En búsqueda de impunidad, policías borraron la evidencia de la masacre de tres jóvenes en Sucre

Para el fiscal del caso, encargado de la investigación tras el asesinato de tres jóvenes en Sucre, no hay duda que el responsable de disparar y fusilar a las víctimas fue el coronel Benjamín Núñez, entonces comandante operativo de la Policía esa zona del país. Pero después del crimen hubo otras actividades criminales, principalmente para desviar la investigación.

Según la Fiscalía, el patrullero Jesús María Bolaños, que era parte del esquema de seguridad del coronel Núñez, se encargó de llevar la camioneta de la Policía, donde fueron asesinados los tres jóvenes, hasta un “mecánico” para tapar los agujeros que dejaron los disparos del alto oficial.

“Con el fin de arreglar los agujeros en los vehículos con la única finalidad de dificultar desviar o impedir la investigación que adelanta la Fiscalía. Usted, Jesús María Bolaños contrató los servicios mecánicos de un tercero para que al momento de adelantar la inspección del vehículo no lograrán encontrar la evidencia de hechos que desaparecen porque, como se dijo, usted ocultó”, dijo el fiscal.

La Fiscalía identificó plenamente a los uniformados implicados en estos macabros hechos y cuál fue la participación de cada uno en el asesinato de Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo, el pasado 25 de julio en vías del departamento de Sucre, luego de un operativo de la Policía para la captura de los sicarios del Clan del Golfo, que atacaron a un patrullero de la misma institución.

“Los jóvenes fueron presentados como neutralizados por uniformados. Sin embargo, la Fiscalía, apenas tuvo conocimiento de lo ocurrido, destacó desde la Delegada para Seguridad Territorial y del CTI un equipo itinerante para esclarecer lo ocurrido. El grupo de expertos estuvo conformado por un fiscal experto en temas de homicidios múltiples, acompañado de criminalistas, investigadores y médicos forenses”, dijo la Fiscalía.

El fiscal del caso relató de manera detallada los hechos y de cómo, luego de interceptar a los jóvenes en un punto conocido como La Garita, los uniformados de Infancia y Adolescencia pidieron apoyo y el sitio se llenó de más funcionarios de la Policía, entre ellos el coronel Benjamín Núñez, hoy prófugo de la justicia y con circular roja de Interpol.

“Los capturaron, sin oponer resistencia, son golpeados por ustedes para ese momento funcionarios de la Policía… Ustedes piden mediante el uso de radio, apoyo. Llegan otros funcionarios y contrario a garantizar la seguridad, los golpean al relacionarlos con la muerte del patrullero Diaz, causaron padecimientos innecesarios”, dijo el fiscal en la audiencia de imputación.

La Fiscalía fue reiterativa al advertir que, incluso después de golpear a los jóvenes capturados, los mismos fueron subidos a las camionetas de la Policía con vida, sin embargo, una hora más tarde llegaron sin signos vitales al hospital de Sincelejo y con heridas de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

“Jóvenes que momentos antes de ser subidos a la camioneta estaban con vida, allí también se encontraban en dicho platón de la camioneta, el teniente coronel Benjamín Núñez y otro funcionario de la Policía Nacional. Servidores todos ustedes de la Policía que en abuso de sus funciones continuaron privando de la libertad a estos tres jóvenes de manera ilegal y sin justificación alguna, que se insiste estos jóvenes subieron con vida ha dicho rodante”, señaló el fiscal.

La Fiscalía imputó, según el nivel de responsabilidad, los delitos de homicidio, tortura y privación de la libertad, cargos que dejan penas de hasta 40 años de cárcel, según explicó el fiscal en la audiencia, mientras señala las rebajas en caso de que los uniformados acepten responsabilidad.