¿En manos de quiénes está la Universidad Distrital?, estos son los cuestionamientos que tienen algunos de los directivos de la entidad

Como una bola de nieve crecen los escándalos que rodean a quienes están en la cabeza de la Universidad Distrital, la institución pública que se financia con los recursos de los bogotanos. SEMANA conoció que en el Concejo de Bogotá se preparan para realizar debates políticos a los directivos de la universidad. Recientemente aprobaron la proposición de la Concejal María Victoria Vargas para citar al rector Giovanny Tarazona y al delegado de la Secretaria de Educación, ya que esta última entidad tiene asiento en el Consejo Superior de la Universidad.

Muchos de los que están al interior de la institución educativa piden a todos los entes de control intervenir con urgencia a la universidad, pues aseguran que, desde allí, se estaría haciendo un festín político con la plata de la educación. Al parecer, se estarían repartiendo cargos a conveniencia, para que entre amigos no solo manejen los recursos, sino que se califiquen entre ellos para ganar más puntos como docentes y por ende ganar más dinero.

No tiene explicación que varios de los nombrados por Wilman Muños, condenado por el desfalco de más de 12 mil millones, estén ahora en cargos directivos y sean miembros del consejo Superior. Es el caso de Giovanny Tarazona, rector de la institución desde el primero de diciembre del 2021 y quien entregaría su cargo en 2025.

Según Wilman Muñoz, cuando Tarazona era docente de planta de la facultad de ingeniería se encargaba de buscar votos en la campaña del rector de la época y pedía plata al (Idexud) de forma irregular, incluso cuando Muñoz prendió el ventilador entregó a la Fiscalía información detallada de cuánto, cómo y dónde le dio dinero al que hoy es rector de la Distrital.

En los documentos a los que tuvo acceso semana se lee: “para los días comprendidos durante la segunda semana del mes de agosto de 2017, el profesor Tarazona me busca en mi despacho para concretar lo de la campaña del rector, reunión que se da el 8 de agosto de 2017 sobre las 5 y 30 de la tarde, en esta le hago entrega de $15.000.000 para este asunto, los cuales se pueden acreditar con el mensaje de WhatsApp de fecha 8 de agosto de 2017 y con el cheque cobrado el 2 de agosto de 2017 Nº 10915 por valor de 30 millones de pesos, de los cuales, le entregué 15 millones al profesor Tarazona en mi oficina entregada en el edificio UGI piso 8″.

Pero no solo eso, al parecer según el relato que hace Muñoz a la Fiscalía Tarazona cobraría coimas, de hasta el 10 % por contratos: “La coima era equivalente al 10% del valor total del contrato, valor que sería cobrado a través de cuentas de cobro por el alquiler de las camionetas, conforme al contrato, servicio que nunca se prestó efectivamente”, refiriéndose a un contrato suscrito entre el Idexud la Gobernación de Santander en 2018.

Muñoz también manifestó que el nuevo rector de la Distrital, Giovanny Tarazona, firmó contratos con la Gobernación de Norte de Santander justo el último día de la ley de garantías: “Ese proyecto no pasó por el comité de extensión y el porcentaje de beneficio para la universidad fue menor al 12 %”.

Tarazona fue nombrado recientemente en un escándalo de presunto tráfico de influencias, conflicto de intereses, entre otras posibles violaciones a la norma. La Concejal Victoria Vargas denunció que la esposa de Tarazona la señora Andrea Rodríguez, quien es docente de la institución tiene uno de los salarios más altos por cuenta de los puntos que ha ganado tras las calificaciones de sus superiores, Entre más puntos tenga, más ganancias recibe, según lo plantado en los estatutos universitarios. Lo irregular en esto sería que la persona que la evalúa ha sido socio durante años y amigo personal del rector y su esposa.

Revisando registros en Cámara y Comercio se encontró que Giovanny Tarazona, era socio, hasta hace unas semanas, de Javier Parra, y Carlos Tuta, al primero cuando Tarazona llegó a la rectoría lo nombró decano de la facultad tecnológica y al segundo Tesorero de la institución. Parra a su vez es el encargado de evaluar a la esposa del rector, " por eso es que en los últimos años el ingreso que devenga la señora se incrementó notablemente”, señala uno de los denunciantes que prefiere mantener en reserva su identidad por temor a represalias.

Por su parte, Carlos Alberto Tuta es el actual tesorero de la institución, desde el 23 de abril de 2022, él habría omitido algunas de sus obligaciones para posiblemente favorecer a los amigos del rector y fichas claves dentro del manejo administrativo. Desde su cargó él debió ejecutar una orden de embargo en contra de Elverth Santos Romero, vicerrector administrativo y financiero nombrado por Tarazona. Santos fue diputado de la Asamblea del Atlántico hace algunos años y mientras trabajaba en la Distrital por orden de un juez en un proceso civil que comprometía más de 350 millones de pesos, la universidad tenía que retener parte del salario, pero Tuta, le habría “dado manejo a la situación”, mientras Santos pagaba en tiempo récord millonaria deuda.

