Tercer aniversario del triunfo del No: ¿en qué cedió y en qué no el uribismo?

Hace tres años fueron 50.000 votos de diferencia los que terminaron dándole la victoria a los voceros No en el plebiscito. Ese 2 de octubre de 2016 es recordado como el día en que los colombianos rechazaron el acuerdo para acabar con la guerrilla más antigua de América Latina: las Farc. Desde entonces, es mucha agua la que ha pasado debajo del puente: Juan Manuel Santos ya no está en la Casa de Nariño y el poder lo asumió prácticamente su mayor contradictor. La guerrilla dejó las armas, se convirtió en partido político y en los territorios luce desgastada la retaila de una paz estable y duradera. Mientras tanto, quienes forjaron los acuerdos ven los toros desde la barrera y la comunidad internacional expectante ayuda a delinear el rumbo del proceso que “inspira” al mundo. 

Con una mirada retrospectiva SEMANA le cuenta cuáles son los 10 puntos en los que cedió y no cedió el uribismo, tres años después de que ganaron su batalla en las urnas. 

NO CEDEN

1. Reforma a la extradición

El margen de maniobra que tiene la Jurisdicción Especial de Paz a la hora de determinar la fecha en la que el acusado cometió el delito, trasnocha al uribismo. Más, desde que se conoció el desenlace que tuvo el proceso contra Jesús Santrich. Si bien la extradición quedó prohibida en el Acuerdo, otro gallo cantó cuando aparecieron los reincidentes pedidos por la justicia norteamericana. Aunque el mensaje en el plebiscito se redujo a que los cabecillas de las Farc se libraron de pagar condenas en Estados Unidos, el tiempo les dio argumentos a los miembros del Centro Democrático. 

Se critica la posibilidad de que bajo el amparo de la verdad los narcos se cuelen en la JEP, pero la inconformidad de fondo apunta a la facultad que hace seis meses se le ratifico a la Sección de Revisión de la JEP para que practique pruebas en el procedimiento de extradición, pues la Ley 1922 de 2018 no lo permite. De acuerdo con lo que ha argumentado el presidente y su partido, el artículo 150 de la ley estatutaria de la JEP que debe regular la norma no precisa si la justicia transicional puede o no practicar pruebas en el trámite de extradición para quienes se acogieron al acuerdo. Esto es visto como un error por los críticos que creen que se va a afectar la cooperación internacional que existe con Estados Unidos. 

Pese a las críticas, durante el trámite de la ley de procedimiento de la JEP, bajo el amparo de la Sentencia C–080 de 2018, la Corte Constitucional le reconoció nuevamente la facultad a la Sección de Revisión para que practique pruebas tal como trato de hacer con Santrich antes de que se escapara. El eje fundamental de la discusión es muy técnico, pero mientras que los defensores del acuerdo consideran que el compromiso es con las víctimas y la verdad; para el uribismo, la justicia transicional no es una excusa para que quienes traficaron se salven de la extradición. De ahí, que vean como un exabrupto solicitar evidencia que permita corroborar la comisión del delito después del 1 de diciembre de 2016.  

2. Delitos sexuales por fuera de la JEP

El uribismo sigue buscando vías para tratar de arrebatarle a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) la competencia que tienen sobre la investigación y sanción de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad en el marco del conflicto. A la iniciativa que impulsa por estos días el Ministerio de Justicia en el Congreso, no solo la antecede la propuesta que se intentó incluir durante la renegociación del plebiscito tras el triunfo del no, sino también las objeciones del presidente a la ley estatutaria de la JEP y la proposición que se intentó incluir en ese mismo articulado, tras su paso por el Congreso. Esa última vez, cuando estuvieron más cerca cantar victoria, fue la Corte la que tumbó la proposición durante la revisión constitucional que hizo de la norma. 

Aunque se ha dicho que los delitos graves, como la violencia sexual, no pueden ser objeto de indultos, amnistías o renuncia a la persecución penal, sí pueden expiarse con penas alternativas dentro de la JEP, siempre y cuando el Tribunal de Paz encuentre que los hechos guardan relación con el conflicto y eso sigue sin convencer al partido de gobierno. Por ahora, mientras avanzan las audiencias de las Farc, los agentes de Estado y civiles en la Sala de Reconocimiento de Verdad, el proyecto da tumbos en el Congreso donde este la avalancha de recusaciones pospuso otra vez la discusión. 

