Empresa española que iba a demoler la torre central del Hospital San Juan de Dios demanda tras decisión del Gobierno Petro de comprar el complejo

Una nueva polémica se desató por la decisión del presidente Gustavo Petro de adquirir el complejo hospitalario San Juan de Dios, en Bogotá, decisión que oficializó este miércoles, 15 de noviembre, mediante el Decreto 1959. Ahora, un grupo empresarial español solicitó un tribunal de arbitramento internacional para demandar, según argumentan, los incumplimientos de la alcaldía de Claudia López frente a un contrato firmado en la administración anterior.

Se trata del grupo español Sociedad Anónima de Obras y Servicios (Copasa), con sede en Galicia, España, al que había sido adjudicado un contrato para la construcción, dotación y operación de una Unidad Médico Hospitalaria y un Centro de Atención Primaria de Salud en un área del San Juan de Dios. Este contrato, estructurado durante la administración de Enrique Peñalosa, incluía la demolición de la torre central, una propuesta que generó controversia y obstáculos pese a que, según un estudio de la Universidad de los Andes, no hace parte de la arquitectura francesa que el Gobierno Petro pretende preservar. La inversión de la obra era de unos $ 466 mil millones.

El presidente Gustavo Petro busca revertir esta decisión y, mediante el Decreto 1959, pretende adquirir la infraestructura completa del San Juan de Dios, cumpliendo con las facultades extraordinarias otorgadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para preservar la edificación. Sin embargo, esta medida ha llevado a que el grupo español solicite un tribunal de arbitramento internacional para reclamar daños y perjuicios por aproximadamente $ 90 mil millones de pesos.

Durante la administración de Claudia López y el proceso de licitación, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro-Oriente escogió a Copasa para llevar a cabo el proyecto. Para Copasa, la Subred incumplió al licitar y adjudicar un proyecto inviable, lo que imposibilita la ejecución del contrato.

En la solicitud del tribunal de arbitramento, alegan que, durante la fase de preconstrucción, Copasa ha sufrido daños derivados de otros incumplimientos de la Subred, lo que confirma la inviabilidad del proyecto en los términos establecidos.

“A pesar de que la Subred estableció en la estructuración que las obras de construcción, incluyendo las demoliciones, eran viables y podían ejecutarse, durante la ejecución del contrato el Ministerio de Cultura (el Gobierno Petro) encontró y determinó que el proyecto estructurado por la Subred no puede ejecutarse”, dice la demanda de Copasa.

Y agrega: “Los hechos descritos anteriormente evidencian que la Subred ha incumplido de manera grave y sistemática el contrato y la ley aplicable. La Subred ha desplegado una conducta que no se ajusta a los presupuestos de la buena fe objetiva, y sus incumplimientos inviabilizan la ejecución del proyecto”.

Esta situación ha generado preocupación en el ámbito legal del Distrito. Al respecto, la alcaldesa Claudia López aún no se ha pronunciado públicamente sobre el tema, pero se rumora que se avecina un litigio millonario en relación con el contrato en el polígono del San Juan de Dios.

La controversia alrededor del San Juan de Dios no solo involucra la disputa con el grupo español, sino que también suscita cuestionamientos sobre la preservación del patrimonio nacional y la manera en que se aborda la recuperación de estas edificaciones.