Empresarios y políticos que Zulema Jattin mencionó ante la JEP por presuntos nexos con paramilitares

El pasado 18 de agosto la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó en firme la libertad condicional de la excongresista Zulema Jattin tras haber aportado la verdad sobre diferentes temas relacionados con el conflicto armado.

Uno de los aspectos más sonados de las declaraciones que entregó ante la Justicia Especial fue la mención que hizo sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien posteriormente la denunció por sus palabras. Sin embargo, la otrora presidente de la Cámara de Representante mencionó varios nombres entre los que se encuentran el de alcaldes y empresarios, que tendrían vínculos con el exparamilitar Salvatore Mancuso.

¿Qué dijo de Mancuso?

Durante una sesión del 20 de diciembre de 2022, Jattin reconoció una reunión que hasta el momento era desconocida por la justicia ordinaria. Según su versión, el exdirector de El Meridiano de Córdoba, William Salleg, se le acercó el 13 de diciembre de 2001 y le dijo que Mancuso se quería reunir con ella. Finalmente, accedió y en el encuentro se le prohibió que hiciera proselitismo en los municipios de Valencia y Tierralta, en Córdoba.

“El señor William Salleg me estaba esperando en el parque de Montería (…) Y me notificó allí que el señor Salvatore Mancuso quería reunirse conmigo, yo le manifesté a él mi preocupación y mi temor de que fuera nuevamente a retenerme, porque, bueno, hacía un año prácticamente que se había producido el secuestro mío”, dijo.

Seguidamente, se fueron en un carro hasta una finca ubicada entre el kilómetro 15 de la vía Montería hacia Tierralta, donde finalmente se llevó a cabo la reunión en un quiosco. “Me notificó que no podía volver a hacer proselitismo político en los municipios de Tierralta y Valencia porque esa zona estaba –digamos– orientada por él a la votación de Eleonora Pineda, que aspiraba la Cámara de Representantes, y de Miguel de la Espriella, que aspiraba el Senado de la República para las elecciones del año 2002. Tuvimos una discusión muy fuerte porque pues a mí no me gustó que me cerraran 2 municipios en los que, sobre todo en Tierralta, yo había hecho alguna presencia política desde el 98 a esa fecha”, contó.

Esta situación obligó a Jattin a no asistir a reuniones en estos municipios y, además, tuvo que recoger la publicidad que previamente se había distribuido en estos lugares. Posteriormente, en el mes de enero recibió una llamada de exjefe paramilitar donde le comunicó que tampoco podía hacer política en el municipio de Cereté.

“A raíz de esa llamada yo fui a ‘El Meridiano’ de Córdoba, le pedí al señor William Salleg que me comunicara con Salvatore Mancuso, tuvimos una discusión telefónica muy fuerte”, agregó.

En conversación, según contó la excongresista, le informó a Mancuso que realizaría una rueda de prensa para denunciar todo lo que estaba sucediendo en el departamento, por lo que finalmente el exparamilitar desistió de prohibirle la participación en Cereté, aunque mantuvo la de los otros dos municipios. “Para él todos los políticos éramos corruptos bandidos, y él iba, en palabras de él, a limpiar la política de Córdoba, y tenía que elegirse gente honesta, en palabras de él y en la mente de él”, manifestó.

Los políticos y alcaldes elegidos con el apoyo de los paramilitares

En los aportes que realizó ante la JEP, Zulema Jattin nombró a por lo menos 10 alcaldes que supuestamente habrían sido elegidos con el apoyo de los paramilitares en las elecciones del año 2000 y en las de 2003. Uno de los casos más sonados es el de la Alcaldía de Montería. En este, Mancuso le habría pagado a la candidata Gloria Cabrales para que se retirara y dejar vía libre a Luis Jiménez Espitia.

“La doctora Gloria nunca ha tenido investigaciones por este tema ni el doctor Luis Jiménez tampoco (…) Yo no estuve presente en el acuerdo, pero supe por participantes directos que fue un acuerdo para que retirara su candidatura y fue ese candidato único el doctor Jiménez Espitia”, explicó.

Asimismo, en su relato aseveró que los paramilitares también tenían otras modalidades para interferir en las elecciones. Una de las más relevantes era el constreñimiento directo, casos en los que los mismos miembros de la organización marcaban diferentes tarjetones, principalmente en zonas rurales del departamento.

Además, también practicaban el constreñimiento que la JEP calificó como ‘táctico’, en el que la población votaba por temor; de esta forma elegían a los candidatos afines con los paramilitares.

La Jurisdicción indicó que estos casos también se registraron en otros departamento del país y fueron más allá que solo las Alcaldías. Para la JEP es claro que hubo “un esfuerzo sistemático de los paramilitares por cooptar el Estado en distintos niveles: personeros, concejales, secretarías, gobernadores, universidades, corporaciones autónomas, fiscales, representantes a la Cámara, senadores, etc”.

Empresarios que estarían ligados al paramilitarismo

La excongresista también mencionó a varios empresarios en su declaración, quienes estarían ligados con los paramilitares. Uno de ellos es Pedro Ghisays, un reconocido gerente de apuestas de Córdoba, quien habría tenido nexos con Mancuso. Incluso, mencionó que después de su desmovilización, habría logrado obtener una oficina donde atendía en apuestas Córdoba.

