Emilio Archila, el otro comisionado de paz

El consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, es uno de los pocos funcionarios de la Casa de Nariño que votó Sí en el plebiscito. Así se lo dijo al presidente Iván Duque cuando este lo entrevistó para que asumiera las funciones que en el Gobierno anterior venía desempeñando Rafael Pardo como alto consejero del posconflicto. “Eso me da más tranquilidad y me confirma que usted es la persona indicada para ese cargo”, dijo Duque.

Solo una persona con un perfil técnico puede defender el acuerdo de paz en un Gobierno uribista. Y en efecto, el consejero tiene talante de ejecutor, aunque ama la política, pues esta ha corrido por la sangre de sus dos familias, Archila y Peñalosa. Prefiere no usar el espejo retrovisor, y concentrarse en lo que sabe hacer. “Implementar lo acordado es diferente a filosofar sobre el concepto paz. Yo me dedico a lo primero”, asegura. E insiste en que “firmar el acuerdo de paz ha sido uno de los logros más espectaculares de este país”.

Puede hacer esta afirmación porque el alma política de Archila es más práctica que ideológica. Es pro paz, defiende a Enrique Peñalosa, su primo hermano, y ha trabajado con Marta Lucía Ramírez en el área programática. Y frente al acuerdo, se centra en el cumplimiento. Asegura que el presidente Duque lo apoya “al cien por ciento” en esa tarea, para lo cual tiene que “planear, focalizar y conseguir recursos”.

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Archila, abogado experto en temas financieros, hasta hace poco trabajaba en su propia firma. Ha desempeñado cargos públicos como el de superintendente de Industria y Comercio en el gobierno de Andrés Pastrana. En ese momento estuvo en la mira de los medios cuando se opuso a la fusión de Aces y Avianca. Este negocio se concretó después de su renuncia al cargo. Además, tuvo otros cargos directivos en el Ministerio de Comercio y en la Superintendencia Bancaria.

Muchos de los interlocutores del consejero aseguran que Archila no es activista, en contraste con otros funcionarios de su nivel, como el alto consejero para la Paz, Miguel Ceballos. Eso hace que, como aseguran quienes trabajan con él, tenga una visión específica de lo que significa ‘paz con legalidad’, el lema presidencial.

Una de las primeras cosas que hizo Archila fue censar a los excombatientes. Asegura que su tarea es impulsar la implementación, lo cual es un propósito práctico y no político. 

La diferencia entre Archila y algunos de sus colegas se hizo visible, entre otros momentos, en la crisis por la fuga de Jesús Santrich. El consejero para la estabilización salió a medios para hablar duro y pedir la declaratoria de la silla vacía al ex jefe guerrillero, por no cumplir los acuerdos de paz e irse del país sin responderle a las víctimas. El procurador respaldó su posición.

Mientras tanto, Archila aplicó aquello de que “una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”. Criticó la actitud de Santrich, pero advirtió contra generalizar para incluir a todos los dirigentes del partido Farc. “El daño del caso Jesús Santrich a la paz es pasajero: en 15 años la gente hablará de la transformación del territorio y de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Santrich no aparecerá ni en Google”, puso en Twitter. Casi al mismo tiempo, Ceballos aseguró todo lo contrario en La FM: “La desaparición de Santrich pone en riesgo el proceso de paz”, dijo.

Varios integrantes de Defendamos la Paz, el colectivo multipartidista creado para defender los acuerdos, le dijeron a SEMANA que se sienten tranquilos con Archila, y que perciben un contraste con el discurso radical del partido de Gobierno. “Parece más el comisionado, que el mismo Ceballos”, dicen. En el caso de la Farc, miran a Archila más con expectativas que con confianza. “Solo le pedimos que cumpla”, asegura uno de los miembros de la dirección nacional de ese partido. Sin embargo, reconocen que deja hablar.

