Emilio Tapia y otras cuatro personas fueron vinculadas por la Contraloría al proceso fiscal del caso MinTic

La Contraloría General de la República anunció este sábado, a través de un comunicado, que vinculó formalmente al proceso fiscal que adelanta por el caso del MinTic a Emilio Tapia Aldana, Juan Carlos Ángel Cáceres, Juan José Laverde Martínez, Jorge Alfonso Molina García Mayorga y José Rafael Lastre Vergara.

Según el ente de control, fueron vinculados por su presunta incidencia y contribución en la consecución de la garantía bancaria falsa, así como por la pérdida de más $ 70.000 millones girados en calidad de anticipo a la Unión Temporal Centros Poblados.

Este proceso fiscal se abrió a mediados de agosto pasado por una cuantía estimada de $ 70.243 millones, por las irregularidades en la planeación adelantada por FunTIC en el trámite de la licitación FTIC-LP-038 de 2020, así como en el manejo del anticipo y ejecución del contrato 1043 del 18 diciembre de 2020 resultado del proceso licitatorio.

Dicho contrato, suscrito con la Unión Temporal Centros Poblados, tiene por objeto la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de internet en 14.745 centros digitales en zonas rurales de los 32 departamentos del país.

La Contraloría informó que también investiga las irregularidades en el control y seguimiento adelantado por la interventoría, con ocasión del contrato 1045 de 2020. Estos hechos fueron declarados de impacto nacional mediante auto 0048 del 10 de agosto de 2021.

Al proceso fiscal abierto por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR fueron vinculadas inicialmente las funcionarias del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones FunTic: Adriana Vanessa Meza Consuegra, representante legal delegada, y Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual.

Además, al supervisor del contrato 1043 DE 2020 Camilo Alberto Jiménez Santofimio, quien ostentaba el cargo de director de Infraestructura del ministerio.

De otra parte, la Contraloría vinculó a las empresas: SES Colombia, consultora de riesgos y seguros; miembros de la Unión Temporal de Centros Poblados, representado por Luis Fernando Duque Torres; a la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, representada legalmente por Carlos Enrique Paramo Samper; ICM Ingenieros SAS, representada legalmente por Jeremías Olmedo Cabrera Mosquera; Intec de la Costa SAS, representada legalmente por Hugo Armando Canabal Hoyos, y a Omega Building Constructora SAS, representada legalmente por Juan Sebastián Vergara Ortega.

Además, a miembros del consorcio PE2020 C Digitales, en calidad de interventor, representado legalmente por Paola Izquierdo Rivero; PMO Solycom SAS, representada legalmente por Paola Andrea Izquierdo Rivera; Eurocontrol SA Sucursal Colombia, representada legalmente por Francisco Javier Barrena de Valenciana; Telemediciones SAS, representada legalmente por José María Hougton Pérez, y la Fiduciaria BBVA Asset Management SA, representada legalmente por Giancarlo Ibáñez Piedrahita.

Posteriormente (el 23 y 28 de septiembre respectivamente) fueron vinculados Luis Fernando Duque Torres, representante legal de Centros Poblados, y Robert Gómez Cuello, representante legal de FunTic (hoy Novotic).

En cumplimiento del artículo 16 de la Ley 610 de 2000, ya se decretaron las medidas cautelares correspondientes.

Emilio Tapia, a La Picota

Por su parte, este viernes el Inpec definió que el sitio de reclusión del polémico contratista sería la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá.

La pretensión del contratista Emilio Tapia, de quedarse en la ciudad de Barranquilla atribuyendo situaciones de seguridad, terminó en la orden de un juez para que fuera recluido en una cárcel de máxima seguridad.

“Hemos recibido la autorización del juez para trasladar al señor Emilio Tapia a un centro de reproducción del orden nacional. Por esta situación y en coordinación con el Inpec se ha dispuesto su traslado para la unidad de medidas especiales de la penitenciaría la Picota en Bogotá”, dijo el ministro de justicia Wilson Ruiz.