Empresarios de Bogotá y Cundinamarca le reclaman a la ONU por consecuencias del paro

El Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca, en cabeza de su presidenta Ana María Fergusson, le envió una carta a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra (Suiza), Michelle Bachelet, pidiéndole que rechace los bloqueos y actos vandálicos que se han presentado en medio del paro y que han dejado pérdidas millonarias en diferentes sectores y empresas del país.

Aclaran que son respetuosos de los derechos humanos y de las manifestaciones pacíficas, pero que la grave crisis que hoy vive el país se ha derivado de los bloqueos y actos violentos en contra muchas veces de los mismos empresarios y comercios que se han visto afectados en su operación. Todo en medio del pico más largo y con peores cifras en medio de la pandemia.

Entre los argumentos por los que piden que se rechacen los bloqueos por parte del organismo internacional destacan que si bien las movilizaciones son una expresión legítima consagrada en los tratados internacionales, lo que no está permitido es que se use la fuerza física y que esta provoque daños o lesiones a los bienes materiales, esto según el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

También dicen que el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo ha sido claro en decir que las organizaciones de trabajadores deben respetar la legalidad en materia de orden público, absteniéndose de cometer actos violentos. Además, que “los principios de libertad sindical no protegen las extralimitaciones de carácter delictivo”.

Aseguran que esto en el caso colombiano no se ha cumplido y que en cambio lo que se han visto en más de un mes de protestas son constantes bloqueos que hasta hace poco fueron controlados por la fuerza pública, pero que la afectación a los ciudadanos ha sido evidente y profunda.

En su carta, el Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca también recuerda que en materia de derechos humanos por estos bloqueos han fallecido dos recién nacidos en ambulancias que han sido víctimas de estos bloqueos. Así como los ataques que se han registrado contra la misión médica y la afectación que ha tenido la circulación de insumos médicos y pacientes por estos hechos.

“Lo anterior afecta el núcleo esencial del derecho a la salud reconocido por el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual, según la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el año 2000 estableció como uno de los estándares que ‘los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte’”, dicen los empresarios de la capital.

En el caso puntual de Bogotá y Cundinamarca, afirman que un gran número de trabajadores y comerciantes han tenido que suspender sus actividades viéndose afectados, así como a sus familias. Varios también han terminado perjudicados en sus locales e infraestructuras.

“De acuerdo con un sondeo realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá en mayo 2021, el 52 % de las empresas de Bogotá y Cundinamarca han funcionado con operación reducida, solo el 26 % de las empresas de Bogotá han tenido suficientes insumos para impulsar su operación, el 28 % han sufrido pérdidas de mercancía y cerca del 22 % han tenido que cerrar temporalmente”, aseguran.

Agregan que de acuerdo con cifras de Fenalco, esta situación ha generado pérdidas diarias cercanas a los $50.000 millones para el sector del comercio en la capital. El 94 % de los comerciantes aseguran que han tenido que cerrar durante el día o incluso no han podido abrir. El 34 % de los colaboradores ha llegado tarde a sus trabajos o no han podido asistir y el 5 % ha sido víctima de ataques vandálicos, saqueos o daños en las fachadas.

Piden que se tenga en cuenta la Observación General N.° 18 del Comité DESC, que ha establecido que el derecho al trabajo debe ser garantizado sin discriminación alguna.

El Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca le presenta a Bachelet que además de lo anterior también se han afectado violentamente bienes públicos esenciales del transporte público, entre ellos unos 1.180 vehículos y 200 estaciones, lo cual ha impedido la libre circulación, también consagrada en tratados de derechos humanos internacionales.

“En virtud de todo lo anteriormente expuesto, como representantes del sector productivo de la región Bogotá y Cundinamarca y tomando en consideración el papel crucial que usted desempeña en la vigencia universal, interdependiente e indivisible de los derechos humanos, le solicitamos de manera comedida desde su despacho se rechacen los actos vandálicos, los bloqueos y la afectación a la infraestructura pública y privada que han perjudicado de manera grave al tejido empresarial de nuestra región y han derivado en la violación del derecho internacional de los derechos humanos. Así mismo, le solicitamos que oriente a su oficina en Colombia para documentar este tipo de violaciones y evitar su repetición”, le piden a Bachelet.

El Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca acoge a entidades como Anato, la ANDI, Asocolflores, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Asociación de Empresarios de la Sabana, Camacol, la Cámara Colombiana de Infraestructura, la Cámara de Comercio de Bogotá, Cotelco, la Sociedad de Mejoras y Ornato Bogotá, Defencarga, Fenalco, Fenavi, la Cámara de Comercio Colombo Americana AmCham Colombia, la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, ProBogotá, Federesa y Procemco.