“En 2021, cada media hora un colombiano fue desplazado forzosamente por violencia”: JEP

“Cada media hora un colombiano se vio obligado a abandonar forzosamente su hogar este año”. Con ese promedio, el Sistema de Monitoreo de Riesgo de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, en su cuarto informe, acaba de prender las alarmas por el aumento del desplazamiento forzado en Colombia desde la firma del acuerdo de paz.

Con corte al 7 de marzo, las cifras indican que 3.119 personas se han desplazado. Según el estudio, 1.311 familias han huido de sus tierras para salvaguardar sus vidas e integridad física.

“Norte de Santander, Antioquia, Chocó y Nariño son los departamentos con más casos reportados. De acuerdo con el informe quincenal de la UIA, los daños son desproporcionados cuando se analizan los crímenes cometidos contra las comunidades indígenas y afrodescendientes. Ante este escenario, la UIA lanzó nuevamente una alerta porque, entre la población más afectada, se encuentran precisamente los titulares de derechos y garantías ante la Jurisdicción Especial para la Paz, como los resguardos indígenas y los consejos comunitarios”, advierte la JEP.

De igual manera, y de acuerdo con los registros de los últimos cuatro años, en el mismo periodo observado, la UIA concluyó que este crimen es el que más ha aumentado desde la firma del Acuerdo Final de Paz. El desplazamiento masivo de civiles se ha triplicado con respecto al mismo periodo en 2020.

Para los investigadores, el Clan del Golfo y el ELN serían los principales perpetradores de estos hechos victimizantes que han causado esta grave crisis humanitaria. A la fecha, 21.494 personas y 1.599 familias permanecen en situación de confinamiento.

Una reciente comunicación de la JEP señala que a diferencia de lo que ocurría hace algunos años, los patrones de desplazamiento masivo y de confinamiento hoy dependen más de la ubicación de los ‘corredores estratégicos’ que de las jurisdicciones administrativas. Es decir, tienen sus propias lógicas territoriales.

“A pesar de los procesos de paz y de los esfuerzos de las entidades estatales, las lógicas de expulsión violenta de personas, familias y comunidades, continúa y muestra señales de empeorar en los próximos meses”, concluye el Sistema de Monitoreo en su informe.

La JEP señala que hay tres factores denominados “de persistencia:

Primero: La disputa bélica del ELN y Clan del Golfo por controlar corredores estratégicos. Este fenómeno de violencia ocurre en tramos de carreteras, pasos fronterizos y redes fluviales donde ambos chocan por el control territorial.

Segundo. El Clan del Golfo responde a la presión de la Fuerza Pública dispersado sus estructuras en otras regiones como el sur de Bolívar y el Catatumbo. Además, del control que han recuperado en viejas retaguardias de grupos paramilitares.

Tercero: Son las alianzas criminales que apuntan a consolidar mandos coordinados o compartidos como: el ‘Comando Coordinado de Occidente’, ‘Comando Frontera Sur’, y el ‘Bloque Jorge Briceño’ en el Cauca, bajo Putumayo y los Llanos del Yarí, respectivamente.

Un drama que afecta también a indígenas en Colombia

Hace pocos días, la Organización Nacional Indígena de Colombia emitió una denuncia pública y un llamado de atención al Gobierno y otras instituciones nacionales e internacionales, para alertar sobre “la grave crisis humanitaria que se cierne sobre los pueblos indígenas” a causa de la intensificación del conflicto entre grupos armados ilegales que invaden su territorio y amenazan la integridad de las comunidades. Asimismo, exigen activar inmediatamente una ruta de atención y protección prioritaria para atender la situación de vulnerabilidad de sus habitantes.