La Fuerza Pública está paralizada tras cese al fuego bilateral de Gobierno Petro: no hay incautación de droga, 33 personas muertas en masacres y más de 1.000 órdenes de captura represadas

La llegada del Gobierno que promete la paz total no ha traído necesariamente calma. Las cifras de la violencia que se vive en el país son impresionantes. En su última edición de portada, SEMANA recopiló lo que ha estremecido al país en estos meses. Por ejemplo, entre el primero y el 19 de enero de este año, según cifras de la Fiscalía, 33 personas han muerto en masacres (homicidios múltiples y colectivos) en el país.

Se trata del indicador más alto que se recuerde de los últimos tres años. Pero no solo eso. La parálisis en la lucha contra el narcotráfico es tan notoria que este mes no se han incautado toneladas de cocaína, cuando lo usual en años anteriores era que mensualmente se decomisaran cargamentos hasta por 35 toneladas de cocaína. En cuanto a la destrucción de laboratorios de procesamiento de drogas ilícitas, el resultado en lo corrido de 2023 es muy bajo (apenas tres han sido destruidos) en comparación con las cifras del pasado (un promedio de 134 al mes en los últimos dos años).

Pero si hay algo que preocupa es el hecho de que la Dijín está dejando acumular las órdenes de captura emitidas por la Fiscalía. A la fecha, hay 1.911 por homicidios dolosos sin ejecutar, entre ellas 145 por masacres en las que han muerto líderes sociales y reincorporados del proceso de paz con las Farc en La Habana. Muchas de esas muertes fueron ordenadas, precisamente, por los narcos a los que se les quería levantar las órdenes de captura con fines de extradición.

En el Departamento de Estado de Estados Unidos también están expectantes frente a la inoperatividad de las Fuerzas Armadas, principalmente en lo que tiene que ver con la lucha antinarcóticos y la defensa de los derechos humanos. Ese país aporta millones de dólares en cooperación para que Colombia combata a los narcos. Este lunes 23 de enero, el fiscal Barbosa viaja a Washington, donde sostendrá varias reuniones con el vicefiscal de ese país, Kenneth Polite, y las agencias, como la DEA.

Lea la portada de SEMANA

La búsqueda de la paz total ha desatado un fuerte choque público entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa. Mientras que el mandatario quiere avanzar a toda costa en su propósito de gobierno, el jefe del ente acusador se convirtió en una especie de freno de mano con argumentos jurídicos que indican que es imperativo buscar la paz, pero sin violar la Constitución y la ley. Eso fue exactamente lo que pasó esta semana cuando el fiscal se negó a levantar las órdenes de captura de 16 peligrosos criminales del Clan del Golfo y Los Pachenca, entre ellos cinco extraditables.

En ese cruce de posiciones, las denuncias por presunta corrupción en el manejo de los bienes en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) han sido leña para el fuego. Por ese motivo, Petro, desde Davos, Suiza, atacó de frente a Barbosa: “No sé qué le pasa al fiscal, pero esto solo hace feliz a la mafia, que a través de sus políticos logró recuperar los bienes que consiguió con la cocaína y que les había quitado la justicia. Los jueces inmolados no importaron, la riqueza de la mafia retorna a la mafia”. El fiscal no dudó en responderle y le dijo a SEMANA: “Le pido al señor presidente respeto por la Fiscalía, su independencia y la lucha contra la mafia, a la que le hemos arrebatado 26 billones de pesos durante mi administración (...). Los únicos que benefician a los mafiosos son aquellos que quieren sacarlos de la cárcel sin que cumplan ningún tipo de requisito y así evitar la extradición”.

Aunque el presidente le informó al país en las últimas horas que habló telefónicamente con Barbosa y se reunirán el próximo 30 de enero, las diferencias jurídicas entre ambos son abismales y prometen más de un round. De por medio están la suerte de los capos de la droga pedidos en extradición, la cooperación con Estados Unidos, la lucha contra el narcotráfico y la impunidad, las víctimas y la seguridad de los colombianos.

Detrás de este choque entre la Casa de Nariño y la Fiscalía hay una historia secreta que SEMANA revela. El pasado 10 de enero, Barbosa y la vicefiscal Martha Mancera se reunieron en el búnker con el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y el secretario jurídico de la Casa de Nariño, Vladimir Fernández.

El encuentro transcurrió normalmente. Allí, la Fiscalía dejó en claro que era imposible levantar las órdenes de captura con fines de extradición en el marco de la paz total y que se requería para este fin una ley de sometimiento. Los representantes del Gobierno se comprometieron a que esto no sucedería. Sin embargo, al día siguiente, al despacho de Barbosa llegaron dos decretos firmados directamente por el presidente Gustavo Petro y dos oficios en los cuales el comisionado Rueda le pedía al ente acusador firmar y levantar las órdenes de captura. La sorpresa fue mayúscula. En el listado estaban incluidos los nombres de los cinco extraditables, lo que no solo prendió las alarmas en la Fiscalía, sino en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Por esa razón, tras un estudio detallado, la Fiscalía le respondió al Gobierno que era imposible levantar dichas órdenes de captura. Pero, además, hubo un argumento de peso: los narcotraficantes no tienen estatus político porque son delincuentes comunes, como lo ha dicho la Corte Constitucional y su jurisprudencia, y su único camino es el sometimiento.

