En la cárcel seguirá el patrullero implicado en el asesinato de Javier Ordóñez

La solicitud por vencimiento de términos que interpuso la defensa del patrullero Harby Damián Rodríguez, judicializado por el asesinato del estudiante de derecho Javier Ordóñez, no fue acogida en muy buenos términos por la representación de víctimas, tras considerar que se trata de una estrategia dilatoria para evitar lo que ellos mismos habían planteado, un acuerdo con la Fiscalía.

Lo que advierten las víctimas es que los dos patrulleros implicados en el asesinato de Javier Ordóñez –Juan Camilo Lloreda y Harby Rodríguez– le propusieron a la Fiscalía llegar a un acuerdo para aceptar responsabilidad a cambio de obtener una rebaja considerable de la pena. Así ocurrió con el patrullero Lloreda, que después de aceptar su responsabilidad en una declaración, a modo de confesión, fue condenado a 20 años de prisión.

Luego de conocer su condena, nacida del preacuerdo con la Fiscalía, el patrullero de Lloreda y su defensa decidieron apelar su propia aceptación de cargos y oponerse a la condena que habían pactado en esa negociación con el ente acusador. El patrullero Rodríguez trató de alcanzar un acuerdo con el ente acusador y así estuvieron por varios meses; sin embargo, y de acuerdo con las víctimas, esa fue justamente su estrategia de dilación.

“Pero en ningún momento la defensa del señor Harvey Rodríguez en realidad quería realizar ese preacuerdo. Lo que ellos querían hacer era dilatar el proceso como lo hicieron por más de 90 días. ¿Para qué? Para realizar la solicitud de la libertad por vencimiento de términos, que es lo que están haciendo en este momento”, señalaron los familiares de la víctima, de Javier Ordóñez.

La representación de víctimas se opondrá a la solicitud de libertad por vencimiento de términos, tras considerar que hubo un engaño a las partes en el proceso y a la justicia, pues mientras se creía que estaban buscando una forma de reconocer su responsabilidad, al parecer estaban ganando tiempo para pedir el vencimiento de términos.

“Entonces, son 90 días los que están en juego, 90 días donde los abogados defensores dicen que cuentan a favor de ellos; lógicamente, la representación de la víctima se opone porque los abogados defensores lo que quieren hacer con estas dilaciones dentro del proceso es engañar a la justicia”, explicaron los familiares de la víctima.

La defensa del patrullero aseguró ante el juez de control de garantías que pasó el tiempo y la Fiscalía no logró arrancar con el juicio en contra de su cliente y, por tanto, de acuerdo con la ley, los términos se vencieron y procede la libertad. El juez escuchó los argumentos de la defensa e hizo los cálculos que estaban en la lista, los tiempos para acceder a la libertad y concluyó que no era posible otorgar ese beneficio.

Vadhir Gómez, abogado de la familia Ordóñez, aseguró que luego de largas reuniones con los abogados de los dos uniformados implicados, finalmente fue la defensa de Lloreda la que firmó el preacuerdo con la Fiscalía para aceptar su responsabilidad a cambio de una rebaja sustancial de la pena.

“El objetivo era llegar a una negociación en la que todas las partes estuviesen de acuerdo y, finalmente, después de verificar los delitos, el material probatorio, subir el monto de la pena, bajar otro tanto, llegamos a la determinación y al acuerdo de que 20 años es una condena suficiente para buscar una reparación a las víctimas“, dijo el abogado Gómez.

Así las cosas, el proceso seguirá su curso normal, mientras la Fiscalía concreta las pruebas que esperan demostrar la responsabilidad de los patrulleros en el asesinato de Javier Ordóñez, y así obtener una condena en su contra.