En la votación de la JEP, Senado le hace ‘conejo’ al fiscal

Aunque el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, puede considerarse uno de los vencedores del primer debate de la ley que fija las condiciones de la Jurisdicción Especial de Paz, el Congreso aprobó el texto de la futura norma sin una de sus principales exigencias.

Este lunes era el día señalado para la JEP. Aunque ya se habían aprobado 118 de los 160 artículos del texto, estaba previsto abordar los nueve artículos a los que el fiscal Martínez les hizo serias observaciones, y en los que propuso una nueva redacción, o en su defecto eliminarlos de la futura ley.

La semana pasada, el Gobierno, los congresistas ponentes y el fiscal general llegaron a un acuerdo para adelantar las modificaciones sugeridas, y de esa forma desempantanar la aprobación del proyecto que el Ejecutivo reclama con urgencia, entre otras, para que la JEP pudiera entrar en funcionamiento, más aún cuando ya se escogieron los 51 magistrados que la conforman.

Tal acuerdo fue sometido a consideración de las comisiones primeras de Senado y Cámara, donde por mayorías fueron aprobadas ocho de las nueve proposiciones sugeridas por el fiscal general. Hasta ahí Néstor Humberto Martínez podría cantar victoria.

Entre otras porque consiguió que se modificara el proyecto del Gobierno para definir los límites entre la justicia ordinaria y la justicia transicional, y consiguió mantener la competencia de la Fiscalía para investigar los bienes ocultos de las Farc, uno de sus principales caballitos de batalla después de que se produjo la desmovilización de la guerrilla.

Las principales exigencias del fiscal general para darle un espaldarazo a la JEP, al menos por ahora, se concentraban en que testaferros, aquellos terceros que no están en los listados de las Farc, que oculten o no denuncien la existencia de bienes, perderán los beneficios del sistema transicional de justicia.

También los perderán aquellos desmovilizados que sean propietarios de esos bienes y que se estén usufructuando de ellos. El Congreso determinó que eso sería una falta al compromiso de la verdad por lo que debe ser retirado de la JEP.

Otra de las preocupaciones del fiscal general tenía que ver con el tratamiento a los desertores. En principio el Gobierno contemplaba para estos disidentes la máxima sanción de la justicia transicional, cárcel de 20 años, pero las mayorías en Senado y Cámara decidieron que deben perder los beneficios de la JEP y ser competencia de la justicia ordinaria.

Si los desertores que inicialmente se acogieron a la JEP se van a un grupo rebelde, pierden los beneficios y salen del sistema. Pero si esos desertores se van, no a constituir una organización rebelde, sino a conformar o hacer parte de una banda criminal, también pierden los beneficios y serán juzgados por la justicia ordinaria. En estos casos la Fiscalía los investigará, pero no solo por lo que hicieron después de desertar, sino por todos los delitos que hubieran cometido antes de 1 de diciembre de 2016, que es la fecha que se acordó en La Habana como corte de cuentas.   

Aunque las recomendaciones fueron acogidas, Iván Cepeda, senador del Polo Democrático presentó una constancia para advertir que las sugerencias del fiscal eran inviables y pondrían en riesgo el sistema transicional de justicia.

Voces de Paz, quienes vigilan que lo que apruebe el Congreso esté en sintonía con el texto del acuerdo firmado en el Teatro Colón, también se opusieron. Jairo Estrada, uno de sus voceros, aseguró que se estaba renegociando el acuerdo de paz. “El espíritu de la jurisdicción especial para la paz no puede ser revisado y afectado sensiblemente cuando de por medio hay otro tipo de discusiones”.

Pero el fiscal general,  Néstor Humberto Martínez, no pudo hacer moñona. También le había pedido al Gobierno y a los ponentes eliminar un artículo del texto, el 98, que fijaba reglas especiales y transitorias que le permitía a la JEP iniciar algunas de sus funciones.

Ese artículo tenía una polémica disposición que habilitaba a los jueces de la JEP limitar derechos fundamentales para la práctica de pruebas. Para algunos congresistas debía eliminarse este artículo, como lo pidió el fiscal. Roy Barreras (La U), en cambio, consideró que sin ese artículo la JEP quedaría “castrada”: “eliminar toda la transitoriedad de las facultades de la JEP hasta que se apruebe el reglamento, impedirá operar. Si eso pasa la situación jurídica de muchos militares quedaría en un limbo, tendrían que volver a prisión”.

Aunque la Cámara de Representantes respaldó la petición del fiscal general, el Senado no la acogió. Por esa razón el polémico artículo 98 fue votado como lo proponía el Gobierno.

“Nos dijeron que había un acuerdo con el fiscal general y aquí se le ha hecho conejo a este acuerdo”, sentenció el representante conservador, Heriberto Sanabria, quien dijo que en esas condiciones su partido no seguiría apoyando el proyecto.

Guillermo Rivera, ministro del Interior, atribuyó el hecho a que en el Senado no se alcanzaron los votos, pero que el Gobierno no ha incumplido con la palabra que le dio al fiscal. Por eso se comprometió a que en los debates de plenarias, no se eliminará el artículo, como lo sugiere Martínez, sino que se acordará una nueva redacción para determinar un régimen de transición y de procedimiento que deje satisfecho al Congreso y al propio fiscal general.

Se esperaba que Cambio Radical, el partido de Germán Vargas Lleras, acompañara las iniciativas del fiscal. Eso no se produjo. Los congresistas de este partido brillaron por su ausencia en el debate, solo el representante Carlos Abraham Jiménez participó presentando modificaciones al texto (ninguna fue acogida). En últimas Cambio Radical no participó de las votaciones, al igual que el Centro Democrático. La JEP se aprobó sin el respaldo de estos partidos.