La Casa de Nariño acusó el golpe y el ministro del Interior, Alfonso Prada, salió públicamente a decir que el presidente sí tenía facultades para hacer esa solicitud. SEMANA conoció incluso que la Secretaría Jurídica de Palacio estaba dispuesta a insistir, pero la Fiscalía ya tenía lista la respuesta. Sería una resolución firmada por el fiscal sin apelación alguna. “No es no”, así se lo dijo la vicefiscal Mancera a este medio.

A partir de ese instante, el fiscal entregó varias declaraciones a medios de comunicación, como Caracol Radio y Blu Radio, endureciendo su posición frente al Gobierno Petro. Y soltó frases como estas: “No soy un subalterno del presidente de la República”, “No voy a incurrir en delitos de obstrucción a la justicia en Estados Unidos” y “No se le puede decir sí a todo lo que plantea el presidente de la República”.

Además, advirtió que todos aquellos miembros de la Fuerza Pública que abandonen a la población y no cumplan con su labor constitucional de proteger el territorio podrán ser procesados por omisión e incluso ir a la cárcel. La Fiscalía también anunció el llamado a interrogatorio a la jueza que dejó libres a miembros de la primera línea, como lo pidió el Gobierno Petro.

Adicional a las razones jurídicas, en la Fiscalía hay una gran preocupación por el recrudecimiento de la violencia y la inoperatividad del Ejército y la Policía desde que se inició el cese al fuego bilateral con cuatro organizaciones criminales, excepto el ELN, que advirtió que no había negociado cese alguno y desató una crisis en la mesa de conversaciones de Caracas.

Las estadísticas hablan por sí solas. Entre el primero y el 19 de enero de este año, según las cifras de la Fiscalía, 33 personas han muerto en masacres (homicidios múltiples y colectivos) en el país. Se trata del indicador más alto que se recuerde de los últimos tres años. Pero no solo eso. La parálisis en la lucha contra el narcotráfico es tan notoria que este mes no se han incautado toneladas de cocaína, cuando lo usual en años anteriores era que mensualmente se decomisaran cargamentos hasta por 35 toneladas de cocaína. En cuanto a la destrucción de laboratorios de procesamiento de drogas ilícitas, el resultado en lo corrido de 2023 es muy bajo (apenas tres han sido destruidos) en comparación con las cifras del pasado (un promedio de 134 al mes en los últimos dos años).

Pero si hay algo que preocupa es el hecho de que la Dijín está dejando acumular las órdenes de captura emitidas por la Fiscalía. A la fecha, hay 1.911 por homicidios dolosos sin ejecutar, entre ellas 145 por masacres en las que han muerto líderes sociales y reincorporados del proceso de paz con las Farc en La Habana. Muchas de esas muertes fueron ordenadas, precisamente, por los narcos a los que se les quería levantar las órdenes de captura con fines de extradición. En el Departamento de Estado de Estados Unidos también están expectantes frente a la inoperatividad de las Fuerzas Armadas, principalmente en lo que tiene que ver con la lucha antinarcóticos y la defensa de los derechos humanos. Ese país aporta millones de dólares en cooperación para que Colombia combata a los narcos. Este lunes 23 de enero, el fiscal Barbosa viaja a Washington, donde sostendrá varias reuniones con el vicefiscal de ese país, Kenneth Polite, y las agencias, como la DEA.

¿Tormenta en Palacio?

A raíz de las salidas en falso que ha tenido recientemente el presidente Petro en busca de la paz total, en los pasillos de la Casa de Nariño y en el alto Gobierno ya muchos tienen dudas: ¿hay alguien que le está diciendo mentiras al mandatario o verdades a medias? ¿No le están entregando la información completa? ¿Están engañando al presidente? ¿Hay funcionarios con agendas secretas y paralelas que el propio mandatario desconoce?

Lo cierto es que Petro decretó un cese al fuego bilateral con el ELN el 31 de diciembre y pocas horas después la guerrilla lo desmintió. En ese momento se supo que al mandatario le dijeron que el ELN estaba incluido en ese cese y había aceptado, pero todo era mentira. En el caso del levantamiento de las órdenes de captura, SEMANA pudo establecer que Petro nunca estuvo informado de que en la lista de los 16 criminales que llegó a la Fiscalía, de parte del comisionado Rueda, había cinco de ellos pedidos en extradición.

