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En detalle: el oficio que la Fiscalía emitió a la SAE con el listado de bienes entregados de enero de 2020 a octubre de 2022
Son 19.587, más de la mitad de ellos semovientes. Entretanto, 3.664 se ubican en áreas rurales.
SEMANA conoció este jueves 13 de octubre el oficio que la Fiscalía General de la Nación emitió al director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas, con el número de bienes en extinción de dominio entregados a la SAE entre enero de 2020 y octubre de 2022.
Aunque tiene fecha del pasado miércoles 12 de octubre, fue conocido por SEMANA luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera públicamente al fiscal general Francisco Barbosa investigar qué ocurrió con un sinnúmero de narcobienes que no aparecen, salvo en las tablas del inventario en Excel que tiene la SAE.
El oficio tiene la firma de la delegada para Finanzas Criminales de la Fiscalía, Luz Ángela Bahamón Flórez, y en él se detallan los bienes incautados a los narcos que quedaron en las manos de la SAE.
“Se destaca que, desde el 1° de enero de 2020 al 6 de octubre de 2022, Fiscales adscritos a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio han impuesto medidas cautelares sobre 21.772 bienes, cuyo impacto económico se estima en más de 25,7 billones de pesos, asociados a fenómenos criminales como la Corrupción, el Narcotráfico, los delitos Medio Ambientales, el Contrabando, entre otros”, se lee en el documento.
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En total, fueron 19.587 bienes los entregados por la Fiscalía a la SAE, de los cuales 13.109 son semovientes. 3.664 urbanos, 1.147 rurales, 437 establecimientos comerciales, 2017 sociedades y 249 que entran en la categoría de otros (divisas, sustancias controladas, dinero en efectivo, oro, joyas, aeronaves, embarcaciones).
La misiva da evidencia de lo denunciado por el presidente, Gustavo Petro, que algunos de los bienes incautados no aparecen. La Fiscalía explica que “algunos vehículos afectados tienen inscrita la medida jurídica, pero no han sido secuestrados o materializados”, por ejemplo.
Así mismo, da cuenta que a una cantidad significativa de semovientes, se les inscribe la medida cautelar ante el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, pero, “al momento de secuestrarlos”, no se ubican en el lugar donde se reportaron.
La Fiscalía también informa a través del oficio emitido a la SAE lo siguiente: “A la hora de materializar las medidas de afectación, algunas sociedades y establecimientos de comercio no se encuentran en funcionamiento”. Y agrega que “resulta imposible materializar las medidas sobre algunos inmuebles urbanos y rurales, dadas las complejas situaciones de orden público en determinadas regiones”.
En el oficio también se expone el acuerdo entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa de “adelantar una mesa conjunta de alto nivel entre las dos instituciones, en la que se estructure una metodología y/o ruta de trabajo que permita, principalmente, dirimir cualquier inconveniente sobre la materia”.
Valga recordar que la tarde de este jueves 13 de octubre, el mandatario colombiano, en una declaración conjunta con el jefe del ente acusador, Francisco Barbosa, y el director actual de la Sociedad de Activos Especiales, Daniel Rojas, dijo que el fenómeno sobre la no ubicación de los bienes de la mafia advierte sobre una violación clara de la ley, la cual debe tener un seguimiento de las autoridades pertinentes.
“Está en manos del fiscal general, porque el incumplimiento de la ley es evidente, el incumplimiento de la ley puede tener fines dolosos. ¿Qué intención puede existir que el Estado no disponga de la información suficiente de bienes que están en extinción de dominio?”, planteó Petro.
Y agregó: “Indicios terribles de hechos dolosos de la transferencia pública, del patrimonio nacional, en una cuantía enorme de dinero, que condensa una actividad ilícita que es el narcotráfico y que en la transición de bienes públicos que deben cumplir con los fines del Estado hoy no sabemos dónde están”.
