Judicial
ELN y Clan del Golfo imponen su voluntad en siete municipios de Bolívar: en medio de su disputa territorial, asesinan y extorsionan
Los dos grupos armados, denuncia la Defensoría del Pueblo, han impuesto “normas de conducta” e instrumentalizado a menores de edad para cometer delitos.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, emitió una alerta temprana para siete municipios del sur del departamento de Bolívar debido a la presencia y acciones violentas de miembros de la Clan del Golfo y la guerrilla del ELN.
Los municipios afectados son Achí, Altos de Rosario, Barranco de Loba, El Peñón, San Jacinto del Cauca, San Martín de Loba y Tiquisio. Según el defensor del Pueblo, estas comunidades están en riesgo debido a desplazamientos forzados, extorsiones y la instrumentalización de menores para actos delictivos por parte de estos grupos armados ilegales.
“Las comunidades de siete municipios del sur del departamento de Bolívar están corriendo un riesgo que catalogamos como alto debido a hechos violentos de miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y de la guerrilla del ELN”, manifestó Camargo en el marco de la Alerta Temprana 003 de 2024.
En el documento de prevención y advertencia, de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), la Defensoría del Pueblo les solicita a las autoridades la adopción de medidas para prevenir y evitar que hechos como la imposición de “normas de conducta” y el cobro de “multas” de las estructuras al margen de la ley y su accionar violento, afecten la vida, libertad, movilidad y seguridad de las poblaciones identificadas como de alto riesgo.
Lo más leído
El ELN, por su parte, estaría disputando el control de la minería ilegal en la región, lo que ha llevado a extorsiones a mineros y conflictos territoriales con el Clan del Golfo. El bloque ‘Aristides Meza Páez’ de esta última organización ha sido identificado como responsable de homicidios, desplazamientos forzados y extorsiones en la zona.
Uno de los delitos más preocupantes es la extorsión que, según la Defensoría del Pueblo, ocurre principalmente contra servidores públicos, pescadores, docentes, mototaxistas, transportadores, tenderos, comerciantes y ganaderos. Las exigencias varían y pueden llegar al 10 % del salario o contrato, o incluso cobros específicos por posesiones como ganado o impuestos sobre bebidas alcohólicas.
“Las exigencias varían según los municipios, los contratos y otros factores como, por ejemplo, el nivel de ingresos o posesiones: van desde el 10 % del salario o del contrato (en el caso de los contratistas); algunos ganaderos deben pagar $ 50.000 por cabeza de ganado o hay cobros de impuesto sobre las bebidas alcohólicas, como 2.500 pesos por canasta de cerveza vendida. Incluso una empresa de suministro de gas tuvo que cortar el servicio durante un día, ante las amenazas por no pagar extorsiones”, detalló la entidad.
Ante esta situación, el defensor del Pueblo recomendó la puesta en marcha de medidas inmediatas en prevención y protección, así como “programas que mejoren el capital social y humano de las familias” en esta región tan golpeada por la violencia.
“Teniendo en cuenta nuestra preocupación por el respeto a los derechos humanos de la población del sur de Bolívar, una región tan bella y a la vez tan golpeada por la violencia, hemos recomendado la implementación de medidas inmediatas en prevención y protección para que sea contrarrestado el accionar de los grupos armados ilegales y, a la vez, puestos en funcionamiento programas que incrementen o mejoren el capital social y humano de las familias en esa región del norte del país”, indicó Carlos Camargo Assis.