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Para quienes representaron a los excombatientes en la negociación, la llegada de Archila fue dura. El consejero de inmediato ajustó la institucionalidad que venía funcionando desde el Gobierno anterior y convirtió a la consejería en una especie de ‘centro de coordinación’ en el Palacio de Nariño. La Farc se quejaba puntualmente de que el Gobierno no estaba convocando la Comisión de Seguimiento, Impulso y verificación a la implementación (CSIVI) del acuerdo de paz. El tema generó una tensión que creció cuando Archila suspendió la convocatoria a la primera de estas comisiones después de saber que la Farc había enviado una carta al Consejo de Seguridad de la ONU para pedir garantías de seguridad. Finalmente, el impase se solucionó y la CSIVI se reactivó, aunque se está reuniendo con menos frecuencia que en el Gobierno pasado.

Otros cambios en la institucionalidad de la paz implicaron que su consejería asumió toda la coordinación de las entidades en lo relacionado con el tema. Por eso, Archila fue delegado en los Consejos Directivos de la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). Adicionalmente, el consejero preside el consejo directivo de la Agencia de Renovación del Territorio, el Fondo Colombia en Paz y participa como invitado permanente en el consejo directivo de la Unidad de Restitución de Tierras. Ese enfoque gerencial de reorganización institucional ha recibido críticas de la Farc pues sus miembros consideran que han perdido incidencia en instancias como el Consejo Nacional de Reincorporación y la Mesa Técnica de Seguridad y Protección. “Sin embargo, a estas alturas, el deber de cumplir con el acuerdo y por lo que seremos reconocidos en el ámbito internacional, es del Estado. La negociación ya tuvo lugar y ahora esta institucionalidad debe tener, ante todo, un direccionamiento estatal”, concluye Archila.

El consejero no tiene un escenario fácil. Dispone de línea directa con el presidente y este, a su vez, confía a ciegas en él. Pero tiene que hacer sus apuestas gerenciales en un contexto que no siempre es el más favorable. Mientras Archila asume la implementación como una política de Estado, el partido de Gobierno responsabiliza al acuerdo de la violencia contra líderes sociales y del aumento de cultivos ilícitos, entre otros temas.

Esas tensiones a veces van de la mano con mensajes cruzados que pueden desorientar a la opinión. Por ejemplo, Archila decidió caracterizar a los desmovilizados y después de censarlos determinó que hay 10.500 exguerrilleros comprometidos con el proceso y que 2.500, que “no necesariamente están delinquiendo” se han marginado de él. Pero Álvaro Uribe aseguró que 5.000 guerrilleros “volvieron al monte” y que el censo sería la base para modificar los acuerdos de paz.

Lo mismo pasó con Naciones Unidas. Archila (y el presidente) están en la línea de agradecer la labor del ente multilateral y lo invitan a continuar apoyando el proceso. Mientras tanto, el eje del Centro Democrático califica a la ONU de irresponsable por pedir proteger a los excombatientes.

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Pero Archila no les da importancia a discusiones enmarcadas en la polarización y asegura que lo suyo es planear y ejecutar. En días recientes mostró las cifras del programa de sustitución voluntaria, diseñado en el Gobierno anterior, que permitió erradicar este semestre 35.000 hectáreas de coca. Así mismo, reiteró el compromiso de atender a las 130.000 familias inscritas desde el período anterior en este plan y lideró un plan de protección de los líderes de sustitución. También expuso esos aspectos ante el Consejo de Seguridad de la ONU. “Archila es la cara de la paz que muestra este Gobierno en el exterior”, asegura un senador de la Comisión de Paz.

El consejero tiene su mayor fortaleza en su talante gerencial, pero el ingrediente político también puede ser su debilidad. En el Gobierno lo ven con respeto, pero muchos ministros aún no ‘le copian’ lo suficiente y prefieren no hablar de paz por consideraciones políticas. De alguna manera, muchos de sus colegas tienen una visión del acuerdo que hace ver a Archila como un llanero solitario. En ese contexto, y en el de una violencia que toma nuevas caras, él tiene el reto de garantizar –como señala— que el Gobierno asuma la paz como una política de Estado.”Lo mío es aterrizar un plan de largo plazo”, concluye.