En un informe preliminar de la Contraloría de Bogotá entregado a mediados de 2024 se advierte que se encontraron presuntas irregularidades e inconsistencias en los estados financieros que involucrarían a las dependencias que están a cargo de Elverth Santos, Carlos Alberto Tuta y al jefe de contabilidad, Ernesto Suastequi, este último también nombrado por el actual rector.

Según manifiestan varios funcionaros de la universidad los cargos de la institución son feriados con intereses políticos, uno de los cargos entregados por compromisos de esta índole, sería el de la vicerrectora académica Mirna Jiron Popova quien no cumpliría con los requisitos para ocupar el cargo. Durante años la normativa de la universidad exigía que tendría que ser colombiana, solo un documento reciente la exime de tal requisito. Sin embargo, ella también ha estado como rectora encargada y para tal fin debe tener nacionalidad colombiana. Jiron es nicaragüense y aunque lleva varias décadas viviendo en Colombia, el país no le ha otorgado la nacionalidad. SEMANA verificó la información con la una fuente de la Registraduría, quien de manera extraoficial señaló que: “Su nombre no aparece en la base de datos, y si tiene cédula de extranjería es porque no ha cumplido con los requisitos para optar por la nacionalidad”.

Otro de los cuestionados es el actual secretario general, el abogado Camilo Bustos, quien ha sido nombrado desde la época en la que el condenado Wilman Muñoz prendió el ventilador. Él, quién hoy en día defiende jurídicamente a la institución educativa habría sido el encargado de concretar reuniones con la congresista Olga Lucia Velásquez, quien según el testimonio que reposa en la Fiscalía, pedía puestos en la universidad a cambió de respaldo político en las elecciones de rector, como lo consta varias conversaciones, presentadas como material probatorio.

Algunos de los que deberían ejercer control político, miembros del Consejo Superior Universitario, también están cuestionados. Como en el caso de José Manuel Flórez Pérez, él es representante de los docentes. Cuando el condenado por corrupción Wilman Muñoz, entregó detalles de quienes conocían cómo se manejaba todo de manera irregular y que además se habrían beneficiado de esto, nombró a Flores dijo textualmente: “José Manuel Flórez Pérez, profesor de la facultad de ciencias de la educación; quien jugó un papel importante en la elección del rector García Duarte. Este recibió 40 millones de pesos en efectivo según él para la campaña del rector, los cuales fueron entregados por el suscrito al profesor en dos ocasiones en mi oficina ubicada en el piso 8 del edificio UGI -Dirección del Idexud- para ello retiré mediante cheque Nº 10913 el 19 de julio de 2017, la suma de 20 millones de pesos y 20 millones de pesos más”.

Flórez, habría sido intermediario entre la universidad y políticos con la intensión de feriar puestos. Entre los chats suministrados por el condenado hay algunos con Flórez, en los que él le pide hojas de vida de las que habría entregado la congresista Olga Lucia Velásquez y con ellas suplir vacantes. Como se lee en la conversación del 21 de enero de 2018: “Wilmancito, buenas noches. Necesito comunicarme urgente para que me dé unas hojas de vida de Olga Lucía? Mañana Urgente… Necesito una chica para asistente”. A lo que Wilman responde: “Sí, claro que sí, las tengo listas”, y Flórez agrega: “Una persona para sistemas”.

Este medio habló en su momento con el profesor Flórez, quien aseguró que probablemente estaba preguntando era por la base de datos de postulantes varios, pero que en ningún momento participó de hechos irregulares; indica que es un académico, que incluso se preparó en el exterior y que trabaja por sacar adelante la educación superior en Colombia.

Es una respuesta similar a la que entrega el resto de directivos de la institución educativa quienes al ser consultados indican que están siendo víctimas del complot de unos pocos que quieren marchar su buen nombre y que finalmente las instituciones no han dado veredictos en su contra.

“Yo creo que antes de intervenir, lo más importante es que los organismos de control como la Fiscalía, la Procuraduría la personería y la Contraloría de Bogotá, produzcan resultados sobre todas esas investigaciones que de tiempo atrás hemos venido denunciando”, dice la concejal María Eugenia Vargas. Mientras decenas de estudiantes aseguran realizar manifestaciones hasta que se esclarezca la situación.

“No estamos dispuestos a que unos pocos se sigan enriqueciendo a costa de la educación de los menos favorecidos”, dijo uno de los líderes estudiantiles.