Emergencia carcelaria: ¿de qué trata la medida tomada por el Gobierno tras homicidio de guardias del Inpec?

En respuesta a una serie de preocupantes eventos que han sacudido el sistema penitenciario colombiano en los últimos días, el Gobierno nacional ha declarado emergencia carcelaria en todos los centros de reclusión del país. Esta decisión, tomada durante una sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), busca hacer frente al incremento de homicidios, atentados y amenazas dirigidas al personal de vigilancia.

El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna, anunció la medida tras la materialización y aumento de los homicidios de guardias del Inpec, así como las amenazas y atentados contra su seguridad. Estos actos criminales podrían ser represalias de organizaciones delictivas de alto calibre, como respuesta a las operaciones contundentes de la fuerza pública bajo las directrices del Gobierno.

“Por unanimidad, hemos declarado la emergencia carcelaria en todo el país. Esta emergencia carcelaria obedece, por una parte, al incremento y materialización de amenazas y de algunos homicidios de guardianes del Inpec, que han tenido lugar en los últimos días en distintos lugares del país; y a la amenaza de atentados contra la seguridad, contra la vida y contra la libertad personal del Inpec. Así que es uno de los motivos y, por lo tanto, uno de los tipos de medidas que contiene esta emergencia carcelaria va hacia la protección de la vida, la libertad, las posibilidades del trabajo tranquilo”, aseguró el ministro Osuna a los medios de comunicación.

La emergencia carcelaria permitirá la implementación de diversas medidas, incluyendo traslados presupuestales y contratación directa de recursos. Se solicitará apoyo adicional a la fuerza pública para reforzar la vigilancia en los establecimientos penitenciarios, y se contempla la suspensión o reemplazo de personal en situaciones especiales para garantizar su seguridad. Además, se podrán regular las visitas presenciales al interior de los centros de detención.

Entre los antecedentes que llevaron a esta determinación, el Inpec destacó un incremento del 41 % en los casos de extorsión carcelaria, generando preocupación en la sociedad colombiana. También se observa un aumento del 100 % en los incidentes de seguridad relacionados con el personal penitenciario respecto al año anterior, con dos lamentables pérdidas registradas en Cúcuta y Cartagena, además de cinco atentados y diez amenazas directas contra funcionarios.

La emergencia carcelaria pone de manifiesto la gravedad de la situación y la necesidad urgente de tomar medidas contundentes para proteger la vida, integridad y trabajo tranquilo del cuerpo de vigilancia, así como para salvaguardar la seguridad en las cárceles del país.

El homicidio más reciente fue el ocurrido el pasado sábado 10 de febrero contra el guardián Jesús Cárdenas, cuando desayunaba cerca de la cárcel de Cartagena. Según las primeras informaciones, dos hombres en motocicleta se le acercaron y, sin mediar palabra, le dispararon en la cabeza. Aunque el guardián fue llevado de urgencia a un centro médico, falleció.

Precisamente, tras lo ocurrido, el ministro Osuna aseguró que esta escalada de violencia contra el Inpec estaría relacionada con la captura de varios cabecillas de organizaciones criminales.

“En la lucha contra la criminalidad que desde el Gobierno nacional hemos emprendido con contundencia, ha habido estas últimas semanas unos golpes muy contundentes a cabecillas de estructuras criminales de alto impacto”, aseguró el ministro de Justicia.

Y enfatizó: “Lamentablemente, esto ha traído como represalia por parte de algunas estructuras varios atentados contra funcionarios del Inpec”.