¿En qué consiste el “juicio político” de la minga indígena a Duque?

Desde que comenzó la minga se ha hablado de un “juicio político”, una frase que para muchos es desconocida y que para las comunidades ancestrales se enmarca en las facultades que tienen sobre sus territorios. Salió a relucir porque varios indígenas del CRIC manifestaron que este juzgamiento se le hizo al presidente Duque este lunes al no llegar a la cita que le habían reiterado en la plaza de Bolívar y en la cual quedó la imagen de la silla vacía.

El artículo 246 de la Constitución establece que los pueblos indígenas tienen la autoridad para realizar juzgamientos y sus correspondientes procesos dentro de sus territorios y en sus comunidades. Estos hechos se han evidenciado con miembros de su propia jurisdicción y generalmente conllevan penas alternativas a las contempladas en la justicia ordinaria.

El artículo dice: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.

Lo que ocurrió este lunes fue un acto simbólico en el que los indígenas dejaron una silla vacía con el nombre del presidente Duque. Fue, ante todo, un acto político en respuesta a su ausencia.

A pesar de que desde el CRIC siempre se ha hablado de un “juzgamiento político”, Hermes Pete, consejero mayor del CRIC, le dijo a SEMANA TV que este juzgamiento no era político, sino judicial, y que por lo tanto acudirán a las cortes internacionales porque consideran que “se agotaron las instancias”.

“Al no confirmar, las autoridades se reunieron en horas de la noche y decidieron hacer un juicio, no político. Un juicio por la vida, por el territorio, la paz y la democracia. Hacer claridad en que no es un juicio político, por todo lo que está aconteciendo en los territorios. ¿Por qué se habla de juicio? Porque se faculta constitucionalmente a las autoridades territoriales como jueces naturales con la declaración universal, por los convenios internacionales y por ley de origen y derecho mayor y la Constitución del año 91”, comentó Pete.

Para Johana Cortés, profesora de derecho constitucional de la Universidad del Rosario, este hecho, más allá de llevar a consecuencias judiciales concretas, se enmarca más en un hecho de consecuencias políticas. A pesar de que asegura que las exigencias de la minga son válidas y las apoya porque se ha presentado una ausencia permanente del Estado desde hace varios gobiernos, en el marco jurídico no tendría consecuencias.

Con respecto al llamado de la minga de acudir a instancias internacionales dice que primero se deberán agotar los recursos en el marco de la jurisdicción nacional para que posteriormente sí se pueda hacer este llamado a los mecanismos internacionales, una vez se haya demostrado una omisión o negligencia.

Desde el comienzo, el Gobierno ha dicho que está abierto al diálogo y ha dispuesto delegaciones, pero los indígenas han respondido que solo hablarán con el primer mandatario. Para varios altos funcionarios, si se trata de un debate político, la instancia natural debe ser el Congreso, y para ello no debe estar presente el presidente, sino que pueden ir funcionarios delegados del Gobierno.

Este juzgamiento político también le sirve a sectores de la oposición que han criticado la gestión del Gobierno. El senador Gustavo Petro y la Colombia Humana han estado apoyando constantemente los pedidos de la minga.

El juicio político ha llevado a que diferentes sectores se pronuncien. Por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe dijo: “Apoyemos la decisión presidencial de no someter la institución ni la persona del presidente al juicio político de extremistas infiltrados que abusan de la buena fe de muchos indígenas para convocar a ese juicio”.

Por su parte, el senador indígena Feliciano Valencia aseguró: “Si acudimos a la justicia ordinaria, ahí no pasa nada. Acudimos a la justicia indígena y negra para que ellos juzguen la actitud del presidente Duque e inmediatamente hagan llegar esto a la Corte Penal Internacional para que nos responda”. Y mencionó que al no atender este llamado, el presidente está irrespetando la Constitución.

En el caso del Congreso, el debate de la minga también ha generado varias posiciones. Entre ellas, una de las acciones adelantadas desde el Legislativo es que ya se aprobó una proposición que hicieron varios parlamentarios para escuchar las exigencias de la minga y poder atender sus solicitudes desde el Capitolio.

A pesar de que los indígenas tienen facultades jurisdiccionales en sus territorios, lo cierto es que por ahora este juicio contra el presidente Duque resulta más simbólico que judicial. Sin embargo, como han mencionado algunos líderes, recurrirán a instancias internacionales y no se descarta que las altas cortes del país también puedan llegar a pronunciarse sobre este hecho.