ELN y Clan del Golfo tienen a más de 650 familias indígenas en Chocó desplazadas; permanecen sin atención del Estado, advierte Procuraduría

En un preocupante hallazgo, la Comisión extraordinaria liderada por la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, encontró que más de 650 familias indígenas desplazadas en 12 asentamientos en Quibdó, Chocó, no están recibiendo la atención requerida por parte de las entidades estatales, en violación al enfoque diferencial establecido por la ley. Además, se constató que las órdenes de reubicación en sus territorios ancestrales, dictadas en un fallo de tutela, no se están cumpliendo.

Durante visitas a dos asentamientos, Las Palmas y Baudata, en la zona rural de Quibdó, el Ministerio Público evidenció las precarias condiciones en las que estas familias viven, careciendo de garantías fundamentales para sus derechos. De acuerdo con la entidad, se encontraron viviendas improvisadas con techos de plástico, sin paredes y sin acceso a servicios básicos. Además, la falta de vías de acceso dificulta aún más su situación, impidiendo el acceso a servicios de salud y otras necesidades básicas.

Uno de los casos expuestos por los líderes indígenas fue el de un niño que fue mordido por una serpiente y aún no ha recibido atención médica, según informó la Procuraduría. Su supervivencia se ha debido únicamente a la medicina ancestral indígena, ya que la asistencia médica adecuada no ha sido brindada.

El plazo otorgado por el juez que falló una tutela para reubicarlos, a favor de la Procuraduría, vence en noviembre próximo. Ante esta situación, la comisión especial de la Procuraduría está preparando un informe dirigido al togado encargado del caso, solicitando que se requiera a las entidades responsables el cumplimiento inmediato de las órdenes emitidas.

La situación de estas familias indígenas en Chocó refleja la necesidad urgente de una acción coordinada y efectiva por parte del Estado para garantizar el respeto a sus derechos y brindarles las condiciones adecuadas de vida en sus territorios ancestrales.

ELN y el Clan del Golfo siguen reclutando en Chocó

La comisión especial de la Procuraduría General que llegó a Chocó también reveló una alarmante situación de reclutamiento forzado de menores de edad por parte del ELN y el Clan del Golfo, que se siguen enfrentando en medio de su disputa territorial en el departamento. Esta problemática ha provocado un elevado índice de deserción escolar y un preocupante aumento en los casos de suicidio entre los jóvenes de la región, de acuerdo con el órgano de control.

Según los informes recibidos de la Secretaría Departamental de Educación, solo en el año 2022, 6.019 estudiantes de todo el departamento abandonaron sus colegios. Más del 54 % de ellos provenían de la zona de San Juan, epicentro de la actual crisis humanitaria. Las razones de la deserción están relacionadas con el desplazamiento de las familias y el temor a ser reclutados durante el trayecto hacia las escuelas y colegios.

Aunque no se cuenta con un registro preciso de los menores reclutados en el departamento, la Policía Regional ha informado que en lo que va del año 2023 se han rescatado 58 menores de edad de las filas de estos grupos armados. Sin embargo, se estima que existe un considerable subregistro en relación con este flagelo.

Jefferson Mena, asesor delegado por la procuradora para liderar la comisión especial en Chocó, destacó que “una de las graves consecuencias que está dejando el incremento de reclutamiento forzado es el suicidio de jóvenes por temor a ser cooptados para la guerra”.

Además, durante la reunión con las entidades encargadas de atender a los afectados, la Procuraduría constató que las comunidades denunciaron que nunca recibieron los alimentos y otros artículos de primera necesidad que conforman la ayuda humanitaria. Aunque la Unidad para la Atención de Víctimas (Uariv) desestimó esta denuncia, contrastando la información con la Defensoría del Pueblo y las entidades de cooperación internacional presentes en la región, el Ministerio Público confirmó que, efectivamente, la ayuda mencionada por la Uariv nunca llegó, lo que ha agravado la situación de desabastecimiento para más de 9.000 personas en Istmina, Nóvita, Sipí y San Juan.

A pesar de la reciente decisión del ELN de supuestamente levantar el paro armado en la región y la normalidad reportada en los centros urbanos de estas poblaciones, el Ministerio Público ha recomendado no bajar la guardia en cuanto a las precauciones en las zonas rurales hasta que las unidades militares en terreno confirmen la seguridad en la movilidad de los ciudadanos por ríos y carreteras.

La Procuraduría también solicitó a las entidades del orden nacional, como el Ministerio del Interior, la Unidad de Víctimas, el ICBF, así como a las Fuerzas Militares y autoridades locales, que se articulen y presenten un plan de choque para llevar la institucionalidad a esa subregión y garantizar los derechos fundamentales de estas comunidades, incluyendo la vida, la alimentación, la salud y la libre movilidad.