Judicial
Emilio Tapia hace graves acusaciones contra la fiscal Angélica Monsalve: Se presentó como “hermana” de Carlos Castaño y grabó a escondidas
El empresario, procesado por el caso de Centros Poblados y los contratos de Emcali, advirtió que fue grabado sin su consentimiento por la fiscal.
Una grave acusación hizo este miércoles el condenado contratista Emilio Tapia Aldana en contra de la fiscal Angélica Monsalve, quien adelanta una investigación en contra de los empresarios Francisco Javier y Carlos Mario Ríos Velilla, y el exconcejal Felipe Ríos Velilla, por el contrato para el recaudo en el sistema de TransMilenio, durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas.
En un comunicado, Tapia aseguró que el pasado 25 noviembre sostuvo una entrevista con la fiscal Monsalve para que declarara como testigo dentro de la investigación por la licitación de TransMilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) en el 2011. Pese a que ya había manifestado que eso no hacía parte del acuerdo de colaboración que había firmado con la Fiscalía General dentro del escándalo del carrusel de la contratación.
Monsalve le insistió en que declarara dentro de este caso, propuesta que Tapia rechazó por no contar con la presencia de su abogado. “(...) ella me pidió (que) la ayudara con hechos del caso, dijo estar en capacidad de ayudarme ‘muchísimo’ con un principio de oportunidad, y anunció que dispondría una próxima diligencia para ahondar en ello”.
El contratista reseñó que durante 30 minutos la fiscal habló de su poder en el búnker, de sus relaciones personales, de su lugar de origen, Amalfi (Antioquia), advirtiendo que ella era “prima y como hermana” de los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil, así como “de su riqueza personal y familiar, para argumentar que por eso ella no necesitaba del empleo de fiscal”.
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En este punto aseguró que Monsalve le aclaró que ella estaba ahí porque necesitaba “ganarle una pelea al Fiscal General, confrontación que también se extendía al director de la Unidad Especial, Eduar Caldeón (...) El Fiscal General es mi superior jerárquico, dijo, pero no soy su subalterna, y luego hizo referencias similares a otras personas también de la propia Fiscalía. No sé si dijo esas cosas por ciertas, o como medio para ganar confianza”.
Tapia, quien se encuentra privado de su libertad en la cárcel El Bosque de Barranquilla, advirtió que la fiscal le ofreció su ayuda frene a los otros casos que él tenía, puesto que ella conocía el expediente y no había “nada reprochable”. Sin embargo, él manifestó que no podía colaborarle en nada, puesto que se alejaba de su acuerdo de colaboración.
Después de media hora, el otro investigador que estaba en la sala salió por petición de Monsalve. En ese momento ella le empezó a preguntar sobre el proceso que se adelantaba por Centros Poblados. “A sus inquietudes respondí lo que, a mi juicio, yo podría esperar de un eventual acuerdo con la Fiscalía; lo que ya se ha planteado en las sesiones iniciales con mi equipo de defensa; o, lo que yo intuyo, podría llegar a ser el resultado de este proceso, aún en discusión con la Fiscalía y las víctimas”.
Tras ver que no quería ser testigo ni colaborar, la fiscal Monsalve cerró la sesión indicando que se iban a reunir muy pronto, indicándole que ella salía de vacaciones para México. Poco tiempo después se enteró que esa “charla formal” había sido grabada sin su permiso.
“Resulta insólito, por lo menos, que un ciudadano se vea hoy expuesto dentro de un proceso penal a prácticas de grabación clandestina de sus conversaciones con los mismos funcionarios que provocan e incitan diálogos, con el mero ánimo de saldar rencillas personales o generar respuestas públicas desmedidas sobre hechos inexistentes”, afirmó Tapia en una comunicación.
Lo que se habló en la última media hora no fue registrado en las actas oficiales. “En síntesis, estamos frente a una conducta abusiva de la fiscal Monsalve al grabar una conversación privada y dar a conocer apartes incompletos de ella para buscar sus propios fines personales. Porque no hay en este momento un preacuerdo sobre el caso de Centros Poblados, apenas se avanza con diálogos entre todas las partes en una negociación, con miras a buscar la mejor protección de los afectados, con verdad, justicia y reparación”.
Por estos hechos, pidió una investigación penal y disciplinaria contra la funcionaria. “Ofrezco desde ya toda mi colaboración y aporte a fin de que se individualicen las responsabilidades”.