En Ituango quieren verdaderas soluciones ante crisis por violencia rural

El norte de Antioquia parece la tierra de nadie. Municipios como Ituango y Briceño, antes la guarida del frente 18 de las Farc, está bajo el asedio de las disidencias de la desmovilizada guerrilla, el Clan del Golfo y grupos ilegales que llegan desde el Bajo Cauca y el Valle de Aburrá, así impera la ley del más violento y las comunidades quedan a merced de las balas y la violencia. Ahora, en el casco urbano de Ituango, hay 309 familias refugiadas a las que les dieron diez minutos para abandonar la tierra o podían perder sus vidas.

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Las familias, ahora envueltas en las espirales de violencia que conocen y que ya han visto terminar en masacres, prefieren no hablar y solo señalan un gran problema: el año pasado también tuvieron que huir por amenazas, las autoridades prometieron presencia en el territorio, pero ahí están de nuevo: pasando frío y necesidades en el municipio. Son habitantes de las veredas Quebrada del medio, Sauces, La Miranda, San Isidro, Las Arañas y El Cedral. En total: 863 personas —según censo del Concejo municipal— despojadas.

Ahora, la Unidad para las Víctimas activó la ruta de atención. Sin embargo, todo parece muy lentos, pues la Unidad reportó que las ayudas para el albergue llegarán entre jueves y viernes, y los ciudadanos están refugiados desde el domingo. “Luego, entraremos a apoyar con la alimentación y gestionar con cooperación internacional si resulta necesario”, dijo Wilson Córdoba Mena, director de la entidad en Antioquia, al periódico El Colombiano.

Luis Fernando Suárez, secretario de Gobierno de Antioquia, quien este lunes visitó Ituango, aseguró que las autoridades están dando “las condiciones para su regreso voluntario a sus territorios, pero está toda la disposición de nuestra fuerza pública, de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Ituango, para generar las condiciones y que esos pobladores puedan regresar”.

Pero el problema no es regresar, el problema es permanecer. Ya los pobladores de Ituango, cercanos al nudo de Paramillo y las salidas que tienen los grupos armados al río Atrato o al río Cauca, saben que cualquiera puede llegar a amenazarlos con el poder de los fusiles.

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Y este no es el único desplazamiento que se vive en el municipio, semanas atrás 120 personas, entre ellas 89 exguerrilleros que viven en el ETCR Santa Rita, dieron a conocer que  estaban amenazados. En su momento, Pastor Alape dijo: “Los compañeros decidieron que la mayoría de la comunidad en proceso de reincorporación se va a trasladar porque no hay seguridad para la vida porque cada vez se siente más compleja la situación por las amenazas, la presión y la muerte que ronda”.

Y es que en dos años han sido asesinados doce excombatientes de las Farc, lo que tiene preocupada a toda la comunidad, por lo que algunos decidieron que abandonarán el territorio y buscarán otro lugar para continuar con su proceso de reincorporación a la vida civil. La situación ha sido tan difícil que algunos campesinos han denunciado que los grupos armados pretenden carnetizar a los pobladores para tener control de quién entra y sale de las veredas.

En ese momento, Edwin Mauricio Mira, alcalde del municipio, le dijo a SEMANA: “Ituango, por su topografía y ubicación geográfica, por sus zonas boscosas, va a ser carne de cañón para los grupos ilícitos, eso lo deben entender las Farc porque ellos vivieron acá muchos años. El Gobierno les entregó un espacio para su cuidado y el Gobierno no puede poner soldado por reinsertado. Si ellos se van a salir de la zona, una vez se salga quedan a merced de los violentos. Eso ha pasado, y como los violentos buscan volver a ese espacio, atentan contra la vida de los excombatientes". 

Parece que no hay soluciones definitivas para nadie: ni para la comunidad ni para los excombatientes, todos están a merced de la autoridad de los violentos. Todos se pregunta dónde está el Gobierno nacional.