Vendedores ambulantes por doquier

Bogotá pasó de una política de recuperar el espacio público con mucho garrote y poca zanahoria, en la Alcaldía de Enrique Peñalosa, a diseñar políticas y tener que negociar la salida de quienes ocupan el espacio público, a raíz de varios fallos de la Corte Constitucional, por tratarse en su mayoría de personas pobres y altamente vulnerables. Esto hizo que desde finales de la Alcaldía de Antanas Mockus y el comienzo de la de Lucho Garzón, los vendedores se tomaran de nuevo las vías, frente a la dificultad de sacarlos a la fuerza.  Sin embargo, la misma Corte dice que es una obligación de los alcaldes preservar el espacio público.

Este vacío, unido a una política más permisiva de los gobiernos de izquierda frente a este tema, hizo que los vendedores se multiplicaran, pero también que se crearan mafias que hoy cobran por usar una esquina o calle concurrida. Los obligan a asumir créditos cuentagota, a distribuir productos de contrabando o a tener que pagar un ‘alquiler’ o entregar una parte de lo producido. Un caso son los famosos calibradores, quienes tienen que darle todos los días 25.000 pesos a los dueños de la cuadra en Chapinero para poder trabajar. 

“Por ejemplo, en la pasada feria navideña les llegaron a cobrar entre 300.000 y 1.500.000 pesos por puesto a los vendedores, algo que logramos denunciar y corregir”, dice Luis Ernesto Cortés, director del Instituto para la Economía Social (Ipes). Esos vendedores ‘empresariales’ son un gran problema, pues mientras uno pobre y normal gana entre 20.000 y 40.000 pesos diarios, casi el equivalente a un salario mínimo; los que hacen parte de las mafias o han encontrado en las calles un modo de hacer empresa pueden ganar 200.000 pesos en un día por carretilla.

Al parecer ya hay salida para este fenómeno. Según Cortés, la ciudad tiene censados a unos 44.000 vendedores ambulantes que ya hacen parte de un programa. Los demás, es decir más de 100.000 personas, son considerados comerciantes o vendedores que no pueden ocupar el espacio público y pueden ser desalojados. “A nosotros nos tocó diseñar una política, ya hicimos el censo y tenemos programas que han tenido una buena acogida. Ahora estamos en la etapa de pedagogía, de convencimiento para que salgan del espacio público antes de llegar a medidas de fuerza”. 

Sin embargo, algunos alcaldes locales y varios expertos consideran que las políticas en la ciudad van muy lentamente, en parte “porque desde el Palacio Liévano, de puertas para dentro, han pedido no perseguir a los vendedores, pero tampoco han trabajado con el gobierno nacional, los alcaldes locales, comerciantes y la Policía para rescatar las calles”, dijo uno de los mandatarios locales que pidió no ser identificado.

“De todas las localidades, en donde más se ha avanzado  es en Chapinero, en donde se hizo un novedoso plan para calificar bien a los vendedores ambulantes, ayudarlos para mejorar sus condiciones de vida con el fin de  que en un futuro puedan salir de las calles, y usar la fuerza contra los que están abusando de un espacio que es de todos los bogotanos. Por ejemplo, encontramos vendedores muy pobres, pero muchos otros con  dos o más inmuebles, o carros de alta gama”, dice Mauricio Jaramillo. 

Si bien los ambulantes son un problema histórico, es el momento de tomar medidas y evitar que más y más personas se sumen a esa forma tan colombiana y dolorosa de ganarse la vida: el rebusque en la vía pública.