Empresa criminal sacude a la Rama Judicial en la costa: una fiscal, tres agentes del CTI y un defensor público están involucrados

En la mañana del 30 de septiembre de 2022, Miguel Morales Hernández recibió una llamada a su teléfono celular. Al otro lado de la línea, una mujer que se identificó como Diana García le informó que tenía que ir inmediatamente a su oficina, ubicada en el edificio de la Fiscalía del municipio de San Luis de Sincé, en Sucre, puesto que existía una investigación muy seria en su contra que lo vinculaba con actos sexuales inapropiados.

Alertado y angustiado por la situación, el comerciante se dirigió al lugar señalado. Pocos minutos después, la misma funcionaria del CTI le advirtió que ya existía una orden de captura firmada en su contra pero por el delito de homicidio, algo totalmente diferente a lo narrado por teléfono. Sin embargo, por el afán y la presión que ejercía, así como por el cargo que ostentaba la persona que estaba al frente suyo, Hernández le creyó toda la historia.

Tras recomendarle el nombre del abogado Jahani Merlano Vareta para que asumiera su defensa, la mujer, sin titubeos, le exigió tres millones de pesos que debía pagar inmediatamente y en efectivo. Pocos días después, el profesional del Derecho contratado le pidió otros tres millones de pesos para conseguir copia de toda la investigación y así preparar su defensa.

Mientras esperaba que todo se solucionara, Martínez recibió una nueva llamada de su abogado no con buenas nuevas sino con otra solicitud de dinero, en esta oportunidad de $ 10 millones. No contento con esto, a las pocas horas, el jurista le manifestó la necesidad de enviarle otros cinco millones de pesos para la fiscal que tenía el caso y así lograr el tan anhelado archivo.

Pese a que canceló cada una de las sumas de dinero exigidas, el hombre fue capturado por el delito de homicidio. Sin embargo, fue dejado en libertad poco después no sin antes haber entregado otros nueve millones de pesos.

Esta misma estrategia se repitió en un período de diez meses. Comerciantes, ganaderos, particulares y hasta jíbaros fueron contactados por Diana Díaz para advertirles sobre una orden de captura. En todos los casos se recomendaba contratar como abogado a Merlano Valeta, puesto que él era el único que podía salvarlos.

Esta compleja trama de corrupción que permeó nuevamente a la Rama Judicial en Colombia fue revelada recientemente tras la captura de la fiscal 11 seccional de San Marcos, en Sincelejo, Martha Vareta Herazo, tres funcionarios del CTI y del abogado Merlano Vareta. El parecido de los apellidos no es coincidencia, pues el jurista y la delegada de la Fiscalía General son primos y trabajaban de la mano en esta “empresa criminal” que se aprovechaba de la flexibilidad ética de los funcionarios del CTI que tenían acceso directo y constante a los avances de las investigaciones.

No por nada, en 35 procesos que tenía la fiscal Vareta Herazo aparecía como su “contraparte” el abogado Merlano ―quien siempre omitía su segundo apellido para evitar llamar la atención―. Estas acciones, que no solamente reñían con la ética profesional, buscaba que el jurista siempre estuviera un paso adelante y tumbar las supuestas detenciones.

Esta información exclusiva era utilizada para extorsionar a todo tipo de personas en la capital del Sucre, a quienes ―utilizando lo aprendido― perfilaban para saber que tenían la capacidad para pagar todas las exigencias de dinero que se pusieran sobre la mesa. Las cifras variaban considerablemente “según el cliente” y el delito por el que se les quería vincular.

Viendo la rentabilidad del negocio, puesto que nadie quería ser capturado y mucho menos ir a la cárcel, la empresa criminal se fue extendiendo y volviendo más insistente con la solicitud de dinero. Confiados en que estaban blindados y que jamás les iba a pasar algo llegaron incluso a exigirle a una de sus víctimas, que se encontraba almorzando, que les pagara un mondongo para no detenerlo inmediatamente.

Las presiones aumentaron considerablemente llevando a las víctimas de las extorsiones a empeñar las escrituras de sus casas y vender sus automóviles para garantizar su libertad. Uno de los investigadores, pescando en río revuelto, optó por vender la droga que les incautaba a los jíbaros que retenía y presionaba para evitar su captura. Un testigo señaló que este mismo agente le habría brindado protección a tres sicarios del Clan del Golfo en contra de quienes sí pesaba una orden de captura.

En la plataforma Spa, donde reposan todos los avances de las investigaciones y los procesos, quedaron registrados los constantes ingresos de los tres investigadores pese a que no tenían ningún vínculo o relación.

Como si faltara poco, en medio de la audiencia, el juez segundo promiscuo de Sincé (Sucre) presentó renuncia a su cargo al advertir que había recibido amenazas de muerte por parte del Clan del Golfo si enviaba a la cárcel a la fiscal, los tres funcionarios del CTI y el abogado.

Debido a esto, la audiencia en la que se iba a definir la situación jurídica de los procesados quedó en vilo.