En Nariño, comunidades confinadas por enfrentamientos armados y amenazas

Desde hace varias semanas el departamento de Nariño vive una ola de violencia sin precedentes. Esta vez el foco se concentra en Tumaco, donde han muerto líderes y excombatientes de las Farc, como sucedió con la masacre del 5 de octubre de 2017 por la que las autoridades investigan a varios efectivos de la fuerza pública sin que se conozcan condenas. Los brotes de violencia tienen confinadas a más de 2.000 personas que viven en el Triángulo de Telembí, una subregión que comprende los municipios de Magüí Payán, Roberto Payán y Barbacoas.

Según la Secretaría de Gobierno de Nariño, se trata de 1.620 personas, es decir comunidades enteras confinadas entre el fuego cruzado, mientras decenas de familias han huido hacia Tumaco o ciudades del pacífico ecuatoriano como San Lorenzo y Esmeralda. La escalada violenta se debe a los enfrentamientos de grupos armados que disputan el territorio, entre los que están las disidencias que comandó Walter Patricio Arizala, alias Guacho, el ELN y el Clan del Golfo.

Allí están las evidentes rutas del narcotráfico que conectan al Triángulo con el Pacífico, que permiten sacar toneladas de cocaína en submarinos con dirección a aguas internacionales. Pero además esta zona es conocida por su próspera minería artesanal, tomada en buena parte desde hace una década por grupos armados.

Se estima que entre 2017 y 2018 los delincuentes ganaron más de 10.000 millones de pesos por extorsiones a los mineros de la región, a quienes les cobran entre el 10 y el 20 por ciento de las utilidades. Esta cifra ahora podría tener en disputa a diferentes facciones, como sucede en zonas como el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba. Se trata de una problemática hecha con la misma receta: rutas del narcotráfico y réditos de la minería. El dinero no es poco, pues se estima que el país produce 66 toneladas de oro, de las cuales 60 tienen una procedencia ilegal. Justo en marzo de 2019, las autoridades capturaron en el Triángulo a ocho personas que explotaban oro en Amalfi (Antioquia) y Barbacoas (Nariño), donde finalmente fundían el metal y lo sacaban por Ipiales hacia Perú y Ecuador.

La situación es tan grave que entre el miércoles 8 de enero y el miércoles 15 hubo 15 homicidios en los tres municipios del Triángulo. El fin de semana pasado aparecieron cinco cadáveres en el casco urbano de Barbacoas y en menos de 48 horas asesinaron a tres personas en Magüí Payán. Y esto es solo un eco de los combates que las comunidades campesinas han denunciado en las zonas rurales. El secretario de Gobierno de Nariño, Francisco Cerón, le dijo a SEMANA que la escalada de violencia también ha afectado a Olaya Herrera, de donde las familias no pueden salir sin arriesgar sus vidas.

El presidente Iván Duque visitó esta semana Tumaco, donde anunció su decisión de fumigar los cultivos con glifosato, idea a la que se oponía el saliente gobernador, Camilo Romero, quien encontraba respuesta en las comunidades. “Tenemos en marcha la política de ‘Ruta futuro’, que es integral y no habla de un solo mecanismo. Estamos hablando de erradicación manual, sustitución, de alternativas. Donde sea necesario se requiere aspersión con precisión y precaución, según los lineamientos de la Corte Constitucional. No tenemos una sola medida, sino la combinación de muchas. En el 2019 por primera vez frenamos el crecimiento de los cultivos”, dijo Duque. Y también prometió inversión social.

Mientras tanto, en medio de las confrontaciones están los líderes de las comunidades afro. Ellos enfrentan a los grupos armados y les impiden entrar a los territorios ancestrales, en una situación similar a la que se vive en el río Atrato, que termina en amenazas y asesinatos selectivos.