La cuestionada empresa que seguirá a cargo de los brazaletes electrónicos para presos

Esta semana un rumor empezó a tomar fuerza en los corredores de las instituciones a cargo del sistema penitenciario. Se dijo que a Energía Integral Andina S. A., la empresa que está a cargo de los brazaletes electrónicos para presos con detención domiciliaria y libertad vigilada, le renovarían el contrato. El mismo que ha ganado desde 2011, pese a que –según denuncias- no cumple con lo pactado.

La alarma la prendió el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios. “La Uspec (Unidad de Servicios Penitenciarios) sigue empeñada e insiste inexplicablemente en prorrogar y contratar nuevamente con la cuestionada compañía, por lo cual esta organización sindical, presenta otros datos relacionados con el mismo deficiente e inútil servicio de monitoreo y vigilancia electrónica”, decía el comunicado.

Como era de esperarse, la noticia se regó como pólvora. Y no era para menos. Desde los últimos meses este contrato ha estado en la mira de los organismos de control y de los medios de comunicación en el país por presuntas irregularidades.

Podría leer: En video: los brazaletes electrónicos que no controlan a los presos

Uno de ellos fue la Contraloría General, que el pasado 7 de julio abrió una indagación preliminar con el fin de determinar la existencia de un posible daño patrimonial al Estado, pues en el contrato 0321 de diciembre del 2014 suscrito entre la Uspec y Energía Integral Andina se pagaron más de 21.000 millones de pesos por 4.250 dispositivos en el 2014, pero “durante los períodos liquidados” sólo estaban en servicio 1.355.

Por esta razón levantó tanta ampolla que la Uspec decidiera, supuestamente, renovar el contrato firmado el pasado mes de enero con esta firma. ¿Qué pasó? Semana.com intentó, en reiteradas ocasiones, comunicarse con fuentes de la Unidad de Servicios Penitenciarios, pero nunca dieron una respuesta.

Sin embargo, el viceministro de Justicia, Carlos Medina, habló con este portal y explicó qué está pasando. Según él, al contrato se le hizo un otrosí para modificar el plazo de ejecución, pues la firma Energía Integral Andina no terminó de agotar los 19.458 millones de pesos que le entregaron cuando firmó el contrato 012 de enero de 2016.

Le recomendamos: La preocupante denuncia que hace Minjusticia

“Ese contrato tenía dos formas de terminarse: por vencimiento o porque se acabara el dinero. Pasó lo primero y se vencía hoy (miércoles). Entonces se decidió prorrogar, sin adicionarle dinero, pues no se habían agotado los recursos”, dijo.

Medina aseguró que unas 877 manillas electrónicas no están en funcionamiento y, por eso, los recursos no se gastaron en su totalidad. El objetivo, contó, será que Energía Integral Andina preste el servicio mientras empieza la licitación y se hace una nueva contratación. Se espera que en diciembre otra firma asuma la vigilancia electrónica en el país.

Esta decisión era, al parecer, la única alternativa que tenía la Uspec, pues si el contrato se terminaba sin tener a una firma que asumiera esta responsabilidad, no se podría mantener la vigilancia de las más de 4.000 personas que cuentan con este beneficio actualmente en el país. “Lo que implicaría que los jueces deban revocar esas medidas y estas personas vuelvan a los centros de reclusión”, explicó Medina.

Entonces, teniendo en cuenta que no se abrió una licitación antes y que no se había agotado el dinero pasado a Energía Integral Andina, para Medina esa era la única forma de seguir garantizando la prestación del servicio. “El Inpec está trabajando en los pliegos para la licitación. La idea es poder escoger, de aquí a diciembre, la mejor tecnología al mejor precio”, dijo.

Desde ahora se realizarán reuniones semanales en el Centro de Reclusión Penitenciario y Carcelario Virtual (Cervi) para revisar los servicios no certificados. Allí estarán representantes del Inpec, la Uspec y el contratista.

¿Sirve o no?

El viceministro Medina aseguró que, por ahora, no puede afirmar que esa empresa no ha garantizado el funcionamiento del sistema de vigilancia electrónica. Pues según las cifras que tiene el Ministerio de Justicia, solo 877 manillas electrónicas reportan problemas, las demás –dice- sí funcionan.

El gran problema es que muchos de los aparatos que dicen estar funcionando presentan fallas y tienen un sistema muy vulnerable, tal como lo denunció Semana.com el pasado 18 de julio.

“Todos esos aparatos presentan fallas. Ahora, por ejemplo, le están revocando a los internos libertades condicionales porque supuestamente tienen transgresiones. Y resulta que, a veces, no es ni verdad y son los aparatos los que están fallando. Es un daño que también les hacen a ellos”, dijo un funcionario del Cervi a Semana.com.

Este no es el único testimonio. Hace unas semanas, este portal contó la historia de una persona que tiene el beneficio de libertad vigilada y que, ante una cámara, narró el suplicio que vive con el aparato diariamente. 

Ahora solo queda esperar que llegue diciembre y una nueva firma gane la licitación. Tal vez así cambie la situación.

Le puede interesar: Otras tres grandes ‘perlas’ que encontró la Contraloría en la Uspec