3. Narcotráfico como delito político conexo

El 17 de julio el presidente Iván Duque sancionó el proyecto que desconoce cualquier conexidad entre el narcotráfico, el secuestro y el delito político. Esa precisamente fue una de las banderas más agitadas por los promotores del No en el plebiscito y posteriormente incorporada en la contienda electoral. El problema, sin embargo, es que a pesar de la popularidad de la iniciativa, entre juristas y expertos en el conflicto armado, no es claro que esta sea necesaria, por un lado, y aplicable, por el otro. La razón se fundamenta en que es una interpretación y ninguna norma considera que el narcotráfico o el secuestro son amnistiables por sí mismos, y que lo que se ha amnistiado es la rebelión, que la historia reciente ha sido financiada con esas conductas.

Ahora bien, el tiempo ha permitido que el uribismo module su postura. En campaña, el candidato Duque insistió en que los miembros de las Farc que hubieran participado de narcotráfico o secuestro, independientemente de si lo hacían o no al servicio de la guerrilla, deberían perder incluso sus derechos políticos. Una vez se posesionó, señaló que el proyecto para prohibir cualquier tipo de conexidad no afectaría a la Farc, que por haber firmado un acuerdo de paz gozan de un principio de favorabilidad. Así pues, aunque el ajuste no cobija a las Farc, entorpeció cualquier acercamiento con el ELN. 

4. Reformar la JEP

Aunque la firma del acuerdo de paz en el Teatro Colón, trató de ponerle punto final a las controversias sobre la renegociación del primero –firmado en Cartagena–, su contenido aún sigue generando debates. Y no sobre cualquier tema, sino sobre las características que tendrán los juicios a miembros de la Fuerza Pública. Modificar la estructura de la Jurisdicción Especial de Paz para crear una sala especial que se encargue de juzgar exclusivamente a los miembros de la Fuerza Pública que cometieron delitos en el marco o con ocasión del conflicto, es otra de las iniciativas más importantes que hace carrera desde julio, tras la instalación de la nueva legislatura. 

Si bien la discusión no ha empezado, la ponencia ya está radicada y el proyecto está en el orden del día para definir si tiene asidero o no la propuesta del Centro Democrático de crear nuevas salas, secciones y despachos que solo investiguen y juzguen los delitos cometidos por agentes de Estado. La iniciativa incluye crear dos secciones de primera instancia, una de revisión de sentencias y una de apelación integradas por tres magistrados cada una. Estos magistrados contarían con las mismas competencias y atribuciones que los que hoy conforman la JEP y serían designados por el presidente de la República y confirmados por la plenaria del Congreso.  

5. Terceros civiles

El triunfo más importante que se anotó el uribismo durante el aterrizaje del acuerdo de paz, fue haber conseguido que la comparecencia de los terceros civiles involucrados en el conflicto, sea voluntaria. Aunque fue la Corte Constitucional el órgano que dirimió la discusión, la propuesta se gestó en el Congreso durante el trámite de la ley estatutaria que reglamenta el funcionamiento de la JEP.  

El alto tribunal fue el que determinó que el acceso forzoso de los no combatientes en el conflicto armado a la JEP anula la garantía del juez natural y el principio de legalidad. Por tanto, los terceros solo pueden concurrir de forma voluntaria a la justicia transicional como lo viene haciendo los senadores David Char y Álvaro Ashton. Este punto era uno de los principales temores de los empresarios frente al acuerdo de paz. El miedo de muchos era que la justicia de paz con un mandato tan amplio, pusiera en marcha una cacería de brujas contra empresarios que pagaron vacunas y extorsiones para poder operar en zonas de conflicto. El fallo, sin embargo, eliminó esos temores y, de hecho, la semana pasada Char se convirtió en el primer civil que participa de una audiencia de verdad. 

CEDIÓ

1. Tierras para la Farc

Aunque el acuerdo de paz no dice que el Estado debe garantizarles tierras a los excombatientes, el gobierno viene explorando vías para que esto suceda. Así las cosas, en cabeza del presidente Iván Duque se tomó la decisión de comprar la mayoría de predios donde actualmente se encuentran asentados los excombatientes de la exguerrilla, titularlos a nombre de la Agencia para la Reincorporación a fin de, más adelante, se puedan otorgar a los excombatientes.

Cerca de 16.000 millones de pesos estaría dispuesto el gobierno a invertir en la compra de las tierras. Aunque por ahora, todavía no hay certeza sobre qué Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), de los 24 existentes, permanecerá es un hecho que tendrán donde echar raíces. Mientras la discusión jurídica se aclara, lo cierto de fondo es que se resolvió en favor de las Farc una de las discusiones más álgidas que se dio en La Habana y que no habían logrado resolver con Juan Manuel Santos. 

