En el lugar equivocado: conjuntos residenciales en Bogotá se construyeron en una zona destinada para una vía, ¿habrá demolición?

El sueño de más de 300 hogares de tener casa propia en la localidad de Engativá, en el noroccidente de Bogotá, se quedó en una utopía, una casa que nunca llegó o, incluso, que nunca se terminó de construir. Entre 2014 y 2015, la reconocida constructora Cusezar empezó a ofrecer apartamentos VIS y no VIS para los conjuntos residenciales Mónaco y San Remo, respectivamente. Ambos ubicados en el sector de Bolivia, en Engativá.

A primera vista, era una inversión que prometía importantes réditos para los compradores. San Remo iba a estar conformado por 384 apartamentos de 69, 72,8 y 78 metros cuadrados, de tres alcobas, distribuidos en tres torres de 16 pisos. Asimismo, el conjunto iba a contar con salón infantil, gimnasio dotado y terraza para BBQ, entre otras zonas comunes.

Los precios de estos apartamentos en San Remo oscilaban alrededor de los 280 millones de pesos. Mónaco, por su parte, era un conjunto que iba a estar conformado por dos torres de seis pisos para un total de 48 apartamentos VIS de 51,50 metros cuadrados. El precio por cada vivienda era de 98 millones de pesos.

Cusezar logró el cierre financiero e inició la construcción tanto de la primera torre de 16 pisos en San Remo, como de las dos torres de Mónaco. La promesa a los compradores era entregar los apartamentos en dos años. Sin embargo, una acción judicial dejó los dos proyectos totalmente paralizados.

En 2016, el Conjunto Residencial Bolivia Oriental, situado en cercanías al lugar donde se estaba construyendo San Remo y Mónaco, instauró ante el Juzgado Administrativo 22 de Bogotá una acción popular en contra del Distrito Capital y Cusezar, con solicitud de medidas cautelares para suspender las licencias de construcción. Los accionantes pedían la protección de los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano y del espacio público.

Según la acción popular, las curadurías urbanas 2 y 3 de la época le aprobaron a Cusezar las licencias de urbanismo y construcción para los proyectos San Remo y Mónaco, con presuntas omisiones e irregularidades sobre zonas que debían ser destinadas para uso público, especialmente para la Avenida El Cortijo o calle 90.

Según los accionantes, todo se remonta al 13 de abril de 1988, cuando el Departamento Administrativo de Planeación, hoy Secretaría Distrital de Planeación, expidió la Resolución 171 por la cual se aprobó el proyecto general de la urbanización Bolivia Oriental Etapa III. Años más tarde, en 1997, se aprobó la Resolución 94, que definió el plano definitivo de la urbanización y en la que se establecieron las zonas de uso público que debían ser entregadas por el urbanizador al Distrito.

Fue así como en 1999, la constructora La Solidez S. A., hoy Cusezar, entregó al Distrito las zonas de cesión obligatoria de la urbanización Bolivia Oriental Etapa III. Se trató de la cesión a título gratuito de la denominada “zona verde n.° 15″ a favor del Distrito Capital.

Pues bien, los demandantes argumentaron que una década después, en 2012, la Curaduría Urbana 2 expidió las licencias de construcción de San Remo y Mónaco sobre los terrenos que el Distrito había destinado a la construcción de la Avenida El Cortijo, la cual se espera conecte con la Avenida Longitudinal de Occidente.

El 22 de octubre de 2020, el Juzgado 22 emitió fallo dándoles la razón a los accionantes, y le ordenó a Cusezar que, en un término de seis meses, entregara el mencionado terreno. De igual manera, le ordenó al Distrito gestionar la entrega y recibir sin ocupación alguna la zona reservada para la construcción de la avenida. A su vez, el Juzgado ordenó suspender las licencias de construcción de los proyectos San Remo y Mónaco.

Cusezar apeló el fallo, pero el 25 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió confirmar la sentencia proferida en primera instancia. En los argumentos, los magistrados expusieron que la curaduría urbana 2, al momento de aprobar el proyecto Bolivia Etapa IV (San Remo y Mónaco), no consideró que el predio donde se adelantaría el proyecto iba ser utilizado para futuras construcciones de infraestructura vial.

