Nación
Emilio Tapia será trasladado a la cárcel Modelo de Bogotá
El contratista pidió una guarnición militar como sitio de reclusión, pero la Fiscalía y la Procuraduría se opusieron.
Emilio Tapia, el controvertido contratista condenado por el “carrusel de contratos de Bogotá” y ahora judicializado por el escándalo de Centros Poblados, pidió un sitio especial, una guarnición militar, para cumplir la medida de aseguramiento que impuso un juez en su contra. Le negaron la particular solicitud y además le advirtieron que su nuevo sitio de habitación será la cárcel Modelo de Bogotá.
En la tarde circuló la versión de que ante un juez de Malambo, Atlántico, se habría hecho la solicitud de que fuera recluido en la guarnición militar con los argumentos de que se le garantizara la seguridad, una reciente intervención médica y el hecho de que su familia estaría más cerca. No obstante, esto no fue más que una versión que no llegó a la realidad, porque la diligencia donde se iba a realizar la solicitud finalmente no se dio.
Junto a Emilio Tapia fueron judicializados Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, y Juan José Laverde, gerente de Rave, la empresa corredora de seguros que entregó, al parecer, la garantía bancaria falsa. Además, está pendiente una orden de captura en contra de la persona señalada como la responsable de elaborar la garantía bancaria que adjuntaron en el proceso de licitación con el MinTIC.
Ni Tapia ni sus compañeros de causa en este caso aceptaron responsabilidad. Aun así, la Fiscalía insistió ante un juez de control de garantías en Bogotá en que era necesario cobijarlos con medida de aseguramiento tras considerar que son un peligro para la sociedad y podrían afectar el proceso acercándose a los testigos que la Fiscalía tiene en esta investigación, que apenas arranca.
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“Al estar estas personas privadas de la libertad, el Estado garantiza la protección de los derechos ciudadanos y se considera igualmente necesaria porque así lo establece en el ordenamiento jurídico, pues sería la medida procedente de acuerdo con los delitos que fueron imputados”, dijo la fiscal que logró la judicialización de Tapia.
El contratista y las otras dos personas fueron capturadas en operativos simultáneos que se adelantaron en la ciudad de Medellín y Barranquilla a través de diligencias de allanamiento. Sin embargo, en el caso de Emilio Tapia, se advirtió que tenía un problema médico y fue internado en un hospital.
En las audiencias preliminares la Fiscalía imputó los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado. Advirtió la delegada del ente acusador que los tres capturados coordinaron cómo obtendrían las garantías bancarias que presentaron en el proceso de licitación y todos tenían conocimiento del origen ilegal de ese documento.
“Estamos hablando que la consecución de las garantías bancarias fueron para los meses de octubre y diciembre de 2020, lo que tiene que ver con el contrato de Emcali, que se adelantó este año. Es claro que antes que saliera todo el escándalo de la caducidad por las garantías falsas, era importante utilizarlos en otros tipos de contrato y no escatimaron en gastos a la hora obtener estos documentos falsos. Allí podemos hablar de una posible continuidad de la acción delictiva”, dijo la fiscal.
Emilio Tapia estuvo en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía en el centro de la ciudad de Barranquilla y ahora, en cumplimiento de la orden del juez, tendrá que ser trasladado hasta la ciudad de Bogotá y recluido en la cárcel Modelo para que permanezca en este sitio mientras avanza el proceso en su contra.
“Sin embargo, vuelve a defraudar al Estado con el resultado que nos encontramos y que sigue llevando a cabo no porque maneja esas empresas a través de terceros, sino en lo que tiene que ver con la consecución de esos documentos falsos y defraudar así lo que tiene que ver con el contrato del MinTIC”, advirtió la Fiscalía.
Emilio Tapia podría entregar en detalle que otras personas estarían comprometidas en el escándalo de las garantías bancarias falsas. Algunas fuentes cercanas al proceso advirtieron que Tapia podría llegar a algún acuerdo con el ente acusador, sin la necesidad de entregar información.