después de los hechos empezaron a rondar las hipótesis, una de ellas señalaba al ELN como el autor. Este lunes el grupo insurgente aceptó su responsabilidad por medio de un comunicado: "Un comando guerrillero urbano del ELN atacó con explosivos a una patrulla policial del ESMAD. Resultados: 26 policías heridos. Nuestra fuerza se retiró sin novedad".

Así, mientras en Quito, Ecuador, los equipos negociadores del Gobierno y el ELN avanzan en la fase pública de las conversaciones y discuten cómo acabar con el conflicto que ha dejado tantas víctimas a su paso, el grupo insurgente pretende mostrar por medio de un atentado la urgencia de un cese del fuego bilateral. "Reiteramos al gobierno nacional la urgencia de un cese bilateral del fuego de manera inmediata, tal como lo solicitan diversas expresiones de la sociedad colombiana".

Con esta forma de proceder el ELN apela a las viejas usanzas de generar presión por medio de atentados, escalar en el conflicto y generar terror. Juan Camilo Restrepo, jefe del equipo negociador del Gobierno, ha reiterado que para llegar al cese del fuego bilateral se debe desescalar el conflicto.

El ELN presenta como algo lógico su accionar violento pues, según su visión, es la respuesta a los constantes operativos militares. "Cualquier persona con elemental razonamiento entenderá que ante esta realidad, el ELN debe responder con su accionar armado contra las fuerzas atacantes para defenderse, esa es la orden que tienen todas nuestras unidades".

Su blanco fueron los policías del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), por ser "un cuerpo de la Policía encargado exclusivamente de reprimir las manifestaciones sociales en campos y ciudades del país, dando tratamiento de guerra a las demandas populares", explicó el ELN en su comunicado.

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El estrategia del terror

El ataque del pasado 19 de febrero en el centro de Bogotá fue macabramente planeado y ejecutado. Los terroristas que lo realizaron conocían en qué esquina del barrio La Macarena se iba a concentrar un gran número de policías ese domingo. No era muy difícil saber esto.

Durante todos los domingos de las últimas tres semanas los uniformados siempre llegaban a ese sitio, desde el cual se repartían para prestar el servicio de vigilancia en los alrededores de la plaza de toros de Santamaría. En la madrugada instalaron una carga de anfo y metralla. Y a las 10:32, cuando vieron más de 30 policías concentrados, la detonaron a control remoto. El resultado fue trágico: 26 uniformados y cuatro civiles quedaron heridos. El miércoles, uno de esos servidores públicos murió a causa de las lesiones. La indignación y la zozobra se apoderaron de la capital. No era para menos.

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Durante los últimos dos años la ciudad fue golpeada en varios sectores por cerca de 30 artefactos explosivos. Muchos de ellos, la mayoría, apenas contenían unos pocos gramos de pólvora. Por eso la cantidad de heridos y daños materiales del domingo pasado llamó la atención y encendió las alarmas. Para las autoridades es claro que algunos de esos ataques, como el de un restaurante iraní en el barrio Teusaquillo hace tres semanas, tienen que ver con fenómenos ligados a extorsiones de bandas. Sin embargo, el análisis de los expertos en terrorismo de la Fiscalía y la Policía les permite señalar sin duda alguna que la gran mayoría han sido perpetrados por diferentes grupos de milicias del ELN.

Es claro que el ataque en La Macarena tenía como objetivo los policías, como en otras oportunidades. En efecto, el 7 de marzo del 2016, 450 gramos de pentolita estallaron al paso de un bus que transportaba a 35 miembros de la Armada Nacional cerca al aeropuerto Guaymaral, al norte de la ciudad. El artefacto también afectó una ruta escolar que transitaba por el sector.

Esa vez 21 militares quedaron heridos, pero ninguno de gravedad. Cinco días después, al otro extremo de la ciudad, en el barrio Quiroga, un artefacto explotó al paso de una caravana de la Policía que iba rumbo a Ciudad Bolívar. El ataque dejó cinco uniformados y tres civiles heridos. Hace un año, en febrero del 2016, una patrulla del Ejército enfrentó una situación similar en la vía que conduce a Villavicencio. Cuatro militares resultaron con lesiones leves. Y a finales de diciembre del 2016 alguien asesinó a un patrullero en una estación de Policía en la carrera Séptima con calle 222. Cuando sus compañeros llegaron a auxiliarlo una carga explotó e hirió a cuatro uniformados. Afortunadamente los expertos alcanzaron a desactivar un segundo artefacto.

Todos estos ataques tienen el mismo modus operandi y las cargas explosivas y sistema de activación a control remoto eran los mismos. La Fiscalía y las agencias de inteligencia establecieron que detrás de ellos están varios expertos en explosivos del ELN que llegaron de Arauca y entraron en contacto con integrantes de redes urbanas de ese grupo guerrillero en Bogotá.

No obstante, durante el 2017 al menos seis detonaciones contra sedes de la DIAN, bancos y empresas prestadoras de salud causaron desconcierto. En algunas de ellas aparecieron panfletos y banderas de un Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) que reivindicó los ataques bajo la premisa de una supuesta lucha social. Inicialmente las autoridades contemplaron la hipótesis de que se trataría de un nuevo grupo subversivo. Pero las pesquisas terminaron por corroborar que son también integrantes del ELN.

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“El supuesto MRP en realidad es una fachada con la que actúan algunas de las redes urbanas del ELN. Las dos series de ataques, contra fuerza pública y las de bajo poder contra entidades, son ejecutadas por milicias que operan bajo el esquema de tríadas compartimentadas, casi siempre reclutadas en centros universitarios y que no se conocen entre sí, para evitar su identificación y dificultar la acción de las autoridades”, explicó a SEMANA un oficial de inteligencia.

Para las autoridades es claro que con estas acciones el ELN busca mostrarse como un grupo más fuerte de lo que en realidad es y, dentro de su lógica, creen que esto les puede traer algún tipo de ventaja en medio de las negociaciones de paz que adelantan con el Gobierno en Ecuador. Más allá de lo equivocado de este método, lo cierto es que el desafío para las autoridades consiste en evitar que sigan estos actos y capturar a los responsables de esa estrategia de terror.