Nación
Empleados de las empresas mineras llevarán firmas al congreso para pedir cambios en la reforma tributaria
Los comités intergremiales de la costa advierten que de ser aprobada ocasionará más pobreza y desempleo al debilitar economía del Caribe.
Luego de protagonizar una extensa jornada de protestas, el pasado jueves 13 de octubre, los empleados que laboran en empresas mineras de la región Caribe anunciaron que recogerán una serie de firmas para presentarlas al congreso de la república. El propósito es pedir un cambio en la reforma tributaria y que, según ellos, no amenace sus puestos de trabajo.
“Mi trabajo y el de miles de colombianos está en riesgo porque la reforma tributaria propuesta amenaza la estabilidad económica de las empresas mineras. Los más afectados por estas decisiones somos miles de personas que lo único que sabemos es trabajar dignamente. Están en riesgo nuestros trabajos, ingresos, los beneficios que recibimos, nuestra salud y la educación de nuestros hijos. Le pedimos al Gobierno nacional que busque soluciones y otras alternativas porque sin trabajo la única transición será la ruina. Nuestro futuro y el de nuestras familias está en juego”, afirmó Adriana Salcedo, una de las líderes de esta iniciativa.
El gremio pide al Gobierno nacional que busque soluciones y otras alternativas.
Cabe recodar que en la ponencia de la reforma tributaria, que fue aprobada en un primer debate, se incluyó una sobretasa de renta para las empresas que producen petróleo, carbón, oro y otros metales preciosos, esmeraldas y piedras preciosas y semipreciosas.
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Esta sobretasa estará vigente solo por tres años: en 2023 sería del 10 %, en 2024 bajaría a 7,5 % y en el tercer año de vigencia (2025) sería del 5 %, para empresas que tengan una renta gravable igual o superior a 50.000 UVT (Unidad de Valor Tributario) , que equivalen a $ 1.900 millones.
De acuerdo con los comités intergremiales de la costa, la reforma tributaria ocasionará una mayor pobreza y más desempleo en el Caribe al debilitar sectores estratégicos de su economía, limitar sus posibilidades de desarrollo y lesionar su competitividad.
En su defensa, los diferentes sectores destacan que:
1. Una mayor carga fiscal desestimularía la inversión extranjera en la minería y los hidrocarburos, en contravía de la tendencia mundial, y aplazaría la explotación de los yacimientos de cobre de Córdoba y César.
2. La minería genera el 49 % de las exportaciones del Caribe, 42.000 empleos directos y 205.000 indirectos. Además, por cada peso generado, activa encadenamientos por 2,4 pesos en otros sectores; realiza compras de bienes y servicios por $9,6 billones de pesos cada año, de las cuales el 30% en los mercados locales; y anualmente paga compensaciones ambientales por $ 527 mil millones y realiza inversiones sociales directas por $126 mil millones de pesos, beneficiando a 193.000 personas.
3. El Caribe es el principal receptor de inversión exploratoria de petróleo y gas en 2022, con USD 487 millones, el 59 % de esa suma, en tierra firme. El total de la inversión en proyectos costa afuera se ejecutará en esta región, con compromisos en los próximos años por USD 1,5 billones. Aún con ese monto, poner a producir los recursos del Caribe requiere más pozos exploratorios e inversiones cuantiosas que convertirán a la Región en la fuente de la soberanía energética de la nación y de la producción de hidrógeno verde y azul.
4. El Caribe tiene un potencial de producción de gas natural costa afuera que triplicaría las reservas del país. Aquí se ejecutará el 78% de la inversión en exploración, por lo que desincentivarla es condenarnos a dejar ese recurso en el subsuelo y perder cerca de 20 mil empleos directos.
5. Ponerles por decreto a las zonas francas un umbral de ventas máximo al Territorio Aduanero Nacional no superior al 40% en 2024; 30% en 2025; y 20% en 2026 para mantener el incentivo tributario de renta al 20%, y establecer que las que los incumplan por 3 años consecutivos perderán su calificación de usuarios industriales, desincentivaría la llegada de compañías a 45 zonas francas del Caribe; y pondría en riesgo a más de 300 empresas en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena.
6. Usuarios que por su naturaleza y fines no son exportadores, pero sí estratégicos para el comercio exterior y el país, como puertos, aeropuertos, ferrocarriles, generadores de energía, refinerías, productores de biocombustibles, y agroindustrias, deben mantener el tratamiento especial de zona franca con la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios gravable del 20 %.
7. La Reforma Tributaria elimina la exención del IVA en servicios de hotelería y turismo, y la reducción de dicho impuesto en los tiquetes aéreos del 5%. También elimina la exención a la sobretasa temporal a la energía para los hoteles, lo cual aumentaría en 20 % los costos de este rubro en 2023. Tales beneficios son determinantes para que este sector, altamente dinamizador de la economía de la Región Caribe, siga recuperándose de la afectación causada por la pandemia.