Según Jattin, conoció al empresario cuando puso una queja ante el Comisionado de Paz por un proceso de reintegración en Tierralta, el cual se estaba realizando en predios que le pertenecían a Mancuso.

“Salí al aeropuerto y en el aeropuerto me esperaron, uno de los hijos del señor Pedro Ghisays, diciéndome que él quería hablar conmigo, yo no tenía… digamos sabía quién era Pedro Ghisays, pero no era amiga ni cercana, ni mantenía con él ningún tipo de… de vínculo; sin embargo, acudí a la reunión porque me pareció un poco extraño que quisiese hablar conmigo”, explicó.

En el encuentro, Ghisays le mencionó que Mancuso le mandaba a decir que se abstuviera de estar involucrada en el proceso de reintegración de Tierralta y que no siguiera presionando al Gobierno.

Otro de los nombres que mencionó fue el de William Salleg, quien fue dueño de El Meridiano, en Sucre y Córdoba. La excongresista afirmó que el empresario pertenecía al Partido Conservador y tenía una “línea editorial como ideológicamente de derecha”. Asimismo, señaló que defendía el accionar de los paramilitares en el departamento.

“Toda su línea editorial estaba orientada a la defensa del proyecto paramilitar y de la ideología de marcada derecha. Las noticias eran, digamos, o tapaban unas cosas que no les convenían a ellos”, dijo.

Según contó, Salleg fue la persona que medió entre Mancuso y ella para sostener la reunión del 13 de septiembre de 2001, la misma en la que le pidió que no hiciera proselitismo en algunos municipios.

“Él (Salleg) prácticamente fue quien le dijo a Mancuso que yo estaba en el sepelio, que había tenido que ir a buscarme al sepelio del diputado Ruiz, que era un sepelio donde estaba toda la gente de izquierda del departamento, y yo estaba también allí; era un papel como de veedor, de miembro de esa organización ilegal armada”, manifestó.

Igualmente, en la comparecencia aseguró que el empresario fue la persona que apoyó en 2007 la candidatura de Benito Osorio Villadiego para la Gobernación de Córdoba. “Se encarga a Benito Osorio Villadiego como gobernador del departamento, quien hace el acercamiento y quien llama a todos los congresistas para que lo respaldaran fue William Salleg”, puntualizó.

Por otra parte, la excongresista también habló de Manuel Otero Yúnez, a quien conoció entre 1999 y 2000 cuando este se encontraba trabajando en proyectos de vivienda de interés social en la región del Bajo Sinú. En la declaración explicó que este tipo de acciones no se podían realizar sin la aceptación del paramilitar Diego Fernando Murillo, conocido con el alias de ‘Don Berna’ y quien tenía control en el municipio de Valencia. Sin embargo, el paramilitar le permitió a Otero Yúnez construir en esta parte del país.

“Alrededor del año 2000 o 2002 empezó a construir en el municipio de Valencia, y para trabajar en el municipio de Valencia tenía que tener la autorización de alias Don Berna, y él me contó que había ido varias veces a pedir autorización, y Don Berna le sugería la gente que podía postular al subsidio, y dónde debía construir las urbanizaciones que efectivamente se construyeron, durante la alcaldía de Mario Prada Cobo”, indicó.

Además, Jattin reveló que Otero también mantenía otros proyectos en el departamento de Magdalena y mantenía una relación con Jorge 40 y otros paramilitares. “Fue Manuel Otero quien me presentó a mí, a Rodrigo Tovar Pupo, quien me presentó a Carlos Mario González ya en el proceso de desmovilización y a Jairo Andrés Angarita Santos”, sostuvo.

El papel de la Iglesia

De acuerdo con el documento de la JEP, la exsenadora también habló del papel de las iglesias en medio del conflicto, aseguró que las organizaciones religiosas no denunciaban los hechos de violencia a los que eran sometidos los habitantes en Córdoba.

“Ahí estaban todas las iglesias: la católica y los protestantes y otros de todo tipo, supongo yo, testigos de Jehová, que también hay muchos en Córdoba, pero nadie nunca dijo nada, nadie, no se escuchó una voz desde Córdoba, ni la mía, por supuesto, que fue la primera que debió salir, pero tampoco la Iglesia”, comentó.

Sobre nombres específicos, Jattin mencionó a monseñor Juan César Vidal, quien pertenecía a la Iglesia católica y entre 1998 y 2005 estuvo en la diócesis del Alto San Jorge. En su relato afirmó que Vidal siempre intentaba solucionar las diferencias que tenían los paramilitares con los sacerdotes de la región.

Incluso, la exsenadora mencionó que hay grabaciones en las que se escucha a Vidal hablando con Carlos Castaño para pedir el traslado de algunos sacerdotes que generaban incomodidad en ese momento para los paramilitares.

“Yo no quiero decir que monseñor Vidal era paramilitar o que tenía uniforme o que hacía parte de la estructura, pero creo que monseñor omitió su responsabilidad de denunciar ante las autoridades competentes, no solo con la Defensoría, sino también de denunciar lo que estaba pasando con los sacerdotes católicos en el Alto San Jorge durante esos años”, dijo.