Emilio Tapia, pese a la petición de la Fiscalía, continuará en la cárcel Picaleña de Ibagué

El Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) notificó formalmente a la Fiscalía General que el empresario Emilio Tapia Aldana seguirá en la cárcel de máxima seguridad de Picaleña en Ibagué cumpliendo la condena que tiene por el ‘carrusel de la contratación’ de Bogotá, además de la medida de aseguramiento que le impuso un juez por su presunta responsabilidad en el billonario contrato que recibió con la Unión Temporal Centros Poblados por parte del Ministerio de las TIC.

En marzo pasado, la Fiscalía General había solicitado que Tapia fuera trasladado nuevamente a la cárcel La Picota de Bogotá, con el fin de que cumpliera con unos requerimientos y citaciones en el marco de la investigación que se adelanta por las irregularidades en el proceso de licitación para dicho contrato que tenía como objetivo la creación de centros digitales en las zonas más apartadas del país.

La defensa de Tapia ha intentado concretar una negociación en la que el contratista aportaría información a la investigación, todo esto a cambio de beneficios judiciales que se concretarían por medio de la firma de un preacuerdo (aceptación de cargos) o principio de oportunidad (cesación de la persecución penal por un año). El futuro de estos beneficios se concentra prácticamente en la calidad de la información y su compromiso.

Para realizar las reuniones, la Fiscalía había manifestado que era necesario que Tapia estuviera en Bogotá con el fin de facilitar el traslado de los fiscales. Igualmente, citó motivos de seguridad y protección por parte el empresario.

Sin embargo, el Inpec negó esta petición, señalando que el traslado de Tapia a la cárcel Picaleña se hizo en cumplimiento de un acto administrativo emitido por el mismo Ministerio de Justicia en febrero de 2022. “(...) razón por la cual no es factible su retorno a este establecimiento bajo el entendido que su regreso al COBOG (La Picota), de donde salió por razones de seguridad y orden interno, permitirían que se revivan las mismas situaciones que motivaron su cambio de lugar de reclusión”.

El traslado de Tapia se ordenó después de que se detectara que algunos internos de la cárcel La Picota estaban recibiendo un tratamiento especial y contaban con permisos injustificados. En esa oportunidad se hicieron varios cambios, entre ellos el del empresario Carlos Mattos, casualmente compañero de celda de Tapia, así como del excongresista Eduardo Pulgar, quien se encontraba en una guarnición militar en Malambo (Atlántico); el excomandante paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y el narcotraficante Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcon.

El Inpec le señaló en su respuesta a la Fiscalía General que se han presentado modificaciones en La Picota, citando que por medio de la Resolución 0000078 del 13 de enero de 2020 se eliminaron las “medidas especiales del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta, Media y Mínima Seguridad de Bogotá, dejando las mismas para ‘albergar personas privadas de la libertad condenadas clasificadas en nivel dos o tres de seguridad”.

Situación que no cobija a Tapia, quien por su deseo de colaborar con las autoridades tiene un riesgo potencial de seguridad. “(...) Cabe señalar que el Inpec garantizará en todo momento la comparecencia de privado de la libertad ante la autoridad que lo requiera, mediante su traslado físico o por medios electrónicos, con el fin de no entorpecer los procesos de negociación que se adelantan con la Fiscalía”, precisa el documento firmado por la Coordinadora Grupos Asuntos Penitenciarios del Inpec, Luz Adriana Cubillos Soto

Tapia, quien ha protagonizado varios escándalos dentro de las cárceles, está a la espera de que sea citado a la audiencia de acusación por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.