2. Manutención de los excombatientes

Uno de los caballitos de batalla que se usó durante la campaña por el sí y el no en el plebiscito, fue el dinero que se les otorgaría a los excombatientes mientras durante el tránsito de las armas a la vida civil. Se acordó que cada excombatiente de las Farc recibirá 8 millones de pesos para invertir en un proyecto individual o colectivo, y durante 24 meses obtendrán el 90 por ciento del salario mínimo como apoyo para su sobrevivencia. Ese compromiso fue aprovechado como parte de la campaña del no, tal como lo reveló el excandidato a la alcaldía de Medellín Juan Carlos Vélez Uribe, en unas declaraciones al diario La República. 

Si bien los montos y fechas estaban sujetos a ajustes, muchos veían poco probable que ese auxilio se extendiera en un próximo gobierno, y menos, bajo la sombrilla de uno que estuvo en cabeza del no. Sin embargo, hace dos meses el Gobierno del presidente Duque decidió extender la entrega de la asignación mensual para los exintegrantes de las Farc que se acogieron al acuerdo y se encuentran en la legalidad. A fecha, el monto beneficia a 10.962 personas en proceso de reincorporación. Eso sí, quienes continúen recibiendo el 90 por ciento del salario mínimo deben cumplir con al menos dos requisitos. Uno de ellos: asistir a una de las actividades de reincorporación social y/o económica, registrada en el Sistema de Información de la ARN, dentro de los seis meses anteriores al período de desembolso. 

3. Farc en el Congreso

Aunque siempre se dijo que la participación política de las Farc sería el sapo más difícil de tragar, terminó siendo el menos traumático. Más de un año llevan los excombatientes de las Farc asistiendo a sesiones y plenarias en el Congreso sin que a la fecha se haya tratado de reversar la posibilidad que les abrió el acuerdo de hacer política al tiempo que la JEP investigan, juzga y se define el cumplimiento de las penas. 

Nunca hubo discusión sobre el hecho de que los guerrilleros tenían derecho a hacer política, pues cambiar las balas por los votos era la esencia del acuerdo, pero aceptar que hicieran ese tránsito cuando los señalados por crímenes de lesa humanidad apenas están compareciendo ante la justicia, era una concesión que los colombianos no iban a aceptar con tanta facilidad. 

Ese rechazo se vio reflejado especialmente durante la aproximación que hizo Rodrigo Londoño a la campaña electoral por la presidencia y el alto número de excombatientes que han sido asesinados. Si bien hay muchos factores que soplan en contra de la configuración del nuevo partido, lo cierto es que el uribismo en el Congreso dejó de sur su talanquera. 

4.  Reincorporación colectiva

La primera voz que se escuchó hablar de Terrepaz en La Habana, despertó el fantasma de El Caguán y de las repúblicas independientes tipo Marquetalia. Hoy, tres años después de la firma del acuerdo, aunque no se acuñó el término, ni se ejecutó bajo la propuesta inicial que hicieron las Farc, sí se puede decir, que el grupo insurgente consiguió sacar adelante su tránsito a la vida civil bajo el modelo de la reincorporación colectiva. 

Pese a los esfuerzos por limitar el tránsito de los excombatientes a una ruta individual, como ocurrió con las Autodefensas, las Farc invirtieron las cargas. Mientras el grupo insurgentó alcanzó a creer que los querían desarticular como movimiento político, el temor de muchos sectores era terminaran sin Dios ni ley como en el Caguan. El paso del tiempo y la administración de los ETCR ha servido para convencer a los detractores de sus bondades y de paso conseguir el apoyo que necesitan del gobierno para que les titule tierras. 

5. Inventarios y armas

Las armas y los inventarios de bienes que entregaron las Farc, son los otros dos argumentos que dejaron de tener eco. El primero se desmontó después de que la ONU certificó el proceso de dejación de armas y se supo que su desarme es porcentualmente el más alto que se ha registrado hasta la fecha. El segundo, volverá a encontrar asidero una vez se sapa la relación que hará la Fiscalía de los bienes que fueron embargados y no fueron incluidos en la lista que recibió el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez. 

Si bien la discusión entorno a este tema puede reventar en cualquier momento, el Centro Democrático dejó de insistir en la propuesta de modificar el decreto que dicta "disposiciones sobre la realización de un inventario de bienes y activos a disposición de las Farc” con el fin, dicen los uribistas, de “proteger” los derechos de las víctimas. La Corte Constitucional fue la encargada de dirimir esa discusión cuando resolvió que la Fiscalía es la autoridad competente para disponer de los bienes.