JUDICIAL
Empresas de vigilancia portan armas compradas en el mercado negro
Así lo ha establecido una investigación que adelanta la Sijín de la Policía cuyas pesquisas no han terminado.
Lo que ha encontrado la Policía de Bogotá parece de no creer. Empresas de vigilancia están adoptando una modalidad de adquisición de armas en el llamado “mercado negro”, una actividad que tiene preocupadas a las autoridades.
En mayo del 2016 el comandante de la Policía de Bogotá, general Hoover Penilla, dio a conocer que habían incautado 32 armas de empresas de vigilancia con sede en Bogotá. En ese momento el grupo antiterrorismo de la Sijin, que se encargó de la investigación, estaba lejos de conocer lo que realmente ocurría.
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Con el paso de los días los investigadores de la Policía de la Sijín establecieron que la adquisición de las armas no era una práctica exclusiva de una empresa. Los investigadores encontraron cómo los propietarios de algunas compañías se han abasteciendo de armamento de dudosa procedencia para entregárselo a sus vigilantes.
Así está establecido en al menos ocho carpetas en las que se han consignado centenares de evidencias que han recogido los investigadores de la Policía a lo largo de los últimos meses.
En los folios de la investigación, que fueron conocidos por Semana.com, se ha establecido el modo en que las empresas adquieren las armas. Todas las compran en el mercado negro por valores irrisorios. Por ejemplo, un revólver calibre 38 puede costar entre 400.000 y 500.000, mientras en Indumil, la empresa encargada de la entrega legal, esa misma arma puede alcanzar los 2,8 millones de pesos. Los bajos precios son la principal razón por la cual las empresas las adquieren.
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Una vez compradas las armas de manera ilegal, los encargados de las empresas de vigilancia remarcan el armamento, es decir, borran el número de serie y lo remarcan con el número de un arma legalizada. Estas son enviadas a otras ciudades en las que las compañías de vigilancia tienen sucursales.
Ahí no termina la ilegalidad. Las empresas cuando son requeridas por las autoridades, entre ellas, la Superintendencia de Vigilancia, entregan copias de los registros de las armas legales o falsifican la documentación. Todo un entramado ilegal en empresas a las que los colombianos les hemos confiado la seguridad.
Los investigadores encontraron que las empresas investigadas tiene sucursales en ciudades como Cali (Valle del Cauca), Pasto (Nariño) y Ocaña (Norte de Santander). En estas ciudades se han encontrado registros de armas “gemeliadas” o certificados falsos y salvoconductos vencidos.
En los seis meses en los que se ha adelantado la investigación, los sabuesos han encontrado 182 armas ilegales en tan solo ocho empresas, entre ellas, revólveres y escopetas. Todas estas son analizadas por el cuerpo de balística de la Policía para determinar la procedencia y si detrás de ellas se han cometido hurtos y homicidios.
La preocupación no es menor si se tiene en cuenta que en el país existen 1.500 empresas registradas en la Supervigilancia, compañías a las que la entidad encargada de la vigilancia no puede hacer los controles adecuados y necesita de la intervención de la Policía.
Determinar el número de armas ilegales en poder de las empresas es una tarea casi imposible. “Este es un negocio muy lucrativo, en el que existe un tráfico de armas y muchas de esas empresas son de propiedad de militares retirados y expolicías”, dijo uno de los investigadores.
Mientras las pesquisas avanzan y la Policía promete capturas, lo cierto es que este es un tema complejo en el que las autoridades podrían quedar cortas por el número de empresas a investigar y la incapacidad del Estado para hacer un control efectivo.