En peligro

La desgracia de Jesús mario Corrales comenzó en 1998, cuando este licenciado en Educación Rural era docente de una escuela veredal en Mesetas, Meta. Durante el gobierno Samper, su escuela fue premiada por el Plan Decenal de Educación gracias a un proyecto que Corrales bautizó como Rinconcito de Amor, una parcela en la que los estudiantes aprendían a criar cerdos, pollos, peces, terneros y codornices. Para los milicianos de las Farc, que ya veían con malos ojos el reconocimiento estatal, la copa se rebosó cuando Jesús Mario gestionó un premio para tres de sus estudiantes en un campamento escolar en el parque La Llanura, en Villavicencio: sin que él lo supiera, el premio consistió en llevar a los niños a una jornada lúdica en la base militar de Apiay. Esa fue su lápida.

La orden de abandonar el pueblo le llegó un Jueves Santo. Desde entonces empezó su procesión junto a Eloína Soto, su pareja, 20 años mayor que él, y nueve hijastros. Con ellos, otra familia igual de numerosa tuvo que huir: eran los padres de uno de los niños del paseo a la base militar.

Hoy Corrales, doña Eloína y solo uno de sus nueve hijos viven en Cartago, Valle, desde donde dirige la fundación de desplazados Nuevo Amanecer. Los demás hijastros de Jesús Mario, incluso el que es mayor que él, están en otras ciudades.

Dar con la vivienda de Corrales es muy fácil. Se debe caminar por las calles desnudas del barrio Rober Tulio Lora y subir una empinada loma invadida por la pobreza. Llegar allí no requiere dirección exacta, sino avistar la camioneta Prado blanca modelo 2011 blindada y tres hombres con chalecos antibalas y rostros foráneos que custodian su rancho. Esa escena contrasta con el techo de zinc, ladrillo desnudo y piso de cemento donde vive Corrales.

Su casa es algo así como un confesionario donde a diario se escucha el horror de la violencia en el campo. El Divino Niño y María Auxiliadora adornan un escritorio pintado de óxido. El día que lo visitó SEMANA, en la estrecha sala forrada con carteles de Redepaz, estaba Ana. En sus manos apretaba un trapo negro y una carpeta amarilla con algo que parecían escrituras. Su desgracia empezó en 1999, cuando los paramilitares llegaron a Pueblo Bonito, una vereda de Chigorodó, Antioquia.

Allí toda su familia criaba cuatro terneros, 35 cerdos, 180 gallinas, sembraban plátano y banano en una finca de 600 hectáreas, a la que llamaban La Lloreda. Pero el mundo les cayó encima cuando su cuñado Aurelio, un negro corajudo que no se traga las palabras, les reclamó a los paramilitares por los animales que se llevaban sin permiso. "Sin dudarlo, ellos sacaron una motosierra y lo picaron vivo. La cabeza la clavaron en un palo", recordó Ana.

Dos meses después regresaron por su esposo, a quien ataron de las manos y lo arrastraron hasta dejarlo sin piel; ese mismo día mataron al resto de la familia. "Quedé sola con mi hija de 6 años y un bebé en la barriga", relató. Por varias semanas vivió en la selva comiendo frutas y durmiendo sobre hojas secas de plátano, hasta que las encontró el Ejército.

La casa de Corrales es como una especie de purgatorio donde a diario llegan almas en pena, como Ana. Hasta allí hace procesión el rosario de víctimas de la violencia para registrarse en su fundación, que hoy suma 17.400 desplazados que viven en 48 municipios de 17 departamentos.

Si bien no es la más grande, la violencia parece enquistarse contra sus dirigentes, tal como ocurre con los de Urabá y Montes de María. "Sin tener la trayectoria de otras asociaciones, es una de las más golpeadas, tal vez porque opera en una región epicentro de la cooptación mafiosa", explicó Jorge Rojas, presidente de Codhes.

En efecto, de los 45 líderes asesinados en todo el país desde 2002, 15 pertenecían a Nuevo Amanecer. Ocho de esos crímenes fueron perpetrados en el norte del Valle, una región con fuerte influencia de narcos. Hoy seis líderes siguen desaparecidos, cinco heridos tras sufrir atentados y 55 de ellos huyen con sus familias por cuenta de amenazas.

Solo en Nuevo Amanecer se acompañan 3.827 procesos de Justicia y Paz y se aportan declaraciones que comprometen a narcos y paras, como Freddy Rendón Herrera, alias 'el Alemán'; Éver Velosa. alias 'HH'; Diego Montoya, alias 'Don Diego', y Salvatore Mancuso. "Tenemos reportes de 1.200 desaparecidos, de los cuales 17 son presuntos falsos positivos", dijo Corrales.

La fundación nació en enero de 2005, tras un fallido experimento del expresidente Álvaro Uribe. El 23 de diciembre de 2004, el entonces mandatario viajó hasta Ansermanuevo, Valle, para entregar a veinte familias desplazadas 500 hectáreas de tierra para que las trabajaran por cinco años para luego escriturarlas. Los predios eran del confeso narcotraficante Albeiro Monsalve, condenado en Estados Unidos.

Pero los campesinos ni siquiera lograron ingresar a las fincas Indiana, Túnez y El Edén, porque al día siguiente una hermana del mafioso ocupó a la fuerza los terrenos que aún estaban en proceso de extinción de dominio.

El revés no solo tiró por la borda el proyecto que prometía convertirse en modelo agrario, sino que dejó una estela de muertes, violaciones, atentados y amenazas contra los desplazados que reclamaban derechos sobre esas fincas. Como ironía, cuatro familias desplazadas aún siguen en esos predios, pero como agregados sin sueldo.

El primero en padecer esa violencia fue Julio César Molina, desterrado por la guerrilla en Vista Hermosa, Meta. Sicarios lo asesinaron en Ansermanuevo el 13 de mayo de 2008. Él lideraba a familias desplazadas del fallido proyecto de Uribe y que el Incoder reubicó en una finca de El Cairo, Valle. El predio también era de otro mafioso de la zona y allí ocurrieron una cadena de nuevos crímenes, entre los que se cuentan los de los hermanos Eber y Miller Cortés Vargas, en junio de ese mismo año. En octubre de 2010, las víctimas fueron una mujer, su hijo adolescente y su esposo.

El caso más reciente ocurrió en Líbano, Tolima. El pasado 26 de diciembre desaparecieron el coordinador de la Mesa de Tierras en ese departamento, José Alfonso Delgado Villamil, junto a su hermano Yon Nel y el asociado Andrés Arenas. Todos eran desplazados de las AUC en la Sierra Nevada de Santa Marta. Los tres cadáveres, hallados durante el festivo de Reyes en una quebrada del Líbano, fueron reportados por autoridades y medios locales como víctimas de la ola invernal, a pesar de que en el dictamen de Medicina Legal se lee que las muertes fueron causadas con arma de fuego.

Pese a todo ello, Jesús Mario y sus líderes siguen encabezando un proceso al que le sobran enemigos y le faltan dolientes. Por ahora, él se defiende con la camioneta blindada y los tres escoltas asignados por el gobierno, que, además de cuidarlo, muchas veces se meten la mano al bolsillo para que en su casa no falte un bocado de comida. Mientras los desplazados de su organización, al igual que los tres o cuatro millones más que hay en Colombia, siguen esperando a que el proceso de Justicia y Paz les revele la verdad sobre sus tragedias y la Ley de Víctimas y otros mecanismos legales por fin les permitan ver el nuevo amanecer que hasta ahora les ha negado la violencia.