En menos de tres meses, más de 15.000 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado por la violencia: Defensoría

La Defensoría del Pueblo lanzó una nueva alerta por cuenta de la difícil situación en materia de desplazamiento forzado que viven miles de personas en Colombia. Durante julio, agosto y septiembre pasados ocurrieron 21 casos de desplazamiento forzado que obligaron a 15.644 personas a abandonar sus viviendas por acciones violentas de grupos armados ilegales en diferentes regiones del país, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al presentar el informe del tercer trimestre de 2021 sobre este fenómeno.

“Un total de 5.266 familias fueron víctimas de desplazamiento forzado en 12 municipios de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca. Como Defensoría del Pueblo trabajamos para que estas personas sean atendidas, se respeten sus derechos y puedan retornar a sus territorios”, indicó Carlos Camargo.

El panorama es preocupante. Según el reporte, las cifras son escalofriantes. En comparación con el mismo trimestre (julio, agosto y septiembre) del 2020, en 2021 se incrementó un 213 % el número de familias afectadas (se pasó de 1.682 a 5.266) y en un 107 % el de personas (de 7.542 a 15.644).

Los desplazamientos ocurrieron en los municipios de Ituango y Peque (Antioquia); Montecristo (Bolívar); Santander de Quilichao y Argelia (Cauca); Nuquí, Lloró y Medio San Juan (Chocó); Magüí Payán y Tumaco (Nariño), Cúcuta (Norte de Santander) y Buenaventura (Valle del Cauca). Entre las víctimas están 8 comunidades afro y 4 indígenas.

Según el balance que entrega la Defensoría del Pueblo, en el mismo lapso, las acciones de las organizaciones armadas impidieron la movilidad de 10.065 personas, que integran 2.454 familias de 38 comunidades, las cuales debieron permanecer confinadas ante el temor de afectaciones a su vida e integridad. Ocurrieron 14 hechos en Caloto (Cauca); Acandí, Alto Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Medio San Juan y Nuquí (Chocó); Tumaco (Nariño); Puerto Leguízamo (Putumayo) y Buenaventura (Valle del Cauca).

De manera particular, durante el mes de julio de este año se observó que el Pacífico seguía siendo el epicentro de la disputa territorial armada para resguardar las actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal, situaciones que hacen que persistan las dinámicas de riesgo de desplazamiento y/o confinamiento, de desplazamiento masivo forzado y de confinamiento forzado.

Pero eso no es todo. Para el mes de agosto, la Defensoría del Pueblo observó con preocupación que la población que ha sido desplazada en los eventos masivos, en la región Pacífica del país, iba regresando a sus lugares de origen sin el acompañamiento de las instituciones competentes, sin garantías de seguridad, de no repetición, de dignidad y dificultades de atención en las zonas receptoras. Las comunidades se vieron obligadas a regresar a sus territorios, para velar por sus bienes materiales, cultivos y trabajo.

“Para la Defensoría del Pueblo resulta preocupante que al finalizar el mes de septiembre se mantuvieron las causas que afectan a las comunidades, como acciones de diferentes grupos armados ilegales por el control territorial a partir de intimidación, amenazas, asesinatos, control social, retenes ilegales, combates con interposición de población civil, utilización de artefactos explosivos improvisados y enfrentamientos; generando crisis humanitarias en los territorios”, concluyó Carlos Camargo.