En bombardeo del Ejército en Caquetá, murió joven indígena reclutado por las disidencias

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, condenó la muerte de Yeison Stiven Yule Pequi, un joven de 17 años del resguardo indígena Altamira, que falleció tras un operativo en el que el Ejército bombardeó un campamento de disidencias de las FARC, específicamente en San Vicente del Caguán.

El pasado 5 de julio, la Fuerza Aérea reportó una operación militar que a bordo de seis aviones Super Tucano y con el refuerzo de uniformados de las Fuerzas Especiales del Ejército, bombardearon un campamento en lo que denominaron la Operación Beta.

Las Fuerzas Armadas realizaron el operativo en contra de las disidencias de Iván Márquez, en San Vicente del Caguán, en la vereda La Esperanza del departamento de Caquetá. El campamento era de alias el Loco Ferney, al servicio de la “Narcotalia”.

Sergio Tafur, comandante del Comando Específico de Oriente, informó que los cuerpos hallados eran de cuatro hombres y una mujer. Además, fueron incautados nueve fusiles, minas antipersonales y otros elementos.

Aunque inicialmente el Ejército reportó cinco personas muertas pertenecientes a la Segunda Marquetalia, no había información pública sobre la muerte de un menor de edad o la hospitalización. No obstante, las autoridades habían informado sobre la entrega de un menor de edad por parte del Ejército al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

La Defensoría del Pueblo informó que desde el primer momento activó el protocolo de protección institucional a favor de niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados ilegales, para el joven herido que falleció en la mañana de hoy en la Clínica Medilaser de Florencia.

“La situación desencadenada por el bombardeo contra las disidencias pone en evidencia la grave situación de reclutamiento forzado en las zonas objeto de dominio territorial y combate por parte de estos grupos armados ilegales. Como defensor del Pueblo lamento profundamente la muerte de todos los niños y niñas que caen en el conflicto, en el que no deberían participar. Estamos realizando un acompañamiento a la familia de Yeison Yule, quien había sido víctima de reclutamiento desde hace un año, según le informó la familia a nuestro defensor comunitario”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

De acuerdo con la Defensoría, sus funcionarios han brindado asistencia a los familiares del joven y han gestionado con las autoridades locales para que puedan realizar las exequias.

“Solicitamos a las autoridades judiciales priorizar las investigaciones correspondientes sobre el hecho y validar que en la operación realizada por el Ejército no se hayan visto afectados otros menores de edad”, puntualizó Camargo Assis.

Un equipo de la Regional Caquetá de la Defensoría ha hecho presencia de manera permanente en esa zona, por ser de alta incidencia de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Ellos, como víctimas de este flagelo, requieren protección del Estado, acciones de respeto, garantía y restitución de sus derechos. Según la entidad, su regional ha trabajado en estas necesidades e informó que allí además se recibirán quejas y peticiones por parte de la comunidad.

Hasta el momento no ha habido pronunciamientos oficiales de parte del ICBF, del Ministerio de Defensa o del Ejercito Nacional.