Judicial
Emilio Tapia habría presentado prueba falsa de covid-19 para evitar su traslado de prisión
El Inpec anunció una investigación interna para establecer de dónde salió dicha prueba.
Con el fin de evitar su traslado a la cárcel de máxima seguridad La Picaleña en Ibagué, el empresario Emilio Tapia Aldana habría presentado el pasado jueves una prueba falsa de covid-19. Fuentes cercanas al Inpec certificaron que el contratista —quien se encuentra actualmente en la cárcel La Picota cumpliendo su condena por el carrusel de la contratación y una medida de aseguramiento por el escándalo del contrato de Centros Poblados— no ha salido recientemente de la prisión ni hay certificación de la toma de la prueba.
La misma fuente le confirmó a SEMANA que la prueba es falsa, hecho por el cual se abrirá una investigación interna para establecer su origen y la forma en cómo se allegaron al expediente. Esto teniendo en cuenta una información que les presentó la Secretaria de Salud de Bogotá, la cual tiene la potestad para realizar la toma de pruebas de covid-19 en los centros carcelarios y penitenciarios de la capital de la República.
Igualmente, el narcotraficante Juan Carlos Valencia, conocido con el alias Falcon, quien iba a ser trasladado al pabellón de extraditables de la cárcel La Picota mientras se resuelve su situación jurídica, también presentó una prueba que confirmaba que tenía covid-19. Sin embargo, esta prueba también sería falsa.
El Inpec señala que la Unidad de Sanidad nunca tuvo conocimiento de la práctica de las pruebas Covid a Tapia y Valencia. Esta situación se suma a la crítica semana que ha tenido el Instituto con el escándalo de permisos irregulares y salidas no autorizadas del empresario Carlos Mattos, procesado por la entrega de millonarios sobornos para verse beneficiado con la entrega de medidas cautelares.
Tras este escándalo, Mattos fue trasladado el miércoles por la noche a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá. Igualmente, el recién posesionado director del Inpec, general Joaquín Darío Medrano Muñoz, ordenó varios traslados de presos que están vinculados a casos de connotación nacional.
El ministro de Justicia, Wilson Ruiz explicó que estas decisiones se tomaron “tras concluir que algunas personas privadas de la libertad pueden ejercer influencia en los establecimientos donde se encuentran y permanecen recluidos y que son de reserva procesal, hemos decidido el traslado a centros de reclusión donde se les garantizarán sus derechos fundamentales, pero tendrán todas las condiciones de seguridad para que se eviten irregularidades en su lugar de detención”.
Prontuarios criminales
Juan Zuluaga Valencia, capturado en julio de 2021, enfrenta cargos por los delitos de falsedad material en documento público, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, así como por tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y lavado de activos. Es pedido en extradición por una Corte de los Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Emilio Tapia Aldana, recordado por ser uno de los principales protagonistas del ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá, cumple su condena de siete años y nueve meses de prisión por su responsabilidad en los delitos de cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos. Igualmente, enfrenta un juicio actualmente por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal por el polémico contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio de las TIC.