Nación
Excongresista de La Guajira a juicio ante la Corte Suprema de Justicia por presunta compra de votos
La excongresista María Cristina Soto tiene que responder por los delitos de corrupción al sufragante, falsedad en documento privado y fraude procesal.
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la acusación en contra de la exrepresentante a la Cámara por La Guajira, María Cristina Soto de Gómez, del Partido Conservador, por los delitos de corrupción al sufragante, falsedad en documento privado y fraude procesal.
Lo particular de este caso es que Soto es la mamá del actual representante a la Cámara Juan Loreto Gómez, quien ha brillado por los múltiples escándalos que han acompañado su gestión. El año pasado, la Procuraduría le abrió una indagación, por la presunta conducta disciplinaria en que pudo incurrir por el hallazgo en Maicao, La Guajira, de más 175 cartuchos de munición en el vehículo que tiene asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Volviendo al caso de la exrepresentante Soto de Gómez, la Sala de Instrucción decidió acusarla “de condiciones civiles y personales conocidas en el proceso, como coautora de los delitos de corrupción de sufragante en modalidad continuada, falsedad en documento privado y fraude procesal, en concurso; en concurrencia con la causal de mayor punibilidad prevista en el artículo 58, numerales 9 y 10 de la Ley 599 de 2000, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”.
El caso contra la excongresista del Partido Conservador arrancó en la Fiscalía Tercera Seccional de Patrimonio Económico de Riohacha, La Guajira, después de que una fuente anónima advirtió irregularidades con presunta de votos dentro de su campaña para la Cámara de Representantes en el período 2018-2022.
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El proceso que lleva el magistrado César Augusto Reyes, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, tiene relación con las irregularidades que habrían dejado dicha contienda electoral con líderes políticos de la región vinculados para que consiguieran votos a para su campaña. Al parecer, la exrepresentante habría pactado pagos para crear una supuesta red de compra de votos.
El caso es muy similar al de la condenada excongresista por el Atlántico, Aida Merlano, quien habría creado un centro de corrupción para comprar votos en una sede conocida como ‘Casa Blanca’ en Barranquilla. Por esos hechos, también terminó salpicado el expresidente del Senado, Arturo Char, de Cambio Radical, quien sigue detenido en un batallón militar mientras avanza su proceso por presunto concierto para delinquir y compra de votos.
En el caso de la exrepresentante María Cristina Soto de Gómez, la Corte también investiga la presunta entrega de información falsa que habría hecho a autoridades electorales sobre los gastos e ingresos que tuvo su campaña, como al Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional.
Con este nuevo paso en el proceso de la excongresista, la Sala de Instrucción decidió precluir la investigación que avanzaba en su contra por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. Mientras que los otros tres delitos mencionados se mantienen en pie y son la piedra angular para llevar a juicio a Soto.
María Cristina Soto tendrá que enfrentarse al delito de concierto para delinquir porque, para la Corte, acordó con varios líderes sociales y políticos de La Guajira para atentar contra los mecanismos de participación democrática, a cambio de salir elegida. En ese proceso salieron mencionados varios líderes como: Simón López Martínez, Ades Alberto Aramendis Gómez, Joel Blanchar Plata, Blas Antonio Quintero Mendoza y otros más.
En cuanto al delito de corrupción al sufragante, el alto tribunal específico que para finales del año 2017, la excongresista por La Guajira le habría entregado dinero a varias personas influyentes de la región para que repartieran entre los electores, con el propósito de comprometerlos con su voto a favor.
Mientras que la falsedad en documento privado tiene relación con la información que le entregó al Fondo de Financiación Política del CNE sobre la financiación de su campaña electoral. “La información suministrada, con el aval de la gerente y contadora de la campaña, podría haber consignado en el formulario 5.2B contribuciones y donaciones en dinero, como las realizadas por el propio esposo de la entonces candidata, así como por el señor Joel Blanchar y la señora Yolima María Silva Brito, en el caso de los dos últimos, donaciones por 16 y 20 millones de pesos respectivamente, sin que al parecer esas situaciones resulten compatibles con la realidad”, detalló la acusación que ya tiene lista la Corte Suprema.
