Empresa de madera recibió millonario contrato para entregar mercados a familias de escasos recursos durante la pandemia

Un año y medio después se empezó a mover nuevamente una de las investigaciones por irregularidades en la entrega de ayudas durante la primera etapa del confinamiento, ordenado por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus.

El expediente que revivió tiene relación con las irregularidades en la entrega de mercados a familias de bajos recursos económicos que se vieron afectadas por el confinamiento en el municipio de Riosucio (Chocó).

La Fiscalía General vinculó directamente al alcalde Conrad Valoyes Mendoza y otros funcionarios de su administración con las irregularidades en la licitación, contratación y puesta en marcha del contrato en marzo de 2020, cuando inició la pandemia en Colombia y se decretaron las medidas de confinamiento.

El valor inicial del convenio para la entrega de contratos era de 270 millones de pesos y tenía como objetivo la entrega de 1.500 mercados para el mes de abril. Una semana después, y de manera injustificada, se avaló una adición de 135 millones de pesos para la entrega de otros 750 mercados.

El hecho no tendría nada de raro, sin embargo, la Alcaldía nunca presentó los soportes de la entrega de los mercados ni se enlistó a los beneficiarios de las ayudas para solventar la crisis provocada por el confinamiento.

El contrato, advierte la Fiscalía General, se entregó de manera directa, es decir sin la celebración de una licitación pública como lo exige la ley por el monto de los recursos y el objeto del mismo. El ente investigador cuestionó el hecho que no contó con la “participación de otros oferentes que permitieran un análisis de precios, calidad y utilidad”.

El contratista seleccionado, se indica, no tenía la experiencia ni los requisitos para la entrega de ayudas, esto debido a que se dedicaba a la comercialización de madera.

“Quedó en evidencia que la empresa seleccionada estaba dedicada a la comercialización de maderas y no tenía experiencia en el manejo de alimentos”, precisó el fiscal del caso durante la imputación de cargos. En la investigación, dijo, se “constataron posibles anomalías en las etapas precontractual, contractual, ejecución y liquidación”.

Durante la puesta en marcha del contrato también se encontraron varias fallas, como el hecho que nunca se certificó de manera correcta la entrega de los mercados, los beneficiarios, ni lo que se entregó. Las evidencias arrojan que se presentaron sobrecostos y se reportaron compras que no tenían relación con la realidad.

“Hay elementos de prueba que dan cuenta que el contrato se asignó sin tener claro el número de familias o personas que serían beneficiadas (…) También se evidenció que en las actas figura la compra de 36.000 libras de arroz, pero en realidad sólo adquirieron 3.600″, aclaró la Fiscalía.

Pese a que se advirtió que todos los elementos adquiridos habían sido ingresados al almacén dispuesto por la Alcaldía para su recepción, lo cierto es que esto no fue así. Por estas anomalías se presentó un detrimento patrimonial de 233 millones de pesos.

“Pese a las presuntas inconsistencias, se ejecutaron los pagos correspondientes sin que la totalidad de los mercados fueran entregados”, cuestionó al Fiscalía General al señalar las constantes y evidentes fallas en este contrato.

Por estos mismos la Fiscalía General le imputó los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros, falsedad ideológica en documento público y usurpación de funciones públicas al Alcalde; el exsecretario de Gobierno de Riosucio, Jazmir Blandón Palacios; y al almacenista de la Alcaldía del mismo municipio, Halmar Yamith Lemos Vides.

Tras la pregunta del juez ninguno de los procesados aceptó cargos. Para evitar afectaciones al proceso fueron cobijados con medida de aseguramiento en su domicilio.