En consecuencia, advirtió que no era procedente efectuar trámites relacionados con la aprobación de proyectos urbanísticos o expedir licencias de construcción, toda vez que dicho inmueble debería formar parte del inventario de bienes de espacio público del Distrito Capital.

Tras el fallo del Tribunal de Cundinamarca, Cusezar presentó un recurso de revisión, pero el pasado primero de agosto de 2024, el Consejo de Estado decidió no seleccionar para revisión la sentencia del Tribunal. Así las cosas, se debería cumplir con lo establecido en el fallo de primera instancia que ordena entregar los predios sin ocupación en un plazo de seis meses.

Hoy en Bolivia, en Engativá, permanecen levantadas, pero sin terminar, una torre de 16 pisos y dos torres de seis pisos cada una. Y aunque el lugar está cercado y cuenta con vigilancia privada, hay un evidente deterioro de las edificaciones.

Ahora, a pesar de que el fallo en ninguna parte establece la palabra demoler, surge el interrogante de ¿cómo se va a cumplir lo ordenado por el Tribunal para entregar el terreno sin ocupación alguna?

La Secretaría de Planeación le aseguró a SEMANA que la administración Distrital, a través del Departamento Administrativo para la Defensa del Espacio Público (Dadep), en coordinación con la Alcaldía local de Engativá, adelantan visitas técnicas con el fin establecer si se presenta algún tipo de ocupación, para efectos de realizar la entrega real y material de la cesión obligatoria de la zona correspondiente a la denominada Avenida El Cortijo. Ahora, frente al interrogante de si habrá o no demolición, la entidad afirmó que “de ser necesaria la medida de demolición, la misma se tendría que adelantar por parte de la constructora”.

Por su parte, la Secretaría de Hábitat manifestó que si bien la entidad no fue objeto de órdenes dentro del fallo, “le corresponde a la Alcaldía local de Engativá en ejercicio del control urbano, junto con las demás entidades demandas, verificar las acciones tendientes a la entrega de la zona sin ocupación alguna para el área destinada a la Avenida El Cortijo y determinar si la demolición es o no lo más viable”.

Cusezar le indicó a SEMANA que la antigua reserva vial correspondiente a la Avenida El Cortijo no podrá ser entregada en los términos de la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, toda vez que se cumpliría con un despojo que se materializaría con fundamento en un plano no definitivo y que no está vigente, “luego la orden de la sentencia del Tribunal del 25 de mayo de 2023 es imposible de cumplir física, topográfica y jurídicamente”.

La constructora agregó además que “conforme al último POT de Bogotá contenido en el Decreto Distrital 555 de 2021, se cambia el trazado de la Avenida El Cortijo y por consiguiente la zona en mención a la fecha no se encuentra destinada para vía pública alguna”.

Asimismo, Cusezar enfatizó que “la zona que estuvo destinada para la Avenida El Cortijo como una reserva vial, según el ordenamiento jurídico para construirse y entregar su propiedad al uso público, debía ser adquirida por el Distrito Capital de Bogotá, y este nunca adquirió la propiedad del inmueble de su titular, mientras se consideró reserva vial, en consecuencia, su propietario, la Fiduciaria Davivienda S. A., no tiene que demoler las construcciones existentes en el predio”.

Los afectados

De acuerdo con Cusezar, “la constructora les restituyó a las personas que habían realizado separaciones en el inmueble o tenían suscritas promesas de compraventa, en los proyectos Mónaco y San Remo, la totalidad de los dineros que había recibido como parte del precio”, e indicó que “a la fecha no existe reclamación alguna contra Cusezar por compradores”.

Sin embargo, SEMANA conoció que no todos los compradores quedaron satisfechos con el proceder de Cusezar. “Yo alcancé a dar 100 millones de pesos, y siempre esperé hasta último momento a que me entregaran el apartamento, pero finalmente me tocó pedir que me devolvieran el dinero. Sin embargo, por los casi cinco años que ellos tuvieron mi dinero, no me entregaron ni siquiera un peso de interés. Jugaron con nosotros”, señaló a este medio Jainne Rozo.

En medio del proceso judicial, y antes de la decisión del Consejo de Estado de no revisar la sentencia, la Corte Constitucional seleccionó para revisión una tutela presentada por Fiduciaria Davivienda, que está a cargo de estos proyectos. Falta esperar cuál será el futuro de las edificaciones.