En 2022 han fallecido 39 niños wayúu por desnutrición: Corte Constitucional pone los ojos encima

En la Sesión Técnica para la protección de derechos fundamentales de la niñez wayúu, llevada a cabo el 2 de agosto de 2022, la Corte Constitucional reveló un desolador panorama para esta población indígena, especialmente para los menores de edad en las regiones de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia (La Guajira).

En la sesión buscaban darle seguimiento a la sentencia T-302 de 2017 que declaró el estado inconstitucional (ECI) por la vulneración de la población indígena frente a temas relacionados con los derechos a la alimentación, salud y agua potable.

El magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien preside el seguimiento, explicó que “la Corte encontró que dichos derechos estaban siendo afectados de forma masiva, generalizada e injustificada”, además, señaló que no existe una política pública razonable capaz de garantizar “su faceta programática”.

Así mismo, reveló que de acuerdo con el último boletín epidemiológico de la Secretaría departamental, a la fecha 39 niños han fallecido por desnutrición o causas asociadas. Sobre la misma línea, afirmó que se está alcanzando el número de 50 muertes sucedidas en 2018 “y apenas estamos a mitad de año”, sentenció.

En la sesión participó Javier Rojas Uriana y Custodio Valbuena, representantes de las comunidades indígenas de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia. Él denunció que esta semana fallecieron tres menores que estaban a cargo del ICBF.

Además, agregó que con la entidad el diálogo no avanza, pues los niños siguen muriendo de desnutrición. Por otro lado, mencionó que tanto el ICBF como el Ministerio de Vivienda no los reconocen como seres humanos sujetos de derechos, por lo que no existen “modelos propios para la atención de nuestras comunidades”, señaló Rojas.

”El ministerio muestra un número inflado de beneficiarios que contrasta con la realidad de la necesidad de nuestro pueblo, incurriendo en fraude y desacato en las órdenes de la Corte, porque las pilas públicas (de agua) no son la solución a la problemática de suministro de agua en el territorio. No se puede llamar solución a un negocio particular que beneficia a unas cuantas personas y que no tiene cobertura universal”, agregó.

El líder agregó que la comunidad está recibiendo 10.000 para 30 familias, lo que no es suficiente para subsanar las necesidades. Por lo que insistió en se está desacatando el fallo de 2017 en el que se ordenó al Gobierno una solución a esta crisis.

Al respecto, la directora del ICBF, Lina María Arbeláez, indicó en la audiencia que el Gobierno sí reconoce al pueblo wayúu como sujetos de derechos y señaló que los nueve niños que fallecieron eran atendidos por la entidad, por lo que las muertes les indica que “tenemos que seguir trabajando de manera mucho más ardua por garantizar que ningún niño o niña muera”, explicó la funcionaria.

Por otro lado, y en su defensa, el viceministro del Agua y Saneamiento básico, José Luis Acero, señaló que cuando inició el periodo de gobierno de Iván Duque en 2018, La Guajira tenía el mayor rezago de acceso al agua potable con una cobertura del 4 %, por lo que cuatro de cada diez personas accedían a agua no potable en pozos. El funcionario explicó que hoy en día, gracias a los proyectos implementados en el departamento, se han beneficiado 540.000 personas, no solo comunidades indígenas.

Sobre la misma línea, mencionó que se han construido pilas públicas, las cuales permiten el suministro de agua en zonas de difícil acceso y que estas se habrían dispuesto en coordinación con autoridades indígenas, además aseguró que “tenemos retos como la asignación de recursos y seguir promoviendo el rol activo de las comunidades para que sean ellas quienes administren las pilas”.

Finalmente, el magistrado aseguró que seguirían de cerca la situación, por lo que van a ”solicitar la participación directa de la Procuraduría y de la Fiscalía porque hay problemas en el manejo de los recursos. Y tenemos que saber en dónde está pasando algo y quién es el responsable de eso que está pasando. Vamos a seguir respirando muy cerca de quienes tienen responsabilidades públicas”, agregó.