En medio de los incendios, a Petro le ha tocado desempeñar el papel de bombero: en el caso del ELN, echó para atrás el decreto del cese al fuego bilateral y ordenó que se reanudaran los operativos militares. Y frente a los criminales del Clan del Golfo y Los Pachenca, desde Europa advirtió que el fiscal “tiene razón en algunos temas” y se comprometió a revisar de nuevo la lista. Cuando Petro fue congresista, se opuso de manera vehemente a otorgarles beneficios a los paramilitares.

En las últimas horas, el ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que a ningún extraditable se le levantará la orden de captura. Sin lugar a dudas, el presidente tendrá que ser más cuidadoso y tal vez desconfiado, porque esos errores le salen caros frente a la opinión pública de cara a su objetivo de la paz total y ante la Casa Blanca y la comunidad internacional.

Fuentes de Palacio le confirmaron a SEMANA que el escándalo generado por la fallida petición del Gobierno Petro a la Fiscalía para que levantara las 16 órdenes de captura de narcos ha dividido al gabinete. Varios ministros, de forma discreta, apoyan la posición del fiscal Barbosa y les parece “un horror” lo que hizo el comisionado Rueda. Uno de ellos sería el canciller Álvaro Leyva, curtido y experimentado negociador en procesos de paz en Colombia. Otros se han sorprendido por la ausencia del ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien no suena ni truena en esta discusión de profundo carácter jurídico. La procuradora Margarita Cabello y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, anunciaron su respaldo a la postura de la Fiscalía.

Por otra parte, lo que se infiere es que como Iván Márquez, jefe de las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia, está pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico, su único camino será el de someterse a la justicia. Bajo ninguna circunstancia podrá establecerse un diálogo de paz con él, como si se tratara del comandante de una estructura con estatus político. La orden de captura contra Márquez, con fines de extradición, fue firmada por el fiscal Barbosa el 26 de marzo de 2020.

Frente a estos narcotraficantes que quieren negociar la paz total, el Gobierno Petro solo tiene entonces un camino: tramitar en el Congreso la ley de sometimiento. Dicho proyecto ya está incluido en la agenda legislativa del primer semestre del año bajo el nombre de “aceptación de responsabilidad penal”. Este no ha sido socializado aún con la Fiscalía, que tendrá la lupa puesta sobre lo que contiene. La iniciativa no puede titubear a la hora de hacer valer los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición. No puede haber tampoco elegibilidad política.

Asimismo, deberá existir privación de la libertad efectiva y no puede haber garantía de no extradición, tal como ocurrió con los paramilitares en Justicia y Paz que terminaron presos en Estados Unidos durante el gobierno de Álvaro Uribe. Estas posiciones serán defendidas por el fiscal en el Congreso. Roy Barreras ya se reunió con Barbosa para respaldar sus tesis y trabajar conjuntamente en la Ley de sometimiento.

Toda la estrategia de la paz total de Petro se destapó durante la campaña presidencial tras las escandalosas visitas a las cárceles de Juan Fernando Petro, hermano del hoy presidente, Danilo Rueda (comisionado para la Paz) y la senadora Piedad Córdoba, quien en su momento fue apartada del equipo del candidato. Entonces se habló de un “perdón social” para criminales y corruptos. Lo que trascendió fue que algunos miembros del Pacto Histórico les habrían prometido a los extraditables que no serían enviados a Estados Unidos.

El fiscal general, hasta ahora, había sido un colaborador del Gobierno, a tal punto que suspendió por 15 días las órdenes de captura contra varios disidentes de las Farc que no firmaron el acuerdo de La Habana, el pasado 8 de enero.

En esta discusión es necesario recordar que en la negociación con los paramilitares durante el Gobierno Uribe las órdenes de captura solo se levantaron tres años después de iniciados los diálogos y cuando los comandantes se concentraron en Santa Fe de Ralito, Córdoba. En ese entonces, se le quiso dar estatus político a las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pero la Corte Constitucional puso un freno. Por eso, terminaron sometidos a la Ley de Justicia y Paz, y posteriormente la cúpula paramilitar fue extraditada.

Una ruptura definitiva entre el Gobierno y la Fiscalía no es conveniente para el país. Mientras que el presidente Petro tiene como mandato buscar lo que ha llamado la paz total, el fiscal Barbosa deberá seguir ejerciendo su función, de forma independiente, para salvaguardar la Constitución y la ley. Los contrapesos son importantes en una democracia. Y aunque algunos de los adversarios más radicales de Barbosa han querido sacarlo del juego y montarle campañas de desprestigio, queda claro que habrá fiscal hasta que concluya su período en febrero de 2024.

Por eso, cada vez que sea necesario, el fiscal deberá poner freno para evitar abusos que lleven a que el país se doblegue ante los criminales. Lo ocurrido, sin duda alguna, empodera a los jueces y en general a la justicia, mientras el Gobierno pone los pies en la tierra.