En 2023, cerca de 98.000 migrantes han atravesado el Tapón del Darién, advierten defensorías del Pueblo de Panamá y Colombia

El defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo Assis, junto con su homólogo de Panamá, Eduardo Leblanc González, se desplazaron a la región panameña del Darién para verificar directamente la situación de derechos humanos de los migrantes que atraviesan la densa selva desde suelo colombiano exponiéndose a diario a peligros extremos.

Durante la visita, escucharon testimonios desgarradores de migrantes que denunciaron cómo son asaltados por delincuentes armados en la zona panameña, estafados por los traficantes a ambos lados de la frontera, y sometidos a maltrato psicológico, incluyendo abuso sexual de mujeres, incluso menores de edad, en su búsqueda del llamado “sueño americano”.

“Durante este recorrido hemos escuchado historias dolorosas, varios migrantes advierten que vieron personas muertas a la orilla del camino. También, la mayoría denuncia que fueron asaltados en el camino por delincuentes que usan armas cortas en la zona panameña; algunos de ellos cuentan que fueron estafados por los coyotes de lado y lado de la frontera, una flagrante violación de sus derechos”, dijo Camargo Assis.

En lo que va de este año, de acuerdo con información de las autoridades panameñas, hay un registro de 97.624 migrantes que han atravesado el también llamado Tapón del Darién. Estos datos de flujo migratorio irregular dan cuenta de que la mayoría de personas son de origen venezolano (35.774), les siguen habitantes de Haití (24.767), ecuatorianos (15.386), incluso hay registro de personas provenientes de China (4.408) e India (2.689).

Ante la preocupante situación, los defensores del Pueblo de Colombia y Panamá aseguraron que seguirán trabajando para garantizar una migración digna, y presentarán una alerta temprana binacional, que recoge las voces de los migrantes, a los gobiernos y la comunidad internacional.

“Desde las dos Defensorías del Pueblo de Colombia y Panamá seguiremos trabajando para que los gobiernos garanticen una migración libre, ordenada y digna. Por esta razón, les presentaremos a los dos gobiernos y a la comunidad internacional, la primera alerta temprana binacional que recoge la voz de los migrantes”, aseguró el defensor colombiano.

Por su parte, el defensor panameño, Eduardo Leblanc González, destacó que dicha alerta binacional “es la continuación de un trabajo arduo, un trabajo con el que queremos concientizar a las personas, a todos aquellos que cruzan el Darién, a aquella población que hoy se dedica al flujo migratorio y abandona escuelas, abandona campos y abandona cultivos”.

Por último, los defensores de Colombia y Panamá les pidieron a las instituciones gubernamentales de ambos países, así como a las de los países de origen de la mayoría de migrantes (particularmente Venezuela y Ecuador), adelantar acciones concretas que eviten que este “siga siendo un corredor de muerte y dolor, porque claramente se está consolidando en la peor crisis humanitaria del mundo”.

‘Jalón de orejas’ de la Procuraduría por el Darién

La procuradora Margarita Cabello ha sido enfática en sus críticas al Gobierno nacional por su falta de atención a los migrantes en el Tapón del Darién. La situación sigue siendo preocupante y, a pesar de las alertas emitidas por el órgano de control hace cuatro meses, asegura Cabello, no se han observado “avances en las acciones, planes y programas que se deben brindar para esta población en el marco de la política integral migratoria”.

Durante una rueda de prensa en marzo pasado, Cabello le hizo un ‘jalón de orejas’ al Gobierno y también reiteró sus críticas a la Cancillería, señalando que no ha logrado ningún avance para mitigar la difícil situación que atraviesan los migrantes y que incluso ha incumplido con la puesta en funcionamiento de un centro de atención al migrante en Necoclí.

La procuradora Cabello destacó que, tras siete meses del nuevo Gobierno, los migrantes continúan desamparados y que ni siquiera se ha instalado una oficina de Migración Colombia en la zona. Además, señaló que “la presencia institucional del ICBF, de la Policía Nacional, entre otras entidades necesarias para ordenar y hacer segura esta migración, sigue sin fortalecerse”.

En medio de sus cuestionamientos, la procuradora Margarita Cabello anunció la apertura de una investigación contra algunos servidores públicos que intervinieron en un proceso de desalojo y traslado de por lo menos 200 personas, incluidos menores, en el municipio de Acandí, en Antioquia. Según Cabello, en este proceso no se tomaron las normativas del caso y se vulneraron los derechos de los migrantes.

La funcionaria también expresó su preocupación por el fenómeno de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en la zona del noroccidente del país. Según ella, las autoridades nacionales y territoriales no han adoptado acciones para su prevención y para su judicialización, lo que atenta contra el Principio de Progresividad y la obligación del Estado de garantizar la continuidad en el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos.