Justicia
En el propio búnker es capturado un fiscal por chuzar ilegalmente
Fue detenido hoy el fiscal Fabio Augusto Martínez Lugo porque habría ingresado subrepticiamente el número celular de un alto ejecutivo de una multinacional del sector energético el cual fue interceptado desde la Sala Diamante
Un nuevo giro acaba de tomar el escándalo de las chuzadas ilegales. En la mañana de este miércoles, en las instalaciones del búnker de la Fiscalía, fue capturado el fiscal 32 Especializado contra las Organizaciones Criminales, Fabio Augusto Martínez Lugo. Al funcionario judicial se le acusa de haber agregado ilegalmente el número del presidente para Latinoamérica del Grupo Enel - Codensa, quien fue espiado desde la Sala Diamante, uno de los laboratorios de alta tecnología desde los cuales las autoridades interceptan líneas teléfonicas con la debida autorización judicial de los jueces de garantías.
La captura del fiscal Martínez Lugo se dio en el marco de la investigación que se adelanta por la red de chuzadas que operaba desde Cali e Ipiales y que vincula a varios exoficiales. Uno de los enredados es Luis Carlos Gómez Góngora, quien laboraba como investigador del CTI y tenía a cargo la coordinación de la Sala Diamante en el búnker. Gómez fue detenido en diciembre pasado y enviado a prisión como presunto responsable de haber realizado chuzadas, de manera ilegal, a pilotos miembros de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) mientras se adelantaban las negociaciones colectivas con la empresa Avianca.
"Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el funcionario judicial justificó las interceptaciones con información privilegiada que correspondía a otros procesos investigativos e indujo al error a los jueces de control de garantías que avalaron esos procedimientos", dijo la Fiscalía a través de un comunicado.
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La fiscalía descubrió el vínculo entre Martínez Lugo y Gómez Góngora al hacer una inspección profunda de la información preliminar obtenida sobre el escándalo de las chuzadas a los miembros de Acdac. Dentro de ese proceso se obtuvo el computador personal de María Alicia Pinzón –la señalada hacker– quien desde el sur del país jugó un papel clave dentro de la organización criminal. Los investigadores cruzaron las carpetas halladas en el computador de la hacker con los números que se estaban interceptando desde la Sala Diamante. Así salió a flote el número del ejecutivo para el cual no existía orden judicial de monitoreo.
También llamó la atención de los investigadores que el fiscal Martínez Lugo fue quien envió la documentación requerida para emprender las chuzadas contra los aviadores sindicalizados. El hasta hoy fiscal permanece detenido en el búnker aguardando el arribo de su abogado de confianza. Desde ya se señala que estaría considerando la posibilidad de negociar a fin de obtener algún beneficio de cara al proceso penal que afrontará.
Será imputado por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de comunicaciones.
Por su parte, Gómez Góngora será imputado por estos nuevos hechos. Este exfuncionario del CTI se negó a firmar un principio de oportunidad por estar en alto riesgo. Asegura que ha recibido amenzas de muerte en su sitio de reclusión.
En una audiencia que se llevó a cabo en los juzgados de Paloquemao, la Fiscalía le negó Gómez Góngora la posibilidad de cerrar un preacuerdo. En consecuencia, el ex coordinador de la Sala Diamante aceptó los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y falsedad ideológica en documento público. La Fiscalía pidió que sea condenado a 6 años de cárcel. Ante el nuevo lío judicial que se le avecina no se descarta que continúen los acercamientos de Gómez con la Fiscalía.
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Meses atrás, cuando se dio la captura de Gómez Gongora el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, explicó que “Eran interceptaciones ilegales so pretexto de investigar un caso de desplazamiento forzado”, por el cual “interceptaron por 30 días al jefe de seguridad aérea de Acdac”
En ese momento el fiscal general también señaló que había otros 1.200 casos relacionados con estas chuzadas, y que se estaban llevando a cabo auditorías a las 80 salas de la Fiscalía y de las fuerzas que cuentan con autorización para interceptar. El dato, revelado por el propio fiscal general, no es menos que impactante.
